Vaya por delante que el silencio vergonzoso de Pedro Sánchez lo dábamos por supuesto. También la impostada sorpresa y la supuesta indignación de los dirigentes separatistas catalanes por las decisiones del Tribunal Supemo y de la Junta Electoral Central sobre Junqueras y Torra se explican, porque haye ya bastantes años que los nacionalistas prosperan contra la ley y la Constitución española.
De quienes aspiran a romper la unidad de España ese comportamiento es algo previsible, pero resulta inadmisible y hasta escandaloso que el socialista Sánchez no se dé por aludido y mantenga su agenda de acuerdos con el nacionalismo catalán.
Hasta el momento, ni el PSOE ni el Ejecutivo han hecho una sola declaración de apoyo a las resoluciones que han confirmado que Junqueras no es europarlamentario y Torra no es diputado autonómico.
Se diría que están incómodos con esta reafirmación de la independencia de los tribunales de Justicia, apenas una semana después de que Sánchez se comprometiera a «desjudicializar» el conflicto separatista.
La contrariedad de los socialistas no es más que el síntoma de su deslealtad con el Estado de Derecho, aunque la izquierda más rancia siempre ha considerado la ley como un mero adjetivo de su acción política.
La cuestión que se le plantea a Pedro Sánchez consiste en que va a tener que reorganizar, cinco días después de su investidura, su plan de pactos y negociaciones con el separatismo, porque su discurso cansino del diálogo y el consenso con los golpistas se ha vuelto, con las sentencias del Supremo, sencillamente ilegítimo.
Sánchez se ha salvado por los pelos… y por las fiestas, claro. Él a amarrar el cargo y a nombrar ministros al peso mientras las resoluciones de los tribunales de justicia nos protegen de las veleidades de Sánchez y sus socios. https://t.co/nfsIYZyuaX
— Rosa Díez (@rosadiezglez) January 10, 2020
Todavía no ha formado nuevo Gobierno y a Sánchez se le está torciendo la legislatura. Por eso debería rectificar con gestos inequívocos de apoyo al Estado de Derecho, lo que implicaría algo tan sencillo como cancelar sin dilación la reunión con Torra.
El aún presidente de la Generalitat ya no es diputado autonómico y debería abandonar la Presidencia del Gobierno catalán ya. Es un condenado por desobediencia que ha anunciado que no acata los mandatos de los tribunales ni de la ley. Si Sánchez legitima a Torra en estas condiciones con una reunión, se habrá alineado de forma inevitable con los separatistas.
Debe frenar Sánchez su deslizamiento hacia la ilegitimidad de la función de su cargo y evitar que la Presidencia del Gobierno de España se contamine de pactos con quienes no merecen más ofertas de diálogo, sino más responsabilidades legales.
El dilema de Sánchez no es meramente político, también legal porque tratar a Torra como presidente de la Generalidat sería una complicidad con nuevas desobediencias.
En caso de que Torra y el presidente del Parlament no acaten la inhabilitación del primero acordada por los tribunales, estarían incurriendo no sólo en nuevos delitos de desobediencia, sino en manifiestas infracciones de sus deberes institucionales.
Y esto es lo que la Constitución quiere evitar con el artículo 155.
