La sentencia del caso de los ERE no deja lugar a dudas: fue el Gobierno socialista de Andalucía el que diseñó el plan de financiación, al margen de la intervención y sin la existencia de controles, de las «ayudas sociolaborales» de la Junta, una catarata de millones de euros -680- que no fueron a mitigar las necesidades de los parados andaluces, sino que terminaron en manos de empresas que tejían una tupida red clientelar al servicio del PSOE.
El mayor caso de corrupción política de la historia de España se ha saldado con la pena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por un delito de malversación y prevaricación continuadas para el ex presidente andaluz Jose Antonio Griñán y nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.
También han sido inhabilitados durante nueve años la ex ministra y consejera Magdalena Álvarez y el ex consejero Gaspar Zarrías. Además de Griñán, otros cuatro ex consejeros han sido condenados a prisión: Antonio Fernández y José Antonio Viera (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y Carmen Martínez-Aguayo (Economía).
Durante años, el argumento de defensa del PSOE fue que ni Griñán ni Chaves estuvieron al tanto de lo ocurrido. La sentencia demuestra que no solo estaban al corriente de los hechos, sino que idearon el plan con el fin expreso de saltarse los controles administrativos que permitieron enriquecerse a una legión de afines.
Los 680 millones de euros adjudicados de manera fraudulenta dejan en mantillas a otros casos de corrupción política como la Gürtel, alrededor de 30 millones de euros, pero las consecuencias políticas de uno y otro vienen marcadas por la más absoluta desigualdad.
El caso Gürtel acabó con el Gobierno y la carrera política de Mariano Rajoy, que no estaba imputado en un caso que fue utilizado por el PSOE para urdir una moción de censura que le condujo a La Moncloa con el apoyo de la izquierda radical y el independentismo. Una frase en la sentencia del magistrado «progresista» José Ricardo de Prada sobre la presunta caja B del PP, considerada posteriormente «innecesaria» por la Audiencia Nacional, precipitó la caída del Gobierno de Rajoy.
Ahora, la pregunta es obvia: ¿Qué habría ocurrido si la sentencia de los ERE se hubiera conocido cuando tocaba, esto es en la campaña electoral? ¿Habría obtenido el PSOE 26 de los 61 escaños que se asignan en Andalucía? Muy probablemente, no. Y Sánchez hubiera visto reducidas considerablemente sus opciones de Gobierno, dependiendo, en el mejor de los casos, del apoyo de los proeatarras de Bildu.
Las consecuencias políticas para el PSOE de la sentencia de los ERE serán presumiblemente ninguna, porque Pablo Iglesias ya ha manifestado que no romperá el acuerdo de Gobierno con el PSOE «porque España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción».
No cabe más cinismo, más hipocresía, mayor doble moral y menos catadura ética que la de esta izquierda que utilizó la corrupción del PP para pedir incluso su ilegalización y ahora muestra su verdadero rostro. No le mueve un sentimiento de justicia, sino que se alimenta de la carroña ajena con un grado de indignidad insoportable.
La izquierda cierra filas porque no le interesa limpiar el sistema, sino emponzoñarlo hasta la náusea. Su objetivo no era otro que el de echar a Rajoy y lo logró con el apoyo de los enemigos de España. Hoy, cuando la corrupción llama a su puerta con la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el PSOE echa balones fuera, la izquierda radical silba y los independentistas siguen a lo suyo.
Hay 680 millones de razones para decirle a Sánchez que no tiene vergüenza, pero las 680 millones de razones Sánchez se las pasa por el arco del triunfo.
