El fraude del caso de los ERE se ha estimado en 680 millones de euros, pero la cosa no termina ahí. Está en marcha una investigación sobre la concesión de créditos por parte de la Junta socialista de Andalucía a un nutrido grupo de empresas que recibieron cantidades millonarias sin que la Administración del PSOE les reclamara su devolución y la cosa apesta más cada día.
Se trata a todas luces de un fraude en cadena que podría situar la cantidad total en torno a los 1.000 millones de euros, un agujero contable de proporciones gigantescas que vino acompañado de un rosario de trampas e irregularidades que constituyen un siniestro plan de reparto entre afines al margen de cualquier tipo de control.
Se saltaron todos los trámites, se llevaron a cabo las más pérfidas estrategias de ocultación y se burló la acción de la Justicia de una manera tan obscena y burda que seguir insistiendo en la honradez de Manuel Chaves y José Antonio Griñán resulta una indignidad tan grande como la cantidad defraudada.
Como revela Carlos Cuesta este 7 de diciembre de 2019 en OKdiario, el Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta de Sánchez, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE.
Los datos que aporta Cuesta son una muestra más del indecente comportamiento de los responsables del Gobierno socialista andaluz.
Si hace días demostraba con documentos oficiales cómo la Junta mintió al esconder las pruebas que dejaban claro que todo fue planificado y acordado en las altas instancias del Ejecutivo autonómico socialista, este sábado prueba que la concesión de ayudas en las que está implicada la actual vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno- se realizó sin cumplir con las exigencias de control más elementales.
Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de Viceconsejeros de manera que se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.
En suma: a eso se le llama tirar por la calle del medio y saltarse, intencionadamente, las normas y la ley. Todo muy honradamente.
