José Luis Suárez Rodríguez: «Pacto de gobernabilidad»

José Luis Suárez Rodríguez: "Pacto de gobernabilidad"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado al arbitraje del Rey, pidiendo la intervención del Monarca para que modere las apetencias de una investidura fácil que reclama Pedro Sánchez sin tener en cuenta las condiciones de “ligue” que sugiere el “morado” para la co-gobernabilidad.

“El Rey -afirma Iglesias- debería de hacer entender a todos los candidatos, y en particular al que tiene más apoyos, que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario, y que España no debería permitirse otra repetición electoral”.

Iglesias, como profesor que es de teoría política, sabe que al Jefe del Estado le corresponde una tarea de arbitraje en el funcionamiento de las instituciones. Pero él reclama esa intervención, con él que se mostró irónicamente crítico en el regalo de “Juego de Tronos” y frecuentemente menosprecia la Corona, pidiéndole ahora interesadamente la intercesión.

Efectivamente, la función arbitral no solamente es una facultad tradicional, no meramente simbólica, sino una atribución que ejerce el Rey como representante de la Monarquía parlamentaria de la nación española.

Frente a la contingente funcionalidad del Parlamento, sometido al resultado de los procesos electorales, y del Gobierno de turno, pendiente de las mayorías obtenidas en el Congreso de los Diputados, fluctuantes según los intereses partidarios y los acuerdos de cada momento, al Rey le compete una función institucionalizadora, estable en el ejercicio y de invariable neutralidad.

Como Jefe del Estado, al Rey cabe potestad de intervenir en la política de Estado, deliberando con los otros poderes, ejerciendo influencias persuasivas, derivadas de su “status” personal representativo de la soberanía nacional, y emanado consecuentemente de su “auctoritas”, permitiendo así el cumplimiento orgánico de las instituciones, según establece el articulo 62 de la Constitucion.

Porque al Rey le pertenecen, por encima de las otras instituciones, la defensa del Estado y de su Carta legal, él es “guardián constitucional”, le esta atribuido “guardar y hacer guardar la Constitución” (Art. 61,1).

En la defensa del Estado democrático y en el arbitraje de las relaciones interinstitucionales, el Rey modera, deliberando persuasivamente y, acaso, correctivamente, ante posibles negligencias, tensiones o gravedad, en situaciones de catástrofe natural, desórdenes públicos, inestabilidad política, interna o internacional, que nos afecte. Preventivamente, el Rey ejerce al arbitraje de consenso y de aliento de las instituciones del Estado de Derecho, con propuestas de paz, bienestar, entendimiento, solidaridad…

En el momento político presente, en el que el Jefe del Estado ha de proponer al Parlamento un candidato, respaldado por todos o por la mayoría suficiente de los partidos de la Cámara, el juego democrático permitirá al Rey no sólo el conocimiento, mediante deliberación y consultas, de las posturas y postulaciones de una propuesta plausible, sino que su arbitraje también se orientará en la búsqueda de soluciones ante un posible conflicto planteado por el desacuerdo de los partidos en la investidura.

No cabe duda de que Felipe VI emitirá mensajes de concordia para la consecución del necesario pacto de gobernabilidad, que es lo que la soberanía nacional y los partidos representantes en el Parlamento están insistentemente reclamando.

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