Nuestra Constitución de 1978, de manera indubitada, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Precisamente, en el ejercicio de ese derecho a la autonomía, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica pudieron en su momento acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas.
Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo se puede, por ejemplo, solucionar lo de Cataluña? Y a tal cuestión podemos responder: haciendo que se sienta a gusto en España.
Obviamente, siempre habrá en Cataluña un porcentaje de ciudadanos que quieran la independencia por mucho que se les facilite colmar sus deseos de desunión, pero será un número cada vez menor, primando a la postre la decisión de aquellos que quieran permanecer en España, entre otras razones, porque, social y económicamente, la unión de todos les asegura su estabilidad personal y hasta familiar.
Hay que tener en cuenta que los promotores y líderes políticos, los ideólogos, los empresarios y los financieros de la independencia a ultranza de Cataluña, que se intentan parapetar estérilmente en la conveniencia del diálogo para conseguir la definitiva ruptura con el resto de España, usan y manejan a su antojo como clínex desechables, a vecinos de barrio y de pequeñas localidades, bajo precio de su importe, en muchos de los casos, que, al más estilo cubano de los años 60, les han inoculado esa sustancia con gérmenes de odio malsano que ellos llaman España. Esos activistas callejeros cuya exclusiva misión es agitar, tensionar y violentar y nunca ejercer el legítimo derecho de manifestare pacíficamente, son carne de cañón de los primeros.
Si trasladamos lo anterior a una escasísima gente millonaria y deportista del catalanismo paleto, zafio y trasnochado, nos encontramos generalmente con grandes caraduras que ya ni irritan por carecer de rigor político, intelectual y hasta ciudadano. Así, el señor Guardiola, con un estilo muy andrajoso, poniendo voz a esos que precisamente prostituyen la democracia y a los que antes nos referimos, tiene el descaro, teledirigido por los que vulneran la convivencia del pueblo catalán, de lanzar a las ondas, a colación de la sentencia del procés del Tribunal Supremo, que España vive una deriva autoritaria y que se respete el derecho a la autodeterminación como se ha hecho en Quebec y Escocia.
Señor Guardiola, ilústrese al menos antes de exponer ridículamente su ignorancia: en Quebec, la Corte determinó que la separación se debía producir de forma pactada con el Estado central y con un referéndum autorizado por el Parlamento federal. En Escocia, el referéndum fue convocado a raíz de un acuerdo entre los gobiernos escocés y del Reino Unido y la decisión fue aprobada por el Parlamento británico que permitió a Londres ceder al Parlamento de Edimburgo la potestad para celebrar el mismo.
Por cierto, el señor Urkullu, también es extensible al señor Iglesias, debe recordar y sobre todo asumir como propio que la criminalización de la política solo puede conducir, como en el caso del procés, a resultados penales. Y por favor, sométase a la disciplina del silencio. España se lo reclama y exige.
Y nos seguimos preguntado: ¿Cómo nos podemos sentir todos, mujeres y hombres, a gusto en España? Y todos, somos, todos, vascos y extremeños, catalanes y madrileños, andaluces y valencianos y ese largo etcétera de nacionalidades y regiones de nuestro país.
En general, nos une mucho más de lo que nos desune y la posible separación o división que parece estar a flor de piel en España, es más aparente y ficticia que real. Buena prueba tenemos de ello cuando quedamos sobrecogidos con los incendios que arrasan nuestras tierras, desde Cataluña a Andalucía, cuando nos emociona ir a Valencia y ver como arde de otra manera el arte inigualable de los maestros falleros valencianos acogiendo y respetando con agrado su lengua, la lengua del pueblo valenciano que, secularmente, la tiene como propia, cuando, en fin, basamos nuestro patriotismo, que debe ser patrimonio de todos, en la tolerancia genuinamente compartida.
La política no puede mancillar la comprensión y la flexibilidad y corresponde a los políticos, es una de sus funciones principales, no oprimir las legítimas ambiciones de las Comunidades Autónomas impregnando de Estado a las mismas con unas reglas consensuadas que todos terminen por respetar escrupulosamente, pues no en vano el Estado es una forma de organización política y jurídica que nunca debe abandonar la población y el territorio sobre el que se asienta.
En Cataluña, lamentablemente, el Estado ha permanecido como inexistente, intentando usurpar partidariamente los políticos y líderes separatistas, siempre ha sido su objetivo, los cuatro elementos que precisamente integran el Estado: la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional.
