El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del Gobierno socialista de exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos para su posterior inhumación a otro lugar distinto de la cripta de la madrileña catedral de La Almudena.
A la espera de conocer los argumentos de la sentencia, cabe preguntarse si los magistrados entrarán a valorar, cuando el contenido del fallo se haga público, el derecho que asiste a cualquier familia a decidir el lugar donde dar sepultura a sus muertos.
Será interesante comprobar cómo el Supremo aborda un asunto tan delicado como éste, porque con independencia de la repercusión política y la rentabilidad electoral que el Gobierno tratará de obtener tras el pronunciamiento del tribunal, están en juego derechos tan fundamentales como el de la intimidad.
Lo conveniente, en todo caso, sería que Gobierno y familia llegaran a un acuerdo aceptable por ambas partes, porque es obvio que el derecho a una «sepultura digna», como señaló Carmen Calvo, pasa indefectiblemente por escuchar el criterio de los descendientes del dictador.
Si se acepta que los restos de Francisco Franco no podían estar en un «mausoleo de Estado» -expresión también de Carmen Calvo-, cuesta mucho entender que figuras como Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri «La Pasionaria», Lluís Companys o Largo Caballero, de cuya actividad criminal hay pruebas sobradas, disfruten de calles a modo de homenaje.
La Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero-inexplicablemente no derogada cuando el PP contaba con mayoría absoluta- no buscaba la justicia, sino que fue una revancha con efectos retroactivos.
La izquierda hizo una interpretación sectaria de la historia para que muchos de sus referentes ideológicos alcanzaran la condición de defensores de la libertad pese a que tenían las manos manchadas de sangre.
Sánchez utilizará la sentencia del Supremo como baza electoral, pero la memoria de millones de españoles es inalienable.
Franco fue un dictador, no cabe duda. Y si tiene que ser exhumado del Valle de los Caídos, los nombres de los anteriormente citados tendrían, uno a uno, que ser retirados del callejero. Por una elemental cuestión de dignidad y justicia.
