Dicen que las cosas de palacio van despacio. Dicen que lo bueno se hace esperar. Indudablemente, estas dos frases son ciertas. Sin embargo, lo contrario de ellas también tiene su relevancia práctica en ciertos casos. Cuando estamos en presencia de un conflicto, sobre todo cuando hay una brecha abierta, el tiempo que corre es un factor extremadamente negativo. Y en Cataluña, mejor dicho, en España la sangre lleva fluyendo frente a nuestros ojos durante demasiado tiempo ya.
Las “dos Españas” es cada vez más evidente en unos tiempos extremadamente volátiles en el que el de derechas es un facha (que viene a ser una abreviación pura y dura de fascista) y el de izquierdas un rojo (color del comunismo: la utopía que Stalin, Mao y tantos otros despojaron de todo su sentido). Nos hemos vuelto tan simplistas que ya nos limitamos a llamar a cualquiera que discrepe en cualquier cosa con nosotros, por muy mínima que sea, uno de estos dos términos; sí, fascismo y comunismo. Si renaciesen Lenin y Mussolini, les daría hasta reparo no volver a esconderse en sus tumbas. El vacío que estamos provocando en la terminología es abrumador, sobrecogedor. Y esto solo participa en la creación de una sociedad más fragmentada, una sociedad española descompuesta. Se veía venir desde la transición, y, hoy en día, la ruptura es inminente.
Al igual que a nivel nacional, esto mismo lleva pasando en Cataluña desde hace muchos años. Extrapolo porque pienso, existo porque extrapolo. Extrapole, pues.
El conflicto de base es arduo y largo de explicar, por lo que adjunto un trabajo de investigación que realicé sobre la libre determinación de los pueblos (ver apartado 5, que es el que trata sobre el conflicto catalán). Antes de entrar en detalles más bien jurídicos, políticos y morales conviene tener el trasfondo del conflicto claro, por lo que echar un vistazo al trabajo de investigación puede venir bien para refrescaros un poco la memoria.
Una vez fijado y entendido el contexto histórico, es de suma importancia destacar un hecho evidente: con el paso del tiempo se ha ido fragmentando cada vez más la sociedad catalana, dividida en partidarios de la independencia y partidarios de la unión de España. No obstante, hoy en día, podemos decir que hay un tercer frente: los federalistas, de los cuales trataré más adelante.
Ateniéndonos a los sucesos más recientes, los independentistas, llegados a fase definitiva de su proceso soberanista actual que había empezado allá por 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional (a partir de ahora TC) sobre las reformas del Estatut y la posterior negación del Gobierno español al pacto fiscal propuesta por Mas en 2012, vieron la posibilidad real de formar una República catalana muy cerca. Sin embargo, el referéndum del 1 de octubre fue
ARTÍCULO ESCRITO POR RUBÉN SERRANO ALFARO. ESCRITO EN GRENOBLE, A 21/10/2019.
tan solo un oasis cuya visibilidad había perdurado demasiado tiempo. Fue un engaño masivo de los políticos independentistas a la población catalana, pero de igual manera fue un engaño de la propia población catalán a sí misma. En el siglo XXI, hemos de exigir unos mínimos en lo relativo a la cultura general y al conocimiento de las leyes del Estado en el que uno reside. El TC admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de la ley “del referéndum de autodeterminación” y de la ley “de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana” el 7 y el 12 de septiembre de 2017, respectivamente. Esto supuso la suspensión automática de ambas (art. 64.2 Ley Orgánica del TC) y, consecuentemente, una prohibición expresa de realizar la consulta del 1 de octubre (1-O a partir de ahora).
Todo esto, que se limita a ámbitos jurídicos, fue publicado en todos los medios de comunicación españoles y catalanes con la intención de informar a todos los ciudadanos, tanto a los que residían en Cataluña como al resto de los españoles. Algunos podrán justificar que en TV3 nunca se mencionó la ilegalidad de dicho referéndum, pero si caemos en un relativismo tan pobre, pronto nuestra sociedad se convertirá en un caos total. En resumidas cuentas, lo que el Tribunal Supremo (TS a partir de ahora) describe en la sentencia del juicio del “procés” como “una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana” es, a mi parecer, extremadamente discutible. El sentido común, como se suele decir, es el menos común de los sentidos. La ignorancia y el pasotismo, la causa directa de esto. Pero las bases fundacionales de cualquier Estado de Derecho son claras: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Sin lugar a duda, Junqueras y compañía han tenido que ser castigados por haber perpetrado el referéndum del 1-O, dirigido sus preparativos y haber utilizado de manera incorrecta e ilegal los caudales públicos. Y eso lo establece con claridad la sentencia del TS, basándose en los tipos recogidos en el Código Penal (art 544, 545 y demás). No obstante, y sin el afán de adentrarme demasiado en términos legales, ¿quién se alza pública y tumultuariamente? ¿Turull y Romeva, o los encapuchados que, tras la sentencia del TS, llevan más de una semana tirando baldosas, piedras, botellas y vallas a las fuerzas de seguridad? ¿Quién impide que se acate la resolución judicial el 1-O? Igual he de graduarme las gafas, pero no recuerdo a Puigdemont pegándose con la policía. Claramente, ateniéndonos al art 545.1 del Código Penal, si los políticos independentistas han “inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores” deberán ser condenados por ello. Y lo han sido. Pero, y reitero, ¿y los manifestantes que impidieron el cumplimiento de la resolución judicial el 1-O? ¿Y los que se alzaron tumultuariamente frente a la Consejería de Educación el 20 de septiembre impidiendo la aplicación de la Ley? ¿Y los manifestantes que en estos momentos están formando barricadas en las calles de Barcelona, quemando todo lo que encuentran por su paso y tirando cualquier objeto a su alcance a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Nacional? ¿Han de ser nuestros representantes que paguen por todos? Es evidente que la gran mayoría de independentistas no se sienten identificados por los actos violentos perpetrados en Cataluña en la última semana; pero esos mismos que hoy abogan por una lucha pacífica también participaron en el desacato a las leyes y a las resoluciones judiciales en septiembre y octubre de 2017. Esto es un tema bastante delicado porque, sin meterme a analizar en profundidad el delito de sedición, no entiendo por qué no se debería condenar también a todas las personas que, por ejemplo, fueron a votar el 1-O. Si nos ceñimos al art 28 del Código
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Penal, los votantes que impidieron la aplicación de la resolución judicial del 1-O fueron claros cooperadores necesarios, realizando actos necesarios para la ejecución del delito. Claramente, condenar a tanta gente sería una locura; crearía una revuelta social masiva. Vivimos en una democracia, al fin y al cabo. Pues entonces, igual habría que replantearse las bases de ella y las medidas sancionadoras del Estado. Por lo tanto, desde mi desconocimiento, me pregunto y hago un llamamiento social a que nos replanteemos cómo está regido nuestro ordenamiento jurídico, cómo están escritas nuestras leyes.
Mantuve hace poco una conversación con un conocido mío, un indio estudiante de un máster aquí en Grenoble, ciudad en la cual me hallo de Erasmus. Sin entrar mucho en detalle, él me justificó en numerosas ocasiones la actuación violenta de las fuerzas de seguridad indias sobre la población de Kashmir, alegando la influencia nociva sobre ésta por parte de Pakistán. Tras una larga discusión, me llegó a convencer de que la región de Kashmir, muy probablemente, corresponde legítimamente al Estado de la India y no a Pakistán (que lleva años reclamándola). Pero hay algo de lo que no me convenció. Algo que nunca aceptaré: la violencia abusiva frente a la reclamación de derechos, por muy ilegítimos que sean estos. Y eso, por mucho que mi conocido diga lo contrario, es algo que no se debe permitir en el siglo XXI. Desgraciadamente, esto sí que es un “ensueño”. Las represiones que, en la actualidad, siguen sofocando la petición de derechos humanos en tantísimos países es apabullante. ¿Lo oyes Xi Jinping?
¿Lo oís Torra, Mas y Puigdemont? Lo que está ocurriendo en Hong Kong es una verdadera represión, las muertes de civiles inocentes en Kashmir es un verdadero problema, el genocidio que está a punto de ocurrir, por no decir que ya está ocurriendo, bajo la pasividad apabullante de la Comunidad Internacional en el norte de Siria es para tirarse de los pelos. Pero condenar a varios políticos por el incumplimiento reiterado de la ley no es, a mi parecer, una vulneración de derechos humanos. Que sea la sentencia más o menos justa es debatible. Que el homicidio esté penado con 10 a 15 años de cárcel en nuestro maravilloso Código Penal, y que Oriol Junqueras, un tipo que indudablemente ha incumplido la ley, pero con el único objetivo de conseguir un Estado propio para Cataluña, vaya a pasar 13 años en prisión, da mucho que pensar. Junqueras, Forcadell y compañía ansían, o por lo menos dicen ansiar, lo que tantos catalanes llevan anhelando durante tanto tiempo: la independencia. Pero llegados a este punto, ¿sigue siendo creíble esta independencia? La imagen lamentable que está ofreciendo Cataluña y, sobre todo, Barcelona estos últimos días, combinada con una fragmentación del independentismo en violentos y no violentos, es digna de analizar.
De todas formas, pase lo que pase, tras el veredicto del alto tribunal, se avecinan semanas, meses y años de incertidumbre sobre la correcta tipificación y penalización de los delitos en nuestro Código Penal. Sin embargo, lo que sí es cierto es la adecuada actuación de los magistrados de la Sala Segunda de Tribunal Supremo. En mi opinión, se ciñen a lo establecido en la ley y, salvo aspectos bastante controvertidos como el mencionado sobre el “ensueño” (que deriva en el debate sobre la actuación de los ciudadanos en todo este conflicto), se trata de una sentencia correctamente motivada. Además, dedican casi la mitad de la sentencia a justificar que se han respetado los derechos fundamentales de los acusados durante todo el procedimiento judicial; clara referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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En cuanto a la inestabilidad política y social de Cataluña en los últimos años que ha llegado a degenerar en los altercados violentos de la última semana tras la sentencia del TS, solo cabe insistir que el problema viene de fondo (un fondo que cada vez se agranda más), y que la incapacidad de sentarse en una mesa a negociar por parte del Gobierno español, tanto el de Rajoy en el pasado como el de Sánchez en la actualidad, es incomprensible. Por no hablar de la actuación del Gobierno de la Generalitat. Torra apoya las protestas pacíficas, pero también incita las manifestaciones tumultuarias para luego mandar a los cuerpos de seguridad catalanes a sofocar estos movimientos. ¿En qué quedamos? Todo esto solo está provocando que el independentismo pierda credibilidad, con la Generalitat desubicada y los independentistas radicales destrozando las calles de las principales ciudades de la región.
En definitiva, la pasividad del Gobierno Central y la testarudez ilógicamente peligrosa de la Generalitat agravan el conflicto con el paso de los meses. Tras la finalización del proceso judicial, hubo unos meses cruciales donde los ánimos estaban calmados, ya que todos estábamos a la espera de la sentencia. Era el momento de pasar a la acción, pero, como siempre, no se hizo.
Nuestra clase política está obsoleta y los ciudadanos frustrados. Entramos en el debate continuo de derechas e izquierdas que tanto vacía de contenido nuestro vocabulario. Cataluña está en caída libre y lo lleva estando durante demasiados años ya. Y no nos damos cuenta; ni los políticos ni los ciudadanos. Nos indignamos enormemente cuando vemos lo que está sucediendo en Hong Kong, y pedimos que las libertades públicas y los derechos constitucionales sean universales. Sí. Soy el primero que abogo por ellos. Pero por las obligaciones también. Nuestros derechos tienen como límite el ejercicio del derecho de los demás. ¿Lo oís? ¿Lo oímos? Los extremos podrán vencer, pero nunca convencerán. Las fuerzas de seguridad en Cataluña podrán, en muchos casos, utilizar medios desproporcionados para calmar la situación caótica, y seguirán sin convencer. Pero, algo habrá que hacer, ¿no? Y ni la violencia, ni la Ley de Seguridad Nacional, ni el 155 darán la solución. La solución tiene dos sillas, una mesa, dos personas, dos pueblos, un país, un mundo. Y una sola palabra que engloba a todas: voluntad.
Hace algo menos de un año, en el trabajo de investigación que he mencionado en el inicio del artículo, mis compañeros y yo llegamos a la siguiente conclusión:
➢ “La única vía posible para la independencia de Cataluña es ateniéndose al tercer supuesto para la autodeterminación que establece el Derecho internacional: un pueblo que ejerza esta autodeterminación según las leyes vigentes en el marco jurídico del Estado. Esto sucedería si, en algún momento, el Estado español autorizase la realización de un referéndum vinculante, para el cual, además, debería reformar su “Carta Magna”. De todas formas, esta solución no llegaría a resolver por completo el trillado conflicto que ocupa las portadas diarias de nuestro país. Sin embargo, hay otras medidas posibles que podrían cambiar la percepción que tiene una parte de Cataluña sobre España como un “Estado irreformable”. Con ello, el Estado central
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podría “jugar” con el 15% de la población catalana que no requiere una ruptura total con el Estado, sino mayores concesiones en materia de autogobierno (federalismo). El 85 % restante se divide, de manera estimada, en un tercio de la población que tiene el sentimiento independentista muy interiorizado, y que muy difícilmente va a cambiar de ideales, y un 50 % de la población que se siente española y, aunque tengan sus diferencias, no les resulta un problema mantenerse en España.” (Fragmento reformulado, pero basado en el trabajo de investigación en cuestión).
Llegamos a esta conclusión tras un férreo trabajo de recopilación y con la ayuda del politólogo Lluís Orriols, que nos concedió una entrevista clave para el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, hoy en día, enfatizaría un último aspecto. Quizás más filosófico, quizás más moral, pero quizás más útil. La polarización que se acentúa cada vez más en España hace que la gran mayoría de izquierdistas tengan más empatía con el movimiento independentista y que la gran mayoría de derechistas sean defensores de la unidad indiscutible de España. Mientras tanto, dejamos un centro político vacío e indefenso. Un centro necesario para que nuestros líderes se sienten a negociar una vez por todas. Y, de nuevo, no nos damos cuenta. Poner en práctica la teoría sobre cómo curar la brecha en España y en Cataluña es la voluntad de la que hablábamos hace nada.
Busquemos la unión, no de España, sino de la sociedad española. Dejemos de lado cualquier forma de nacionalismo y acojamos con las manos abiertas un abrazo conjunto. Un abrazo conjunto de los que con tanta facilidad llamamos fachas, rojos, independentistas, federalistas y catalanes pro-España. Un gran abrazo basado en el respeto, en la tolerancia y, nos guste o no, en el Estado de Derecho. Aún nos queda mucho por avanzar, por lo que no podemos retroceder repentinamente. Cualquier cambio en la sociedad o en el mismo ordenamiento jurídico empieza por el diálogo. A día de hoy, sigo esperando que tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno español lo hagan. ¿O igual deberíamos hacerlo los ciudadanos? Pero entonces, ¿son los ciudadanos un espejo de los políticos o los políticos un espejo de los ciudadanos? Tenemos bastante por hoy. Volveremos. Hasta entonces, ¡visca Cataluña, viva España, viva el mundo y la humanidad!
