Francisco Javier Gonzalez Rojo: «Postulado económico para un estado de confinamiento»

Francisco Javier Gonzalez Rojo: "Postulado económico para un estado de confinamiento"

Las crisis mal gestionadas provocan más pobres de los que ya lo eran y menos ricos mucho más ricos de lo que antes eran.

Las medidas económicas tomadas por el Gobierno tras la declaración del Estado de Alarma con el confinamiento de la población española parecen más condicionadas por los límites macroeconómicos de la economía española que por obedecer a criterios específicos de gestión. Pudiera parecer que, redondeada la posible capacidad de endeudamiento del Estado, ésta se utiliza para asumir una parte de los costes laborales de aquellas empresas obligadas a paralizar su actividad mediante una figura de la legislación laboral existente, poder disponer financiaciones excepcionales, sin cuantificar, según necesidades que vayan surgiendo por demandas de determinados colectivos afectados, y para disponer avales y medidas fiscales que dependerán de posibles concesiones de créditos y beneficios futuros. Es como anunciar que se llenará un depósito con el agua que se pueda pero sin conocer la que se vaya a consumir.

Bueno, debido a la urgencia por lo imprevisible de la situación, el Gobierno actúa conforme a postulados ya conocidos y con herramientas de las que dispone y con lo que financieramente pudiera, algo justificable y que, posiblemente, en estas circunstancias, haría cualquier otro, pero los resultados estarán al albur de cómo se utilicen esos recursos monetarios extraordinarios, ya que, al no depender de criterios y principios de gestión comprometidos, especificaciones cuantificadas, se favorece el descontrol y se permite arbitrar el gasto. Facilitaría, por ejemplo, que las modificaciones mediante órdenes legislativas se hiciesen en función de quien consiga mayor influencia social a través de los medios de comunicación. De esta manera, el control sólo podría consistir en un seguimiento cuantitativo. Se abriría el grifo para llenar los recipientes, según tamaño, de aquellos que consiguieran ponerse a la cola, sin saber quiénes ni cuántos.

Pongamos que no sólo basta con que el gasto público sea eficaz, -política económica- sino que debería ser, además, eficiente, -gestión económica-.

La coherencia es un principio básico en la toma de decisiones. Parece obvio que los países tengan previsto en sus Constituciones estados excepcionales que conlleven medidas extraordinarias como consecuencia de situaciones extremadamente graves para sus habitantes. Parece coherente que una situación impredecible como esta pandemia, provocada por un coronavirus bautizado como Covid-19, requiera actuaciones disruptivas y no convencionales. Parece coherente, también, que esas decisiones insólitas no se refieran exclusivamente al ámbito de la salud sino a todo aquello que, por lo mismo, tendrá consecuencias en los ciudadanos, especialmente en lo económico.

Aparte de presupuestar la disposición de doscientos mil millones de euros para atajar las consecuencias económicas de la pandemia por la clausura de la actividad en España por parte del Gobierno, las principales medidas y más inmediatas son la facilitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), aprovechando esa figura del Estatuto de los Trabajadores, y aprobar bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Se trata de una actuación parcial que solo afecta a parte del entramado empresarial y, por tanto, discriminatoria si la empresa no complementa la parte que puedan perder de su salario a los trabajadores afectados y para esas empresas, un alivio tibio. Así, el virus afectará de un modo desigual según se trate de políticos, trabajadores de empresas con actividad permitida o sin actividad, funcionariado o autónomos.

Se supone que el postulado económico del Gobierno se fundamenta en que en situaciones de crisis se debe aumentar el gasto público y los estímulos fiscales. Considérese una decisión disruptiva al continuismo: que el Gobierno durante el tiempo previsible de paralización de la actividad por el aislamiento, previsiblemente dos meses, se hiciese cargo del salario de los españoles.

Lo que se propone es que el Estado pagara todas las percepciones salariales de los españoles durante el período de confinamiento. Debería transferir a las cuentas corrientes, preferentemente a las que respaldan las tarjetas de crédito de los ciudadanos, el importe de un salario de solidaridad nacional (SdSN) igual para todos: desde el presidente del gobierno a la madre monoparental que solo cobra por asumir la dependencia de su hija con síndrome de down severo.

La solidaridad nacional se entiende mejor con la igualdad y es esa solidaridad en los momentos difíciles la que fomenta el espíritu nacional, ese convencimiento social de resistir y ganar la lucha al enemigo.

Como en España la digitalización probablemente no conozca la composición de las familias españolas, al menos, debería llegar ese ingreso del Estado a todos aquellos que cotizan a la seguridad social o sistema de pensiones o que cobren del Estado sueldos, pensiones contributivas o no. Los olvidados de la relación, los “sintecho” y “sinpapeles” pedirían poco, permanecer protegidos con alimentación, resguardo, medicación e higiene y alguna oportunidad y esperanza.

El montante de esa renta de garantía solidaria, igualitaria, en sustitución de los ingresos actuales, debería ser lo más alta posible y protegida, inembargable. Teóricamente debería ser superior al promedio del conjunto de la renta salarial actual del conjunto de los españoles para que sirviese de estímulo económico ya que la pérdida de rentas actuaría como factor recesivo.

Ese gasto público en forma de transferencia monetaria a los ciudadanos, en realidad, constituiría un ahorro confinado dado que el gasto en el período será en alimentación básicamente y el excedente, protegido de deudas y recibos pendientes, se trasladará al retorno a la actividad.

Imaginemos que aunque el importe del SdSN alcanzara el equivalente a la pensión máxima, el Gobierno estaría compensando los pagos de políticos, funcionarios, pensiones y ERTEs y la renta aprobada para autónomos. Previsiblemente no se llegaría a la cifra del rescate que se ejecutó con las Cajas de Ahorro. Como los pagos deberían realizarse con cargo a financiación extraordinaria no afectaría al fondo de la Seguridad Social por lo que las cotizaciones tanto de empresas como de los trabajadores, si no se recaudaran, se podrían compensar, en cierto modo, con el pago anual de impuestos. Conviene tener presente que, por congruencia, habría que aislar a la Seguridad Social, por lo que el gasto sugerido, como todo aquel que genere el sistema de salud debido al coronavirus, se debería acometer con aportaciones extraordinarias.

Otro aspecto en consideración de una medida como la propuesta es que tendría efectos inmediatos protegiendo a empresas y particulares de la erosión de la crisis económica al comienzo. Es probable que, cuanto más alto sea el ahorro confinado, mejor ayude a que se anticipe el periodo de recuperación económica.

La Unión Europea le hace tanta falta a España como España a esa Unión. Por ello, quizá algo muy sustancial y fundamental de una decisión política como la que se postula sería que, frente a la Europa insolidaria desconfiada de la picaresca de la Política española pero que utiliza ese argumento para justificar su insolidaridad pícaramente, se estaría presentando, para su financiación, una medida económica perfectamente evaluable, cuantificable y controlable que afecta a los ciudadanos españoles de la Unión Europea, no a su Gobierno ni al sustento ni la composición del mismo, que les ayudaría a superar una pandemia inevitable y que estos españoles, no tan pícaros, afrontarían con una solidaridad inigualable.

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