El lema del momento, el clamor general en las filas de PSOE y Podemos es muy sonoro: ¡»Sánchez, colócanos a todos!».
Y a pillar, hasta que cambien las tornas, que pocas cosas gustan más a un progre español que el sueldo público, el coche oficial, la subvención y la tarjeta de crédito a cuenta del contribuyente.
Lo de la tropa de Pablo Iglesias se las trae: un vicepresidente, una ministra, varios secretarios y secretarias de estado, jefes de gabinete, directores de comunicación, diputados, eurodiputados…
De los 17 miembros que tiene el Consejo de Coordinación de Podemos, 15 tienen ya un sueldo público…
El vicepresidente Iglesias recibe, según el Boletín Oficial del Estado, un sueldo de 79.746,24 euros; la ministra Montero, 74.858,16 euros; los secretarios y secretarias de Estado son remunerados con 72.768,56 euros; y los directores generales o asimilados, 55.163,50 euros al año.
En un tiempo en que la ejemplaridad pública es más necesaria que nunca, el PSOE ha decidido utilizar la Administración del Estado para pagar la factura de sus pactos con Unidas Podemos, incrementando de forma inaceptable el número de altos cargos y su coste económico.
Como subraya el diario ‘ABC’ en su editorial, la malversación de fondos no sólo es un delito castigado por el Código Penal; para utilizar abusivamente fondos públicos basta con que su finalidad no sea servir al interés general.
Los datos mueven al escándalo. Pedro Sánchez tiene un Gobierno con veintidós ministerios, cuando Mariano Rajoy limitó el suyo, en 2011, a trece.
El presidente popular se apoyó en una sola vicepresidencia; Pedro Sánchez tiene cuatro, más un gabinete personal cuyas dimensiones son propias de un «gobierno de cámara».
Semejante aumento de carteras ministeriales ha provocado una cadena de nuevos puestos -secretarías de Estado, subsecretarías, secretarías generales técnicas- con su correspondiente dotación presupuestaria.
En el capítulo de direcciones generales, los socialistas no han tenido reparo en utilizarlas como moneda de pago a sus socios comunistas, permitiendo que a veintitrés de tales puestos accedan personas que no son funcionarios públicos, extendiendo así una excepción a la regla general, favorable a la profesionalidad de los directores generales.
El suma y sigue de lo que en Ciencia Política se conoce como el «sistema del expolio» pone al PSOE como máximo exponente de la falta de consideración hacia el ciudadano.
Mientras los socialistas defienden el incremento de impuestos, al mismo tiempo aumentan el gasto público solo por conveniencia partidista.
Han segregado ministerios sin justificación, han creado órganos a la medida de las obsesiones ideológicas de Unidas Podemos y, en coherencia con esta transformación del Gobierno en agencia de colocación, han pasado de 177 asesores en tiempos de Rajoy a 242.
El balance de las primeras semanas de Gobierno demuestra que esta hipertrofia del Ejecutivo de Pedro Sánchez es incompatible con la coordinación que requiere el funcionamiento de sus ministerios.
Los cambios de criterio -auténticas improvisaciones- en asuntos cruciales, como el caso Ábalos o la mesa de negociación con el Ejecutivo catalán, y las desavenencias internas reflejan el laberíntico estado en el que se encuentra el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Mucho asesor y poco consejo.
Además, resulta paradójico que, cuando el Estado autonómico ha alcanzado su máxima cota de descentralización, el Estado central se haya dotado del Gobierno más numeroso -de ministerios a direcciones generales, pasando por secretarías de Estado- desde la presidencia de Adolfo Suárez.
En esto consiste convertir la función pública en un botín.
