En su última comparecencia como Portavoz del Consejo de Ministras, la de Educación, Isabel Celáa afirmó, sectaria e interesadamente, que: “No podemos pensar, de ninguna de las maneras, que los hijos pertenecen a los padres”.
Se posicionaba en nombre del gobierno radical de turno, de signo social-comunista, olvidándose que el PSOE de la Transición abandonó, desde 1979, el socialismo marxista como definición ideológica.
Hemos de rectificar a la señora Celáa, que “de todas las maneras”, los hijos menores, aunque tutelados por la Escuela y los Consejos escolares con participación de las familias, “los hijos pertenecen a los padres”, porque asi lo establece la Carta Magna en su articulo 27,3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Malamente apostilla la señora Celáa, en una entrevista a “El Correo”: “La pretensión de algunas familias de autorizar o no que sus hijos acudan a ciertas actividades obligatorias y evaluables es un veto parental inaceptable, que vulnera además la capacidad de los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía para completar el currículo”. Apelando al “interés superior del menor”, asegura que: “una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también sigan siendo homófobos”. Pero la labor correctora que la ministra recaba para la Escuela, “mutatis mutandis” también tiene su contrapartida: “Una familia comunista, o un centro con ideología feminista, no tiene derecho a inculcar e imponer los valores ideológicos que defienden unilateralmente”.
Insiste la ministra en que “no se puede confundir la patria potestad con la propiedad”. Entendida la patria potestad como facultad inalienable que los padres ostentan respecto de sus hijos menores y educables para garantizar su cuidado, representación y formación, tendentes a un adecuado desarrollo de su personalidad, no cabe duda de que es cosa “propia de los padres”.
La ministra Celáa ha apelado a los “valores constitucionales” para referirse a las actividades curriculares, casi siempre improvisadas y arbitrarias y difícilmente controlables por la Inspección Escolar del Estado, que forman parte de un paquete inventado por la izquierda para “transformar la realidad”.
Frecuentemente, esos “paquetes” responden a iniciativas de sospechosa moralidad, en la línea ideológica propuesta por la denominada y libertaria “Escuela abierta” y predicada, con exabruptos anéticos, por la actual directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno. Incluyen “talleres” y prácticas de sexismo perverso (recuérdese el video de la Consejería de Salud de Cataluña), juegos eróticos, ideología de género sin género definido, de acuerdo con el modelo hembrista, alejado del feminismo auténtico, el rechazo de la masculinidad, identificada con el “machismo” dominante, la necesidad de imponer el lenguaje inclusivo en las relaciones políticas e institucionales… Toda una axiología impartida como propaganda progresista, y cuya tabla de valores intenta propagar un constructo cultural montado sobre la supremacía del “feminismo”, con apoyo de los varones “aminorados”, los que desde “Podemos” proclaman “Nosotras”.
Todo un proyecto que viene de lejos, patrocinado por Lenin, el ideólogo del “Estado educador”, con hoces y martillos, porque afirmaba que: “La música puede ser un medio para la rápida destrucción de la sociedad”.
La propiedad, exclusiva y excluyente, de esa tarea vital y formativa es la que se atribuyen los estados de ideología comunista, obedientes al dictado de Lenin: “El Estado es el único educador”.
En nuestro estado de derecho, con Constitución democrática, el Código Civil, en su art. 154, establece que: “Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres” …, a quienes corresponde: “educarlos y procurarles una formación integral”. Además: “Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad”.
Indudablemente, la “autoridad” aquí enunciada no es la de la ministra Celáa, ni la de sus acólitos filocomunistas, como Irene Montero, miembra del “Consejo de Ministras” (aunque nada ministrable), la cual replicaba a Pablo Casado sobre el asunto del “Pin”: “Os situáis fuera de la ley” … “que nuestros hijos e hijas… se enorgullezcan de lo mejor en España: lo público…”. Identificando “lo público” con “lo estatal”, al modo comunistoide.
Más le valiera a las feministas del gobierno actual convertirse al feminismo más auténtico de Clara Campoamor, que decía: “Estoy alejada del fascismo como del comunismo, soy liberal”. Pensamiento muy allegado al también otro tipo de feminismo, adoptado por María de Maeztu, cuando afirmaba: “Los mayores enemigos del feminismo no son los hombres, sino las mujeres: unas por temor, otras por egoísmo… Para unas y otras, el feminismo no es una idea liberadora, sino una promesa de esclavitud”.
