La exhumación y posterior reinhumación de los restos de Francisco Franco, desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, se basa en una decisión política que Pedro Sánchez convirtió en el primer anuncio de su frustrada legislatura y que después ha sido reafirmada por los tres poderes del Estado.
Pese a los legítimos intentos de la familia Franco por evitar su exhumación, lo cierto es que tanto el Gobierno como el Congreso y, finalmente, el Tribunal Supremo han avalado esa decisión ajustándose a Derecho.
Desde esa perspectiva, solo puede acatarse y respetarse la exhumación porque la legalidad se impone por encima de cuestiones ideológicas, intenciones políticas o tentaciones revanchistas.
España pasa así definitivamente una página de la historia que la izquierda mantiene abierta desde que en 2007 Rodríguez Zapatero promoviese la ley de memoria histórica, ahora ampliada por Sánchez con el único ánimo de centrarla en Franco como hito de su paso por la presidencia del Gobierno.
Es la enfermiza obsesión por sacar rédito personal al traslado de los restos del dictador lo que resulta indigno. Es la petulancia supina de Sánchez al asegurar que la exhumación completa el proceso democrático español lo que no resulta aceptable.
La democracia española, con sus virtudes y defectos, no se completa con el traslado de los huesos de Franco, porque su plenitud deviene del esfuerzo de conciliación nacional que izquierda y derecha hicieron a la muerte del dictador y que dio paso a una etapa de prosperidad encarnada en la monarquía parlamentaria que es la expresión misma de la democracia.
Aunque la izquierda haya celebrado la exhumación como un triunfo de la democracia sobre la dictadura, lo cierto es que ningún partido político respaldó este 24 de octubre de 2019 con su presencia en Mingorrubio a los nostálgicos del franquismo que acudieron a censurar su exhumación.
Es señal de que una inmensa mayoría de los españoles sí pasaron página y de que nunca, en 44 años, concibieron este episodio como una prioridad.
Ni siquiera como la resolución de una deuda moral pendiente contra el régimen de Franco, porque de eso ya se había encargado la Transición cerrando unas heridas que si ahora se han reabierto es por un interés de la izquierda en provocar fracturas en la sociedad.
Hace mucho que España dejó de ser franquista o antifranquista. Porque, en efecto, hace mucho que España apostó por fórmulas democráticas ejemplares y modélicas para regir su futuro.
A tenor de las encuestas, los españoles no parecen querer anclarse en una concepción sesgada, divisora y conflictiva de la memoria histórica. Prefieren -y necesitan- mirar al futuro. La exhumación de Franco se ha producido en plena precampaña electoral, y a partir de ahora seguir saldando cuentas con el pasado carece de lógica política.
Además, es evidente que tras el acto de ayer subyace un notorio interés electoralista del PSOE. La prueba más sólida es la división en la izquierda al respecto y, en concreto, la indignación de Unidas Podemos con el interés propagandístico de los socialistas. El dato objetivo es que España afronta unas elecciones esenciales marcadas por la fragmentación política, la amenaza de una profunda crisis económica y un sistemático bloqueo institucional.
Eso es lo verdaderamente preocupante. Franco, en el Valle de los Caídos o en Mingorrubio, es pasado desde hace tiempo.
