Desde mi constitucional derecho a la libertad de expresión, y en defensa del Estado de derecho y del imperio de la ley, dirijo estas líneas a Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior y Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en situación de servicios especiales aunque los hechos que figuran a continuación no lo demuestren.
Durante los 22 meses que lleva al frente del Ministro del Interior, y a pesar de mis numerosos requerimientos, viene vulnerando sistemáticamente la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en cuanto a la tramitación de actos religiosos se refiere, abdicando de las funciones que le corresponden de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, además de renunciar a hacer cumplir dicha ley tolerando que los organizadores de tales actos soliciten autorización a sus ayuntamientos para los mismos en lugar de comunicarlos a las correspondientes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno como determina nuestra Constitución y la citada Ley Orgánica 9/1983.
Estos hechos constituyen todo un reto a la paciencia y a la concordia, amenazan la paz social y constituyen una censurable y punible ejecutoria de ineludible rectificación, por cuanto ante sus reiteradas ofensas a mi dignidad personal durante los 22 meses de permanencia en su cargo, y puesto que las personas sólo son respetables en la medida en que respetan, es indiscutible que su actuación política durante este período avala estas líneas en mi legítima defensa y respalda la recíproca por mi parte e impone una firme defensa del Estado de derecho y de la dignidad humana sin ahorrar ningún esfuerzo.
Este proceder de Grande-Marlaska infringe los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, según los cuales todo ejercicio de los poderes públicos debe realizarse de acuerdo con la vigente ley y su jurisdicción, condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de derecho y no un estado de desecho, nunca sometido a tu voluntad de mal imitador de un dictador al que, igual que tus colegas ideológicos, has agraviado tanto como copiado.
Permitir que los ayuntamientos autoricen o denieguen los actos religiosos en la vía pública, supone tolerar la comisión del delito de del delito de usurpación de atribuciones por parte de los consistorios, además de no imponer a sus promotores las sanciones que establece la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana por la celebración de actos religiosos sin la preceptiva comunicación a las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.
El displicente silencio de Grande-Marlaska a mis numerosos requerimientos de respeto a la ley tolerando que los ayuntamientos, entre ellos nada menos que el de Madrid, continúen vulnerando una Ley Orgánica, proyectan una imagen perniciosa para España y los españoles reconociendo implícitamente plena soberanía a los mismos para actuar al margen de la Constitución y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico, al igual que las disposiciones independentistas del Parlamento y Generalidad de Cataluña.
Reseña especial merece la noticia difundida por los medios de comunicación según la qu,e recientemente, Fernando Grande-Marlaska, con intenciones tan mendaces como sospechosamente agresivas hacia un rival político, ha remitido una circular a las delegaciones del Gobierno con instrucciones y un modelo para tramitar las sanciones impuestas a quienes incumplen las restricciones del estado de alarma, fijando criterios a los agentes de la autoridad para la recogida de esas denuncias.
Consiguientemente, la inteligencia más elemental, la buena gobernanza, el respeto a la indisoluble unidad de la Nación Española proclamada en nuestra vigente Constitución, el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales, exigen el inmediato requerimiento del Ministerio del Interior del cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, a las siguientes entidades concernidas en el presente asunto comunicándoles asimismo las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, acción de la que solicito copia:
Conferencia Episcopal Española.
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Entidades locales.
Comunidades Autónomas vasca, navarra y catalana, con competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Dirijo este mensaje al Presidente del Gobierno, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Presidenta y Vicepresidente 4º del Congreso de los Diputados, a fin de que por propia iniciativa y en cumplimiento de sus obligaciones promuevan en sus respectivos ámbitos institucionales las acciones necesarias en defensa del Estado de derecho y el imperio de la ley: si así lo hacen, que el pueblo español se lo premie y en caso contrario se lo demande.
