Un año más se ha publicado el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) en el cual se describen, entre otros aspectos, toda una serie de malas prácticas ejecutadas por los funcionarios de prisiones de las cárceles catalanas. Entre las más relevantes podríamos citar las siguientes: malos tratos, torturas, vejaciones, amenazas, coacciones, insultos y, por si fuera poco, violencia de género.
Del mismo modo, muchos medios de prensa se han hecho eco de esta noticia sin indagar, lo más mínimo, la autenticidad de tales barbaridades a través de los sindicatos o asociaciones del ámbito penitenciario. Por esta razón nos vemos en la obligación de revelar e informar fidel y claramente los embustes y patrañas que aparecen en el documento emitido por el CPT.
Para empezar, todos los disparates que se muestran en el informe surgen, única y exclusivamente, de declaraciones de internos, no habiendo en ningún caso prueba alguna que demuestre los hechos que ahí se describen. Además, los internos NO fueron seleccionados aleatoriamente sino que, en su mayoría, fueron internos específicamente escogidos de aquellos departamentos donde están ubicados los reos más conflictivos y peligrosos, es decir, los que se encuentran en 1r grado o sancionados. Lamentablemente, es frecuente el uso de denuncias falsas por parte de este tipo de internos con el fin de eludir su situación. También es importante añadir que la inmensa mayoría de la población penitenciaria se encuentra en 2o grado (régimen ordinario) y que, intencionadamente, no fueron seleccionados por parte del CPT para declarar puesto que era evidente que no iban a sacar la información que desesperadamente estaban buscando. Tampoco fueron seleccionados los internos en 3r grado, es decir, aquellos que por su situación y su conducta están en un régimen de semilibertad.
Así, el modo de proceder de esta comitiva se basa en la búsqueda de una tipología especifica de interno (por ejemplo los 1ros grados) y en un escenario conveniente (por ejemplo una reyerta entre internos o una agresión a un funcionario) para obtener una respuesta inducida a través de preguntas que conllevan la respuesta afirmativa implícita, algo que satisface las necesidades de ambas partes. Por un lado, este arquetipo de interno buscará conseguir compensaciones, venganza y variaciones en su situación mediante presiones y falsedades y, por otro lado, el CPT, buscará mantener su lucrativa estructura en marcha utilizando los medios que sean necesarios para lograr ese fin.
Por otra parte, en el informe también aparece la crítica a una pintada en una de las paredes del centro penitenciario de Brians 1, aludiendo que se trataba de coacciones contra la dirección vigente en ese momento. Sin embargo, la motivación de esa pintada era explícitamente laboral y, además, nada tenía que ver con el cometido del CPT. Algo que se muestra incongruente con las explicaciones dadas por la comitiva cuando algunos de los
funcionarios que se encontraban en el centro los días de las visitas se quisieron entrevistar con el CPT para denunciar las difíciles condiciones laborales a las que se ven sometidos y éste se negó en rotundo.
Como se ha mostrado, el propósito de estas visitas y su posterior informe es claramente sectario, dado que únicamente se tienen en cuenta las declaraciones de los internos más peligrosos e inadaptados, los cuales, muchos de ellos tienen a sus espaldas horribles delitos o han protagonizado violentas agresiones contra funcionarios. Por el contrario, no han querido entrevistarse con ningún funcionario para así atender y evaluar las dos partes.
Para concluir, instamos a la Generalitat y, en especial, a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, dirigida por Amand Calderó, a que reprendan y desaprueben las conclusiones emitidas por el CPT en contra de nuestro colectivo, basadas todas ellas en testificaciones con evidentes señales de venganza y resentimiento. Asimismo, también les exigimos una defensa legítima y contundente de todos los profesionales penitenciarios, siendo la administración la máxima responsable de proteger y garantizar sus derechos.
