Las mafias internacionales y las ONG que viven de la pobreza; es decir, las que, como dijo Joaquín Leguina Herrán, sus clientes son los pobres y lo que las conviene es que aumente la clientela, están frotándose la manos ante la implantación en España del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según el ministerio de Seguridad Social, titular de la cosa, afectará a un millón de hogares y cerca de tres millones de personas, con un coste anual de unos 6.000 millones. Casi toda África, buena parte de Hispanoamérica y un pedazo de Oriente Próximo están en el objetivo de esas organizaciones para traer a España ilegales ante tan suculento caramelo.
Y la inmigración que llega por la frontera como turista y luego se queda de ilegal los tres años que marca la ley, guardando recibos y otros documentos que atestigüen que lleva en España el tiempo acreditativo para inscribirse como legal, se apresta también a viajar para gozar al poco de ese IMV que tendrá “un coste significativo” (pero creciente porque cada vez habrá más demandantes que cumplan los requisitos para percibir los 500 euros mensuales), será “permanente”, dirigido a los hogares y complementario con las rentas mínimas que abonan hoy las comunidades autónomas: entre 465 y 774 euros, aunque en ciertos casos llegan a más de 1.200 con hijos a cargo, y lo pagará la mermarte clase media y las generaciones futuras. Son el reservorio de votos, el clientelismo electoral de Pablo Iglesias Turrión, el frasecitas impulsor de este IMV para perpetuarse en el poder a base de hacernos pobres y dependientes de las coimas. Porqué establecido por el Gobierno sociocomunista, ¿un Ejecutivo de derechas tendrá valor para retirarlo? Por lo general la derecha no deroga nada y acaba por asumirlo para evitar protestas y porque una vez en vigor es muy difícil cancelarlo.
Según algunos economistas, una prestación de este tipo debe ser temporal, europeo, ligado a la formación profesional para mejorar la empleabilidad de los beneficiarios, buscando siempre la transitoriedad de estos subsidios para que su cobro no se cronifique, e incompatible con otras ayudas públicas para que no desincentive la búsqueda de empleo y no aumente el trabajo en negro y, en consecuencia, la economía sumergida, que en España está ya, según Funcas, entre el 18,5% y el 24,5% del PIB, casi el doble de la media de la OCDE y de la UE. Y el IMV no va a ser así, sino una dádiva fija para besar la mano al dadivoso, que añadida al aprobado general en todos los niveles de la educación que acaba de aprobar el Gobierno para arrasar con el esfuerzo y los méritos de los estudiantes responsables e implantar el igualitarismo, va a desgastar a lametones el miembro del generoso hasta dejarlo en las raspas. El sindicato de profesores AMPE ha pedido la retirada de la orden ministerial (considerada inconstitucional por vulnerar el artículo 149.1.30) porque “conculca los valores de esfuerzo, mérito o igualdad de oportunidades en el alumnado, agranda la brecha ya existente en el territorio nacional y resta valor al trabajo que nuestros docentes están realizando con esfuerzo, dedicación y gran profesionalidad”.
Contra lo que dicen los voceros oficiales, el IMV no tiene nada que ver con las ayudas que han otorgado otros gobiernos en distintas partes del mundo durante la coyuntura del Covid-19. Mientras que el IMV es permanente, las otras son extraordinarias y por una sola vez. Es lo que han establecido Japón: 100.000 yenes (854 euros) para cada japonés por los quebrantos económicos del coronavirus, y EE.UU.: un cheque de 1.200 dólares para 70 millones de estadounidenses. Todo esto con independencia de las medidas fiscales y económicas que los gobiernos democráticos, incluido España, han aprobado para dotar de liquidez a sus respectivos sistemas económicos, apoyar el tejido industrial y ayudar directamente a las empresas, autónomos y trabajadores.
España, que se incorporó más tarde al proceso de protección social, dedica el 24,6% del PIB a ese capítulo, un 4,6% menos que la media de la Unión Europa (UE): 29,2%. Una cuarta parte de lo que se produce cada año se destina a cubrir las demandas sociales: enfermedad, vejez, invalidez, familia, vivienda y exclusión social, además de la asistencia sanitaria gratuita para quienes no cotizan a la Seguridad Social y la enseñanza básica gratuita, incluida la comida en los comedores escolares, para los perceptores de esas ayudas sociales. Aumentar este porcentaje en pro de la cohesión social siempre será deseable, pero antes deberían clarificarse las cuentas, reducirse el déficit del Estado (en torno al 118% del PIB) y el de la Seguridad Social (17.000 millones y creciendo) y diseñar una herramienta que no invada competencias de las comunidades autónomas, que no desincentive la búsqueda de trabajo (¿qué es mejor: ganar 500 euros sin trabajar o 1.000 haciéndolo legalmente?), que no aumente la economía sumergida y los defraudadores, y que no produzca el efecto llamada de la inmigración ilegal. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Luis Argüello, ha declarado que “no debería tratarse de un subsidio permanente porque se podría convertir en una coartada para retirar a las personas del empleo” y el escritor y politólogo Xosé Luís Barreiro Rivas ha subrayado que “la paradoja de la renta mínima vital es que en los países que pueden pagarla no es necesaria, y donde es necesaria es muy difícil pagarla. Si tuviésemos una deuda del 50% del PIB, un déficit del 1% y un paro por debajo del 6% (es decir, si viviésemos en Alemania), la renta mínima vital no sería discutible porque su coste sería asumible por los contribuyentes, sin afectar a la calidad de los servicios públicos y a la competitividad de las empresas. Sería, pues, una simple transferencia de rentas que funcionaría para el conjunto de la economía”. En 2017 Finlandia hizo un experimento de IMV con 2.000 desempleados escogidos al azar a los que les dieron 560 euros al mes. La prueba se suspendió porque no buscaron empleo, aunque sí se sentían más felices y menos estresados. En Canadá, también en 2017, se puso en marcha en las ciudades de Hamilton, Lindsay y Thunder para 4.000 personas y durante tres años. Al año se suspendió porque el pago mermaba la búsqueda de empleo. En Irán, el régimen de los ayatolás concede desde 2011 un pago equivalente al 29% del ingreso medio de los hogares. Sigue porque no afecta de manera apreciable a la búsqueda de trabajo.
Si queremos ser como Irán, aunque sin petróleo, el IMV le vale al dúo Sánchez-Iglesias para sus fines políticos, y para las mafias internacionales y esas ONG que se dedican a recoger en el mar a los inmigrantes ilegales que les mandan en patera los traficantes de seres humanos, obstaculizando y reemplazando (¿hasta cuándo?) a los servicios de salvamento marítimo de los países miembros de la UE. Pero si aspiramos a seguir en el grupo de naciones serias y de cabeza, mientras nuestras cuentas no estén saneadas aprobarlo ahora con prisa y sin aquilatar el delicado mecanismo que conlleva este pago en un país de bajos salarios como España sólo nos conducirá al fracaso, al voto subsidiado y al definitivo rechazo de los ricos de la UE a pagar nuestros dispendios.
