Desde hace demasiado tiempo se están perdiendo las formas en España, eso que el Diccionario de la Real Academia define en sus acepciones 3ª, 8ª y 12ª como “Modo o manera de estar organizado algo”, “Conjunto de requisitos externos que debe cumplir un acto jurídico” y “Principio activo que da a algo su entidad, ya sustancial, ya accidental”.
Se empezó con la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de junio de 1990, firmada por Francisco Tomás y Valiente (Presidente), Francisco Rubio Llorente, Antonio Truyol Serra, Fernando García-Mon y González-Regueral, Carlos de la Vega Benayas, Eugenio Díaz Eimil, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Jesús Leguina Villa, Luis López Guerra, José Luis de los Mozos y de los Mozos, Álvaro Rodríguez Bereijo y Vicente Gimeno Sendra, contra la decisión del Presidente del Congreso Félix Pons Irazazábal, respaldada por los servicios jurídicos (letrados) de la Cámara, que denegó en 1989 la adquisición plena de diputado a los recurrentes en recurso de amparo de Herri Batasuna Itziar Aizpurúa Egaña, Juan Cruz Idígoras Guerricabeitia y Ángel Alcalde Linares, porque la fórmula que emplearon en el acatamiento a la Constitución fue “Por imperativo legal, sí prometo”, en lugar del vigente y obligatorio hasta entonces: “Sí, juro” ó “Sí, prometo”. La sentencia unánime del Constitucional fue dar la razón a los batasunos, reconocer el “derecho de los recurrentes a acceder, en condiciones de igualdad, a la función de Diputados, con los requisitos que señalan las leyes” y declarar que “han adquirido la condición plena de diputados mediante la prestación de la promesa de acatamiento a la Constitución con el empleo de la fórmula por ellos utilizada”.
Y de esos polvos, estos lodos: “Sí, lo prometo por la democracia, por los derechos sociales y por España” (Pablo Iglesias Turrióny el resto de los diputados de Unidas Podemos), “Sí, lo juro por España” (Santiago Abascal Conde y el resto de los diputados de Vox), “Sí, lo prometo por imperativo legal” (diputados del PNV), “sí, lo prometo por imperatiu legal, con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya” (diputados de JxCat), “Sí, lo prometo desde el compromiso con el diálogo y la lealtad al mandato del 1-O, como preso político” (Jordi Sánchez Picanyol), “Sí, como preso político y con lealtad al mandato democrático y al pueblo de Catalunya, por imperativo legal, lo prometo” (Jordi Turull i Negre y Josep Rull i Andreu) y “Sí, lo prometo desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal” (Oriol Junqueras i Vies).
Las fórmulas escatológicas de acatar la Constitución, consecuencia de esa malhadada sentencia que tenía que haber dicho, simplemente, la fórmula es: Sí, prometo” ó “Sí, juro” “y no cabe otra”, han degradado el Congreso (acentuado con el aliño indumentario de muchos diputados. ¿Se acuerda cuándo el presidente socialista de la cámara baja José Bono Martínez impuso la corbata a los hombres y obligó a usarla, incluso en verano, a Miguel Sebastián Gascón, el díscolo ministro de Industria de José Luis Rodríguez Zapatero?) hasta límites impensables hace años e intolerables para toda democracia parlamentaria que se precie, y siguen deshonrando otras instituciones, como el Consejo de Ministros, en donde sus miembros, saltándose el precepto constitucional recogido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que establece como fórmula: “Juro – o prometo- por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”, dicen ahora con labia y desafío: … las deliberaciones del Consejo de Ministras y de Ministros”, ó simplemente “…del Consejo de Ministras”. Otra gamberrada ante S.M. el Rey de desprecio a las formas que unas feministas radicales han llevado al Gobierno. Si la palabra que contempla la Constitución y ha declarado plenamente válida e inclusiva la Real Academia de la Lengua es Consejo de Ministros, ¿por qué diantres la tienen que cambiar estas señoras?
Y claro, en este peligroso descenso hacia la chabacanería en las formas, luego a la degradación de las instituciones y por último al debilitamiento del Estado y su desaparición, no podía faltar la pérdida progresiva de las tradiciones, que en España, a diferencia de ingleses, franceses, italianos o rusos, siempre han escaseado. La solemne Sesión de apertura de la Legislatura, la solemne Sesión de juramento o promesa de los ministros ante S.M. el Rey, la solemne Apertura del Año Judicial, la solemne Recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, la solemne celebración de la Pascua Militar, el Solemne Mensaje de Nochebuena de S.M, la solemne entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo,… dejan poco a poco de ser solemnes; es decir, ceremonias celebradas con majestuosidad y pompa, hasta devenir en actos anodinos a los que contribuye a veces TVE, relegándolos a un lugar inocuo de su programación, en vez de retransmitirlos en directo como hace con el desfile de las Fuerzas Armadas en el Día de la Fiesta Nacional o con los Premios Princesa de Asturias.
Los enemigos internos de España, cada vez más organizados, hacen todo lo posible para debilitar al Estado, trocearlo y borrarlo. Lo hacen con las formas, lo hacen con las tradiciones y lo quieren hacer ahora, penúltimo peligro extremo, cargándose el MIR, la caja única de la Seguridad Social, el sistema jurisdiccional y las selecciones deportivas nacionales: cuatro elementos vertebradores de primer orden. En el caso del MIR, despedazando la joya de la corona del espléndido sistema médico español y su máximo exponente de calidad, admirado por muchos países y copiado por algunos, de tal forma que un médico de Extremadura no pueda optar a una plaza de Cataluña. Con relación a la Seguridad Social, fragmentando su caja única y que vascos, catalanes y siguientes gestionen las pensiones y figure como pagador su gobierno (aunque el dinero proceda también del resto de españoles) para que no conste como abonador el Gobierno de España. En lo tocante al sistema jurisdiccional, una justicia única, con un único Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es la que está dando la cara en Cataluña y en Madrid para defender la Ley y el orden constitucional, creando otros 17 CJPJ con exclusiva competencia en su respectiva Comunidad autónoma. Y con relación a las selecciones nacionales deportivas, intentando que las autonómicas se enfrenten a la nacional.
Y lo peor no es que los independentistas quieran trocearnos y convertirnos en 17 mini Estados, lo peor es que hay en España un Gobierno social-comunista, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el mentiroso, que no está dispuesto a evitarlo. ¿Será capaz de tanta traición? ¿Los demócratas y constitucionalistas no tienen manera de impedirlo?