El Gobierno de Bolivia aprieta las clavijas a Pablo Iglesias. Desde que hace 9 meses, saltase la liebre de que el Ejecutivo de Evo Morales había pagado 1,5 millones de dólares a la consultora mexicana Neurona Consulting, vinculada a Podemos y encargada, sin ir más lejos, de la última campaña electoral de la formación de ultraizquierda, la bola de ‘nieve’ no ha hecho más que crecer.
Vaya por delante que usamos en término ‘nieve’ con toda la maña intención del mundo, porque el dinero de esos pagos se vincula reiteradamente a un producto tóxico que suele ser denominada así en el argot de sus consumidores.
El Banco Central de Bolivia ha confirmado en las últimas horas los pagos, pero ha elevado su cuantía: en total se realizaron 20 entregas por un montante total de 1,8 millones de dólares, 300.000 más que los previstos inicialmente.
Como explica Fernán González en OKdiario este 15 de enero de 2020, hasta ahora se conocían 8 contratos por los clips de vídeo de escasos minutos de duración para ensalzar la labor del Gobierno de Evo Morales y un documental de 45 minutos para criticar la corrupción de Gobiernos anteriores.
A nadie se le oculta que los precios estaban inflados, hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción del país iberoamericano ha detectado hasta 7 delitos susceptibles de sumar una pena de hasta 8 años de cárcel para los funcionarios responsables de la contratación.
Cada día que pasa, las pruebas son más apremiantes.
No estamos ante acusaciones fruto de la rumorología, sino consecuencia de una minuciosa labor de investigación promovidas por las instituciones bolivianas a fin de determinar si con dinero del narcotráfico se financiaron actividades de formaciones de la izquierda radical encaminadas a loar el régimen dictatorial de un presidente que vulneró el marco constitucional para, como hizo Hugo Chávez en Venezuela, perpetuarse en el poder.
La investigación abierta por la Fiscalía de Bolivia ha puesto de los nervios a los responsables de Podemos, conscientes de que los movimientos emprendidos al otro lado del Atlántico representan una amenaza en un momento en el que la formación populista de ultraizquierda ha logrado su objetivo de entrar en el Gobierno de España.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado trata, entre otras cosas, de bloquear la actuación del Ministerio Público de Bolivia.
Pero ya no es sólo esta nación, sino otras como Brasil o Ecuador las que parecen decididas a tirar de la manta. Las evidencias se acumulan, el cerco se estrecha y en Podemos cunde el nerviosismo.
