Es lógico que los chicos de la gasolina y sus mandantes sean dueños de la calle, de los despachos, de las Universidades y de los edificios públicos porque la sentencia contra los golpistas ha sido tan laxa y calculada que ahora muchos más querrán pasar a los libros de historia, sentirse reconocidos y admirados por los suyos, y gozar de salarios públicos mientras vivan, sabiendo que todo eso solo cuesta un año de prisión preventiva en cárceles cercanas a la Audiencia Nacional, otro más en hoteles de la Generalitat con entrada libre, y el resto en régimen abierto y en casa.
El día que la política (la de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón vay Miquel Iceta Llorens) entró por la puerta de la sala del juicio, se cumplió el viejo aforismo y la Justicia salió por la ventana. Es lo que ha traído una sentencia injusta que empezó con la orden a la Abogacía del Estado de considerar sedición lo que fue una rebelión, continuo dando más valor a las declaraciones de un testigo independentista implicado, Artur Mas i Gavarró, y a otro nacionalista, Iñigo Urkullo Renteria, que a la valoración de pruebas y a lo que afirmaron muchos de entre los cerca de 600 que desfilaron ante el tribunal: “hubo violencia y se utilizó en su momento”, y que concluyó con el deseo de Manuel Marchena Gómez de conseguir una sentencia por unanimidad que otra con votos particulares. Y cuando se busca la unanimidad ya se sabe que solo se consigue cediendo; o sea, a la baja “porque –dicen jueces y magistrados- la unanimidad es la excusa para fabricar una sentencia”. Marchena ha pasado de ser ensalzado por todos, a serlo solo por algunos medios de comunicación, mientras es criticado, casi por unanimidad, por expertos en Derecho Penal y miembros de la carrera judicial y fiscal. Es lo que conlleva cargarse al barón de Montesquieu.
A juicio de insignes juristas a los que no les ha sorprendido la sentencia “porque conocen el percal”, “lo de Cataluña fue un golpe de Estado más grave que el 23F de Tejero porque éste no pretendía cambiar el orden constitucional y aquél sí. Además y para más inri, la sentencia contenta al Gobierno, entrega a los condenados al reglamento penitenciario catalán, en el que las llaves de las cárceles las tiene el correveidile de los sentenciados y mata de un golpe certero la petición de extradición (Euroorden) porque en Bélgica la sedición no se contempla en su ordenamiento jurídico ya que se considera desorden público”.
Para estos mismos hombres de leyes y para la mayoría de la gente sensata y con sentido de Estado que hay en España, “sin controlar la educación y los medios públicos de comunicación, la independencia llegará a Cataluña” y a otras partes de España, añado yo. Además, “hoy día desobedecer reiteradamente al Tribunal Constitucional es como desobedecer a un guardia municipal de tráfico”, agregan, por lo que, a su juicio, “entre las leyes que hay que modificar está la de agravante de desobediencia al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional y la de privar de honores, emolumentos y otras canonjías a cargos o ex cargos públicos que hayan sido condenados por delitos graves”. Ahora, señalan, “es un escarnio que ex presidentes de la Generalitat que están huidos de la Justicia por atentar contra el Estado (Carles Puigdemont Casamajó) o han sido condenados por hechos gravísimos similares (Mas) tengan un estipendio público hasta su muerte de 120.000 euros anuales, despacho con secretaria, chofer y coche”. Esto no puede ser, claman. Pero el Estado, sus instrumentos, ni hacen nada ni, al parecer, quieren porque todo forma parte del laissez faire laissez passer que los distintos Gobiernos, desde hace cuarenta años, han venido practicando con los nacionalistas/independentistas. Y así seguimos porque sólo desde la fortaleza del Estado en la defensa de nuestros principios y valores constitucionales, de la Constitución, en una palabra, quedará garantizada la convivencia democrática y la unidad de España. El acuerdo constitucional entre los partidos constitucionalistas constituye, pues, una exigencia imprescindible para luchar con éxito contra los populismos y los nacionalismos que son hoy y ahora la principal amenaza a nuestra libertad.