… Y en tiempos de pandemia, el Ministerio de Trabajo, al frente de la miembra de Unidas Podemos Yolanda Díaz Pérez, “está en manos de Comisiones Obreras” (CC.OO.), según un dirigente empresarial de reconocida autoridad. Y lo vemos estos días aciagos constatando que los dos sindicatos mayoritarios se han asociado con Podemos para imponer sus reglas colectivistas por encima de los responsables económicos del Ejecutivo y pasándose por la entrepierna a la CEOE y al diálogo social. Ahora que tienen la sartén por el mango, a sartenazos contra la economía, contra el empresario privado y contra el autónomo.
La titular de esa cartera, cerebro económico de Podemos en el Gobierno y laboratorio de ideas de su jefe Pablo Iglesias Turrión, el frasecitas, empeñado en dinamitar el sistema político, económico e institucional que tenemos-, habla de “nosotras las trabajadoras”, ¡siendo ministra de todos!, y sigue empeñada en anular la reforma laboral, nacionalizar, colectivizar, quitar protagonismo a la empresa privada y hacer lo que quieren su líder y los ocupas del Paseo de la Castellana, 63. Impuso la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI),que le supuso al empresario 1.250 euros brutos en cada una de las catorce pagas anuales, para los 950 netos del trabajador en esos 14 estipendios; o lo que es lo mismo: 1.458 euros para el empresario y 1.108 para el trabajador, en doce pagas, y se negó a revisar al alza los miles de contratos de servicios que las administraciones públicas tenían firmados con empresas privadas para la atención a la tercera edad en viviendas, centros de día de mayores o residencia geriátricas; para el control de pasajeros en aeropuertos y estaciones de ferrocarril, limpieza de calles y edificios, cuidado de parques y jardines,…, en los que el margen del beneficio no supera el 5%. Esas empresas se tuvieron que comer el marrón, atarse los machos, trabajar quizás a pérdidas y estar calladitas ante el fuerte, que les dijo: si pías te vas. Y ahora, en estos días de cólera, el cuarteto Iglesias-Díaz-CC.OO-UGT sigue barriendo para casa sin importarle la fuga de capitales, la destrucción del tejido empresarial y la economía de mercado, a la que, con el beneplácito y la aprobación de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, está llevando a la morgue.
Es evidente que la CEOE firmó el acuerdo del SMI porque, como ha hecho siempre, fue posibilista y buscó el mal menor. También para que no se apruebe otro de 1.516 euros por doce pagas (1.166 para el trabajador) que pretenden Podemos y sus asociados, sin participación de los empresarios, como ocurrió en 2019, cuando Unidas Podemos, el PSOE, UGT y CC.OO lo fijaron en 1.050 euros en doce pagas. En resumidas cuentas, en lo que llevamos de 2020 el SMI ha subido 58,3 euros mensuales respecto al anterior de 2019, lo que supone un aumento del 5,6%. Este incremento es mayor que el del IPC de 2019, que fue del 0,8% y conlleva un notable aumento del poder adquisitivo de esos trabajadores en el último año. De los 97 países que tienen salario mínimo, España ocupa el puesto 17.
La batalla con la CEOE se ha desencadenado ya por las consecuencias económicas de la pandemia en sí y por algunas de las medidas adoptadas estos días. Será cruenta porque no se creará empleo con la intensidad deseable si la estructura actual de costes laborales no se adapta a la nueva realidad económica. Será cruenta si Iglesias , con CC.OO en los despachos, UGT en los pasillos y su ministra en la planta noble, sigue adueñándose de la agenda del Ejecutivo y, además de continuar atacando a la propiedad privada, a la libertad de empresa y al libre comercio, se empeña en subir el SMI a esa cifra en 2023, como firmaron y prometieron. Si los pequeños propietarios agrícolas y el resto de minúsculos empresarios, incluidos los autónomos, sobreviven para entonces, acamparán en la Castellana, comerán de lo que produzcan los huertos urbanos y ecológicos montados por los estupendos e imbéciles políticos urbanitas, y beberán los improperios de “derecha terrateniente y carca” que riega a manguerazos el renegado asturiano, secretario general de UGT, independentista y camorrista, Josep María Álvarez Suárez (Pepe Álvarez). Como ha señalado el economista José Luis Feito Higueruela en ABC, “Se trata de los riesgos de socialización estructural de la economía que siempre se multiplican en tiempos de zozobra, especialmente allí donde las coaliciones políticas gobernantes albergan idearios contrarios a la economía de mercado”.
La CEOE tendrá que lidiar otros morlacos, además de recuperar la actividad económica previa a la pandemia y salvar el tejido empresarial: la posible sustitución de la actual ley laboral por otra a gusto de los zánganos y deseada por Díaz Pérez e Iglesias Turrión, en la que, además de prevalecer el convenio de sector sin flexibilidad de plantilla sobre el de empresa con flexibilidad, se impida a las compañías la subcontratación. Será la voladura del diálogo social “porque la CEOE no está para sustituir a la oposición en las Cortes Generales” y la remisión de todo al Congreso, en donde el Gobierno buscará el respaldo de quienes le auparon a la Moncloa, y la oposición querrá contar con el PNV y otras minorías que no están de acuerdo en seguir transitando por un camino que lleva a la ruina económica, al fin de la clase media y a un nuevo enfrentamiento de clases. Y un dato: en el último trimestre de 2019 no se creó ningún nuevo puesto de trabajo privado. Todo fue público y la que más contribuyó fue Correos: 4.055 nuevos contratos fijos por oposición pública. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se destruirán en este aciago primer semestre? Nadie lo sabe aún, pero póngase en lo peor.
Panorama oscuro y preocupante en estos tiempos de pandemia. Tiempos recios, que titularía Mario Vargas Llosas.
