Es evidente que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Fernando Simón y demás colegas no crearon el coronavirus o son los impulsores en origen de esta pandemia.
Esa siniestra responsabilidad recae sobre las dictatoriales autoridades chinas, contra las que ya está en marcha una gigantesca demanda por 20.000 millones, por ocultar el mal, no informar al mundo y dejar que se extendiera.
De lo que si son culpables Sánchez, Iglesias, Calvo y el resto de la cuadrilla -tanto las dos docenas de peces gordos que se sientan alrededor de la mesa del Consejo de Ministros, como la nube de asesores, expertos, gurús, jefes de gabinete y colegas que flotan alrededor- es de que España se haya convertido en un ‘matadero‘ de ancianos.
Que tengamos las cifras de muertos e infectados más escalofriantes del mundo es consecuencia directa de la acción o inacción de un Gobierno chapucero, negligente, dolosamente irresponsable, que jugó a la ruleta rusa con salud de la ciudadanía, para llegar a ese 8-M feminista que les iba a dar un chute en la encuestas.
Un Ejecutivo sectario hasta la médula, que animado por los consejos publicitarios de Iván Redondo y las sugerencias demoscópicas de Tezanos, impulsó desde las televisiones públicas y privadas decenas de manifestaciones en toda España y con ello los contagios y la muerte.
Pedro Sánchez con su ‘gurú’ Iván Redondo.
No pueden alegar ahora que no sabían o que otros también se equivocaron, porque llevamos semanas presentado documentos, vídeos y testimonios donde se prueba que habían sido avisados por la OMS, por la UE e incluso por sus propios comités médicos.
Eran conscientes de que había un riesgo, pero atolondrados por ese cóctel perverso que es la mezcla de ignorancia, ideología y ambición, optaron por tirar para delante.
Y por tanto, si hay Justicia y en España se sigue respetando a los muertos, Sánchez y sus ministros deben terminar en el banquillo del juzgado.
Como sugerimos desde Periodista Digital en un reportaje sobre lo que está sucediendo en Hungría, no hay que desestimar la posibilidad de Sánchez y los suyos -los mismos que pactaron con los proetarras de Bildu para meterse a La Moncloa, metieron de Fiscal del Estado a la ministra del ‘Marlaska es maricón‘, se han abrazado a los golpistas catalanes para garantizarse la permanencia en el poder, tienen el Congreso semicerrado, aplican la censura previa a las ruedas de prensa oficiales y desvían dinero público a las televisiones de la Brunete Pedrete para ganarse su complicidad-, se salten hasta la Constitución en su huida hacia delante.
España debe seguir siendo un Estado de Derecho sometido al principio de legalidad y al control judicial de toda actuación pública y privada.
Y como alerta este 4 de abril de 2020 el diario ‘ABC’ en su editorial, la excepcionalidad de la pandemia explica y ampara medidas restrictivas de la vida ordinaria de los ciudadanos, pero siempre en el marco del estado de alarma acordado el 14 de marzo.
Y este tiene unos límites establecidos por la Constitución, y su ley reguladora de 1981, dentro de los cuales, a juicio de muchos juristas, no se encuentra la suspensión de derechos fundamentales como la que se está aplicando en estos días.
Por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución sólo permite la suspensión del derecho a la libertad de movimiento si está decretado el estado de excepción, lo que no sucede.
No se nos puede pasar por alto, atolondrados por la inmensidad de la tragedia y el temor a la ruina, que el decreto de alarma es aprobado por el Consejo de Ministros; el de excepción, por el Congreso.
Tanto Pablo Casado (PP), como Santiago Abascal (VOX) o Inés Arrimadas (Cs) deben poner sobre la mesa, que cobertura legal del estado de alarma se queda corta para la pretensión declarada de paralizar el país.
Y por divertida que sean la infantil reacción popular de los balcones o las constantes ocurrencias enviadas por Whatsapp, hay que empezar ya a preparar el futuro.
No es de recibo la tesis de que ‘ya habrá tiempo‘ o ‘no es el momento‘ de exigir responsabilidades a Sánchez y sus compinches.
Ni para los cientos de miles de autónomos a los que se ha condenado a la ruina, ni para los policías y guardias civiles enviados a trabajar sin protección, ni para los sanitarios exprimidos hasta la extenuación, ni para esos miles y miles de españoles que ha perdido a un familiar, sirven las excusas de mal pagador de este Gobierno.
España es un Estado de Derecho y quien la hace, la debe pagar.
