El problema y no se lo tomen a la ligera, son los jueces. No sólo porque en España sean imprevisibles, sino porque hay entre ellos un nutrido rebaño de alucinados, capaces de cualquier atrocidad.
No hace ni tres semanas que, afortunadamente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia del desquiciado Juzgado madrileño, que condenó a multas descomunales al autor de un poema burlón sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y a la revista que lo publicó.
La condena impuesta por el juez de la ‘cáscara amarga’ fue de 50.000 euros para el autor y de 20.000 para el comité de redacción de la publicación.
El tribunal consideró que prevalece el derecho a la libertad de expresión y estimó el recurso de la citada asociación contra la sentencia dictada en 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid.
Se impuso el sentido común, pero no es algo que tengamos garantizado, porque en muchos tribunales hay gente muy sensible a las presiones de la calle y del poder y ahora, aunque no nos guste, tenemos en el Gobierno de España a los de Podemos.
No cabe mayor hipocresía: mientras Pablo Iglesias intensifica su estrategia de acoso a Eduardo Inda, al que quiere meter en la cárcel, Podemos acaba de registrar en el Congreso su propuesta de reforma del Código Penal para la «protección de la libertad de expresión» con la que pretende despenalizar los delitos de ultraje a España, los insultos a la Corona o los comentarios vejatorios a las víctimas del terrorismo, entre otros.
Lo que pretende Pablo Iglesias es una libertad de expresión a la carta, de forma que los que comparten su ideología puedan tener todo el margen de maniobra del mundo para vilipendiar a instituciones y personas y, sin embargo, se pueda cercenar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, de los periodistas que no le bailen el agua.
Toda una demostración de sectarismo ideológico que revela la naturaleza totalitaria del personaje.
Iglesias busca un Código Penal a la medida de sus intereses, para que los suyos hagan y deshagan con total impunidad, mientras que los periodistas tengan que tentarse la ropa antes de publicar informaciones que no sean del agrado del vicepresidente segundo del Gobierno. La libertad de expresión que defiende Podemos no es la que consagra la Constitución, sino la que consagra el manual sectario de la formación morada.
Es, en suma, un intento grosero de crear un modelo de Estado en el que las leyes amparen exclusivamente a quienes comparten su código de valores y acribille a los discrepantes.
Lo que pretende Pablo Iglesias no es nuevo; al contrario, es el viejo método de ir degradando la democracia hasta convertirla en una mera apariencia de democracia, sin Estado de derecho y sin separación de poderes. O sea, Venezuela.
