El Gobierno de Pedro Sánchez utiliza el tópico “Nueva normalidad” para referirse a un momento inmediato de reconstrucción, una vez superada la crisis del “coronavirus”.
La expresión tiene origen anglosajón, y empezó a emplearse en 1919, con motivo de la gran pandemia de gripe que invadió y traspasó Europa después de la primera Guerra Mundial del Siglo XX.
Más que una propuesta de plan de normalización social para un futuro venidero, como relanzamiento o recuperación, se debe contemplar el dicho retórico en este momento presente, y en sentido inverso, aludiendo críticamente a su significado opuesto, que es la “anomalía”.
Es, aquí y ahora, el modo de hacer, irregular, con el que se ha abordado la gestión de la cosa pública en el tiempo de crisis pandémica del “coronavirus”; que ha traído desastre de salud pública y derrota de la economía española, rompiendo la normalidad habitualmente vivida.
Desde esta perspectiva, “nueva anomalía” es un “boomerang” que cae sobre el gobierno social-comunista, que quiere dar a entender su compromiso de “nueva normalidad”: es la mala praxis o pésima gestión del bienestar social, que un equipo de Gobierno, mal dirigido y peor aconsejado, ha puesto en práctica, con acento “progresista” para desgracia de la nación española, abocada a la ruina social con mala salud.
Porque, efectivamente, ha habido desgobierno y muy mala gestión en los distintos aspectos del proceso de la pandemia: muy mal comienzo, no actuándose pronta y prudentemente, al preferirse exigencias de ideología partidista frente al bien social de los españoles; irregularidades en el estado de alarma, en el confinamiento de la población, en la comunicación veraz y ajustada a los ciudadanos, en la desatención y perjuicios de los profesionales sanitarios, en la adquisición y distribución de los materiales y recursos de diagnóstico y hospitalización de enfermos, en la desatención o desoimiento de las recomendaciones y avisos urgentes de las instituciones internacionales y europeas de “Salud Pública”; en la poca credibilidad de los datos, cifras y valoraciones ofrecidos por los informes oficiales; en el desconocimiento por la opinión pública de las cifras de afectados y de fallecidos según datos del Registro Civil Sanitario…
Los perjuicios sociales, económicos, sanitarios, de convivencia…, han sido tantos y tan onerosos, a nivel individual e institucional, que la anómala gestión sanitaria y económica de la crisis ha hecho que se multipliquen los casos de demandas civiles y acusaciones penales contra los responsables de la Administración, con procedimientos judiciales ante los correspondientes Tribunales; entre otras, las actuadas por los Partidos Parlamentarios Vox y PP, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CSIF, Consejo General de Enfermería, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Abogados Cristianos, etc…, atribuyéndose al Ejecutivo delitos varios: de omisión del deber de socorro, de prevaricación, de imprudencia grave con resultado de muerte, de lesiones a los derechos económicos de Empresas, Autónomos, Trabajadores…, imputándose responsabilidades patrimoniales al Estado, por presuntas negligencias y falseamientos en compras irregulares de material sanitario, daños sufridos por invasión de ámbitos competenciales, funcionamiento anormal y peligroso de servicios públicos, gestión negligente de residencias de ancianos, desprotección al personal sanitario de hospitales y a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Es de destacar la imputación dirigida contra el Delegado del Gobierno en Madrid, presentada en un Juzgado de la Plaza de Castilla, por delito de prevaricación, al autorizar la nefasta Manifestación del Dia de la Mujer, el 8 de Marzo, cuando había evidencia de signos de contagio entre la población que acudió a la concentración en el Centro de Madrid y fue el detonante de la expansión del contagio masivo en la capital.
La destacada Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, de acreditada autoridad, ha escrito en el periódico El Mundo, el día 4/05/2020, un articulo medular en el que se recogen meollos sustanciales de aspectos judiciales de la anómala gestión del Gobierno:
“Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades… Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad”.
“Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio”.
“Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prorroga del estado de alarma que garantiza al gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad”.
“Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relacion guardan con las razones sanitarias de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma”.
“En su cautiverio la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados”.
“…hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de las redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la critica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relacion, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis”.
“Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, si, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica, a riesgo de introducir malestar y tensión, contribuya a la construcción de la ética pública. Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instalaciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal”.
