¿Los derechos de los ciudadanos británicos que viven en España estarán protegidos en el caso de un Brexit sin acuerdo?
En principio, la UE no puede dar tal garantía para los ciudadanos del Reino Unido porque depende de los estados miembros individuales, en este caso, de España.
El Acuerdo de Retirada que Theresa May negoció, que ofrecía garantías temporales para los ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE, no logró la aprobación parlamentaria británica, abriéndose el camino para un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre de 2019.
En España viven alrededor de 310.000 ciudadanos británicos – más de 300.000 registrados, y un número sin determinar de no registrados-. De los 310.000 británicos estimados que viven en España, alrededor de 65.000 son residentes y trabajan permanentemente. Alrededor de un tercio de los 310.000 son pensionistas.
Si finalmente no hubiera acuerdo será prioritario para los que quieran permanecer en nuestro país, que se registren como residentes.
Lógicamente, España será generosa respecto a los derechos de los ciudadanos del Reino Unido que vivan entre nosotros, en tanto en cuanto ese enfoque fecundo sea recíproco por el Reino Unido, por ejemplo, otorgando ambos países el estatus de residencia temporal, teniendo en cuenta que en España, los ciudadanos de «terceros países» tienen que demostrar ingresos anuales de al menos 26.000 Euros para permanecer legalmente residentes, y eso podría ser un problema para algunos pensionistas británicos después del Brexit, aun cuando España ofrece un período de gracia de 21 meses para los ciudadanos del Reino Unido, después del cual se necesitará un comprobante de residencia.
En relación al principio de libre circulación de personas entre España y el Reino Unido, si no hay acuerdo, el Reino Unido sería tratado inmediatamente por España como un “tercer país”, es decir, como un Estado no perteneciente a la UE. Por lo tanto, las reglas para los británicos en España podrían ser las mismas que para los estadounidenses o los chinos, aun cuando nuestro país ofrecerá las indicadas medidas de transición durante 21 meses después del Brexit.
Trabajar y estudiar no será lo mismo para los británicos después del Brexit ya que no estarán en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles, que pueden trasladarse fácilmente a otro país de la UE y comenzar un nuevo trabajo allí. Para los británicos, después del Brexit, habrá más burocracia y hay que tener en cuenta que la movilidad en Europa es importante para muchos trabajadores del sector privado, especialmente en el sector tecnológico. El mayor problema para los británicos puede venir para aquellos
especialistas que participan en proyectos de investigación paneuropeos y que deben poder viajar fácilmente por la UE, a menudo con poca antelación. De hecho, puede suponer, en mayor o menor medida, que los británicos puedan ser discriminados en las solicitudes de empleo con enormes implicaciones profesionales para los mismos, puesto que una de las incertidumbre que se producen hace referencia a qué calificaciones profesionales del Reino Unido serán reconocidas en España después del Brexit, y viceversa. Si no hay acuerdo, si no hay negociación, si se prescinde de la que se llevó a cabo por Theresa May, toda esta problemática de la que venimos hablando quedará claramente en el aire. Por ejemplo, a partir de 2021 los estudiantes británicos pueden encontrarse con tasas de matrícula mucho más altas, las mismas que ahora los estudiantes que no son de la UE tienen que pagar.
Un Brexit sin acuerdo puede tener también serias implicaciones respecto al cuidado de la salud, pudiendo quedar comprometida, es decir, ya no se aplicaría, la atención médica recíproca actual, compartida por el Reino Unido y la UE, además de poder quedar incrementadas las primas de los seguros de salud para los ciudadanos del Reino Unido que necesitan cobertura suficiente para vacaciones o trabajar en la UE. Los británicos podrían encontrar que su Tarjeta Europea de Seguro de Salud (EHIC), un pasaporte para tratamiento médico de emergencia, ya no es válida en España. Como consecuencia,
los británicos que viajen a España tendrán que comprar un seguro de viaje para cubrir la atención médica.
Hay que tener en cuenta que los acuerdos recíprocos de atención médica que existen en la actualidad, si no hay acuerdo, no sobrevivirán automáticamente. Otra cuestión relevante es que los pensionistas británicos que actualmente se benefician del certificado S1 (tienen derecho a la misma atención médica que los españoles), dejaría de aplicarse si no hay acuerdo.
Continuando el espinoso recorrido de un Brexit sin acuerdo, los aspectos de seguridad social y pensiones también pueden tener un diferente tratamiento.
El tratamiento fiscal del Reino Unido de las transferencias de pensiones en el extranjero podría cambiar después del Brexit. Las transferencias desde el Reino Unido a países no pertenecientes a la UE han estado sujetas a un «impuesto fiscal extranjero» del 25% desde 2017. No hay garantía de que las transferencias libres de impuestos continúen para los pensionistas del Reino Unido que viven en la UE.
Como en la UE las contribuciones a la seguridad social están coordinadas -alguien que haya trabajado en más de un estado miembro puede presentar una sola solicitud a la agencia correspondiente donde vive cuando llega a la edad de jubilación y esa agencia notifica a cualquier otro estado de la UE donde el individuo ha trabajado, y la contribución del seguro nacional que pagó allí se convierte en parte de la pensión-, esa reciprocidad desaparece en un escenario sin acuerdo.
Respecto al aumento y actualización del pago de las pensiones estatales a las personas británicas que viven en España, no queda claro si se continuarán elevando los pagos de las mismas, pues su aumento dependerá en gran medida del acuerdo reciproco que pueda existir con España respecto a esas mejoras anuales.
Finalmente, con carácter temporal y meramente preventivo, España ha elaborado unas «normas de contingencia» para minimizar los efectos de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. Dichas normas entrarán en vigor el día en que los Tratados de la Unión Europea dejen de aplicarse al Reino Unido, no haciéndolo en caso de que previamente haya entrado en vigor un acuerdo de retirada formalizado entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Se trata de medidas de carácter temporal de forma que transcurrido un plazo de dos meses desde su entrada en vigor serán suspendidas si las autoridades británicas competentes no conceden un tratamiento recíproco a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española en cada uno de los ámbitos afectados y por lo que respecta a los ciudadanos británicos en España los correspondientes básicamente al concepto de Ciudadanía: actividad temporal u ocasional , Empleo Público, Seguridad Social, Asistencia sanitaria Permisos y licencias, Acceso a la universidad, etc.
España, con acertado criterio y responsabilidad internacional, ha adoptado las medidas pertinentes hacia con los británicos en nuestro país y con el objetivo de paliar los efectos negativos de un Brexit sin acuerdo.
Como consecuencia, los derechos de los ciudadanos británicos que viven en España estarán protegidos en el caso de un Brexit sin acuerdo, en tanto en cuanto el Reino Unido, en mutua correspondencia, garantice los derechos de los ciudadanos españoles en su país, de lo contrario no sucederá.
