La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.108 euros (12 pagas), que al empresario le supone un 30% más, hasta situar su coste neto en 1.458 euros, “llenará la Castellana de tractores”, a juicio de un dirigente empresarial vasco de reconocida autoridad. Es lo que conseguirán los ufanos firmantes del documento, además de aumentar el paro, la economía sumergida (¡un 24%!, frente a la media del 13% en la UE), los gastos por desempleo y el déficit público. Pero quedan muy bien con los suyos, que cada vez serán menos.
A esto último también está contribuyendo poderosamente esa acémila que ostenta el título de secretario general de UGT, un tal Josep María Álvarez Suárez, Pepe Álvarez para los amigos de francachela, renegado asturiano de Belmonte de Miranda y más independentista y camorrista que Joaquim Torra y Pla, que se ha permitido calificar de “derecha terrateniente y carca” a los miles de agricultores que se manifiestan estos días por su insostenible situación de trabajo a pérdidas, en donde la berenjena se la pagan a 42 céntimos kilo y sube a dos euros al consumidor final; el calabacín a 56 céntimos, y al consumidor a 1,35 euros; el brócoli a 45 céntimos, y al consumidor a 4,22 euros. Si los agricultores añaden a estos precios en origen, consecuencia de la presión de la cadena de distribución, el nuevo salario mínimo, los impuestos al diesel, la amortización de aperos y tierra, los desarreglos del clima, las consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE, la competencia desleal de terceros países con acuerdos con la UE que no tienen que cumplir las reglas comunitarias que se imponen a los europeos, y los aranceles de EE.UU a la aceituna de mesa, el aceite y otros productos agroalimentarios españoles, el sector tiene su tumba cerca y, como ha declarado el presidente de ASAJA, Pedro Barato Triguero, al frente de la mayor organización profesional agraria de España, “solo salvarán los muebles Francia o Italia”.
Y es este pequeño agricultor en trance de desaparecer el que impide a brazo partido y con sudor y esfuerzo que termine de despoblarse la España rural. El que mantiene vivo el campo, frente a tanto imbécil político urbanita y medioambientalista huero que recolecta su clientela en redes sociales, y que no sabe lo que es el relente, una piara, la montanera, desbrozar, pisar un surco, inclinarse sobre los terrones, entrar en un establo, recorrer una tenada y curtirse al sol, al viento y al pedrisco en amaneceres fríos y horizontes abiertos y a veces desafiantes. Este pequeño agricultor e inmenso ser humano es el que ha visto caer su renta agraria un 9% en 2019 y crecer el salario mínimo de sus escasos empleados un 43% desde 2018.
Sus graves problemas estructurales, consecuencia de la desidia en décadas de muchos gobiernos, han modificado la formación de precios, hasta el punto de que ya no responden a la evolución de la demanda y los costes de producción y se mueven en función de un sector oligopolio que controla el reparto de la renta y los beneficios. En los últimos quince años, el precio de venta de agricultores, ganaderos y pescadores de España ha subido poco más de un 9%, que descontada la inflación muestra una caída real de precios del 15,5%. Sin embargo, en este periodo la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7% y el de venta al público casi un 27%, dos puntos por encima del IPC.
Este pequeño agricultor e inmenso ser humano, que asumen el 90% de la caída de los precios, saldrá a la calles de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y, finalmente de Madrid, para alzar su voz frente a tanto populista de salón e Internet, frente a tanto irresponsable y frente a un Álvarez Suárez que volverá a insultarles porque la gente del campo no es de él (¡ni lo será nunca, bobo!), como sí lo son los cuatro responsables regionales de UGT condenados por la justicia por apropiación indebida. Pero claro, estos dirigentes provinciales de UGT no son UGT ni de Álvarez Suárez, y por eso no pide perdón por tanto robo.
