La COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite con extrema facilidad, lo que, junto a una considerable tasa de letalidad, está provocando la mayor crisis sanitaria, social y económica en Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Médicos e investigadores consideran que el confinamiento es la medida adecuada para combatir al virus. Sin embargo, creen que dicha medida no será suficiente para erradicar la enfermedad y, entre los escenarios contemplados, admiten que es posible que el SARS-CoV-2 haya venido para quedarse.
La solución que algunos expertos en enfermedades infecciosas proponen es utilizar la geolocalización de los teléfonos móviles con el objetivo de poder conocer todas aquellas personas que hayan entrado en contacto con un individuo que haya dado positivo en SARS-CoV-2. Si este individuo hubiera estado en los últimos días en un vagón de cercanías, hubiera cogido un vuelo o hubiera asistido a una obra de teatro, sería posible identificar y aislar a todas aquellas personas con las que hubiera tenido contacto y así evitar una nueva expansión del virus transmitida por individuos asintomáticos.
Imaginemos que España decide adoptar esta medida basada en la geolocalización. La sociedad debería estar contenta de que haya sido posible crear una herramienta para minimizar el impacto futuro de la COVID-19. Sin embargo, alguien podría hacerse la siguiente pregunta: si los movimientos de todos los ciudadanos quedan registrados, ¿podrían saber dónde y con quién he estado? Efectivamente, sí, podrían. Y a pesar de que los sistemas que almacenaran dicha información deberían contar con fuertes medidas de seguridad, el riesgo cero no existe. Así que, en algún momento, aquel desliz o escarceo del que ya ni te acordabas podría romper tu matrimonio, como les pasó, por ejemplo, a tantas personas registradas en la web de citas Ashley Madison a raíz del ataque informático sufrido por ésta.
La regulación europea en materia de protección de datos es muy estricta y, como regla general, no se pueden tratar datos sin el consentimiento inequívoco de los afectados, razón por la cual los infieles podrían decidir no dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos de geolocalización. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) reconoce explícitamente en su considerando 46 que el tratamiento de datos personales será lícito en casos excepcionales, como cuando sean necesarios para el control de epidemias y de su propagación o para proteger los intereses vitales del interesado u otras personas físicas. Es decir, la COVID-19 podría convertirse en el pretexto perfecto para implantar el Gran Hermano del novelista inglés George Orwell.
El SARS-CoV-2 no sólo causará un gran número de muertes en todo el mundo, sino que cambiará nuestros hábitos sociales. Si finalmente medidas tecnológicas como el rastreo de ciudadanos se impusieran, nuestra privacidad podría verse gravemente afectada. Sólo aquellos que no tuvieran nada que esconder se sentirían cómodos con una solución como ésta, porque serían conscientes de que los beneficios de la misma superarían con creces los inconvenientes. Otros, quizá, no verían con buenos ojos la implantación de la medida. El SARS-CoV-2 podría acabar con su infidelidad.
