Que Barcelona se ha convertido en una ciudad sin ley desde que Ada Colau se hizo con las riendas de la capital es una evidencia que vienen reflejando todas las estadísticas.
La condescendencia del populismo hacia algunos comportamientos delictivos y, por contra, la nula simpatía que siente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha provocado que la delincuencia campe a sus anchas.
Es lo que tiene estar más cerca de quienes delinquen que de los encargados de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Los datos de Barcelona son llamativos y evidencian con toda su crudeza la magnitud de un problema que no se resuelve echando balones fuera ni acusando a la prensa de generar miedo, porque el miedo no lo generan los medios de comunicación, sino los criminales que desatan la violencia en las calles mientras se reduce el número de efectivos policiales.
Pero sería un ejercicio de miopía quedarse solo con la situación que se vive en Barcelona y no reparar en que, según los últimos datos disponibles, el incremento de la delincuencia se ha ido extendiendo por toda Cataluña.
Mucho tendrá que ver el hecho de que el independentismo ha instado a la insumisión civil y a la violencia callejera como estrategia para hacer frente al Estado.
Cuando se anima a desobedecer y a incumplir las leyes se crea un peligroso caldo de cultivo que es germen de la delincuencia. Entre el populismo de Colau, amiga de okupas y manteros, y el secesionismo que ha hecho bandera de la desobediencia a la ley, la inseguridad ciudadana crece de forma indefectible.
La retroalimentación de intereses entre populismo e independentismo ha derivado en un cóctel explosivo que están sufriendo en su piel los ciudadanos, víctimas de una táctica tan siniestra como intencionada de degradación de la autoridad del Estado.
