La televisión pública en España sigue de escándalo en escándalo su senda vergonzante e inconstitucional. Y ese sórdido cometido de dividir a los españoles en lugar de unirlos no ha cesado ni en estos meses de confinamiento en los que ha registrado récores de audiencia propios de su esplendor de antaño.
Según Ricardo Vaca Berdayes, fundador y PDG de Barlovento Comunicación, durante el enclaustramiento los españoles hemos pasado de consumir cuatro horas diarias de televisión, a casi seis y media, ¡con puntas de 10!, sumadas a los 160 minutos dedicados a otras pantallas conectadas a Internet para cotillear y jugar. Y en este tiempo de clausura la televisión pública catalana TV3, con la plantilla de directivos, técnicos y presentadores que tiene en nómina para envilecer su causa, ha seguido adoctrinando en el independentismo, insultando a la mayoría de catalanes y mofándose del resto de españoles. La vasca ETB ha utilizado al perro de presa de caserío Xavier Lapitz González, profesional de la infamia, para hacer escarnio de lo muertos en Madrid por Covid-19 y comparar la solemne ceremonia de clausura de la morgue instalada en la pista del Palacio de Hielo con un partido de la selección española de hockey, y RTVE, verdadera anomalía democrática en manos de una administradora única y provisional (¡llegó para tres meses, lleva desde el 27 de junio de 2018 y el PSOE y UP mantienen en vía muerta parlamentaria el concurso público del que tiene que salir un consejo de administración estable!) puesta a dedo por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que no ha comparecido en la Comisión mixta de Control Parlamentario de RTVE del Congreso y del Senado porque sus jefes Sánchez y Pablo Iglesias Turrión, el dúo de la bencina, alegaron que Rosa Maria Mateo Isasi es “población de riesgo” para el coronavirus por tener 78 años, y para que la oposición no pueda pedir explicaciones por el abuso descarado del presidente en sus comparecencias televisivas sabatinas soporíferas e interminables en horas de máxima audiencia, mientras ha ignorado intencionadamente la actividad de SS.MM. los Reyes y sus 250 actos con todo tipo de personas e instituciones. Un insulto a la ciudadanía y otra bofetada a una democracia aherrojada.
Desde 2004, los espectadores de las televisiones públicas son los que se identifican con el gobierno del territorio correspondiente. TVE ha perdido audiencia (a día de hoy la de la 1ª es del 9,1%) porque los espectadores-votantes de PSOE y Podemos, descontados los independentistas catalanes (ERC y PDeCAT) y vascos (PNV y Bildu) que les atornillaron a la Moncloa y que ven la suya por fervor y obligación militante (TV3 y EITB, respectivamente), suman menos que los espectadores-votantes de PP, Ciudadanos y Vox, que ejercen oposición al gobierno de Sánchez y han abandonado TVE para nutrirse de las privadas nacionales.
Es lo que ocurre cuando los medios públicos son del ejecutivo de turno y no de la ciudadanía, representada en las instituciones de la sociedad civil, además de en sus Parlamentos. Fruto del desatino, del dividir a los españoles ahondando en las diferencias en lugar de unirlos en lo común, es que sus audiencias no son la suma de todas las ideologías sino que se trasvasan, suman y restan según quién gobierne. Además, la pregunta que deberíamos hacernos es si TVE debe ser líder de audiencia o dejar esta meta a las comerciales y ella dedicarse a cumplir con los objetivos que le impone la Ley 7/2006, el Mandato Marco y el Contrato Programa, que entre otras finalidades señala la cohesión social, una programación de calidad que haga compatible la rentabilidad social y la máxima cobertura; satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento; difundir la identidad y diversidad social; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los valores constitucionales, garantizando el derecho de acceso. En otras palabras, cubrir los importantes huecos que deja la televisión privada comercial y la de pago; estar a la vanguardia tecnológica, apoyar, promover y difundir en el mundo la marca España y la gran obra de la Civilización Hispánica, que debe ser política de Estado, a través de nuestra cultura, ciencia, industria, deporte, gastronomía, historia…, y vertebrar la nación cosiéndola por donde la descosen los independentistas con el uso torticero y descarado de “su” tv pública autonómica. Es lo que hace la BBC, lo que antaño ha hecho TVE, produciendo series admirables como Isabel, y lo que debería hacer con los demás protagonistas de la historia como Hernán Cortes, Francisco Pizarro, Juan Sebastián Elcano, Blas de Lezo, Núñez de Balboa, Francisco de Orellana, Francisco de Vitoria, el Duque de Alba, Nicolás de Ovando, Fray Juan de Garrovillas, Juan Ginés de Sepúlveda, la Escuela de Salamanca y tantos y tantos que engrandecieron la patria y construyeron el mayor Imperio conocido, expandiendo hasta sus confines un idioma, una religión y una cultura heredada de Roma.
Nada de esto hace TVE. Tan solo competir con las privadas en programas de poca calidad y en manipulación informativa y adoctrinamiento con las públicas autonómicas, con unos comités de información escorados a la izquierda y al comunismo, cuando no militando con descaro en el independentismo. En la gobernanza de RTVE y de todas las radios y televisiones públicas autonómicas hay ausencia absoluta de las grandes instituciones y fundaciones civiles españolas que, bajo la protección de la Corona y con forma de Carta Real, como en la BBC, deberían dirigir y tutelar las distintas corporaciones públicas para que, con un presidente elegido en su respectivo Parlamento por mayoría de dos tercios, sean de todos, sin intromisión del ejecutivo de cada lugar y como contrapoder del poder legítimamente constituido. Y es así porque ningún gobierno ha renunciado a manejarlas, que es para lo que nacieron todas las televisiones públicas, además (excepto RTVE y gracias a un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) de para competir deslealmente con las autonómicas privadas, al financiarse con publicidad y subvención directa e indirecta (propaganda gubernamental). Razón por la que, excepto en Cataluña y Galicia, en las demás Comunidades Autónomas en las que hay televisión pública no han sobrevivido las privadas.
Cuando se creó TVE en 1956, adscrita a la Dirección General de Radiodifusión (1945) y dependiente del Ministerio de Información y Turismo, se cuenta (y se non è vero, è ben trovato) que el ministro de Hacienda, Francisco Gómez de Llano, propuso en consejo de ministros presidido por Francisco Franco Bahamonde que para su financiación había que establecer un canon finalista sobre los propietarios de un aparato de radio o televisión, como se hacía en los demás países europeos. Otro miembro del Gabinete, probablemente el titular de Información y Turismo, Gabriel Arias-Salgado y de Cubas, dijo que no parecía oportuno ese impuesto porque limitaría el número de espectadores y lo que interesaba con TVE era adoctrinar a la población en las virtudes del Régimen. Franco calló, prevaleció el criterio de Gómez de Llano y se estableció el canon. Pero su cobro resultó tan complejo y caro para la ineficaz y casi inexistente Hacienda Pública de entonces, que se optó por suprimirlo. Así fue como TVE, junto con la televisión pública portuguesa, creada en 1957 durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, fueron las dos únicas de Europa que no se financiaron con un impuesto ligado a la tenencia de un aparato de radio, luego de un televisor y ahora a la titularidad de una vivienda, oficina, local comercial o inmueble.
Portugal lo fijó en 2003 y España sigue siendo el único país de la OCDE y de la UE que no lo ha hecho, a pesar de que en 2009 UTECA propuso a los grupos parlamentarios un canon de tres tramos: el primero para financiar RTVE, el segundo para la radio-televisión pública autonómica y el tercero para la municipal. De tal forma que si un ciudadano de Barcelona tenía acceso hertziano a RTVE, a TV3 y a la televisión municipal de esa capital, pagaría el 100% del canon. Por el contrario, si el de Soria sólo tenía acceso a RTVE, pagaría un tercio. En aquél entonces la cantidad anual calculada era de 30 euros por propietario de vivienda, oficina, local comercial o inmueble. El canon lo cobraba la Hacienda estatal y luego lo transfería a las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados por ese impuesto finalista. A todos les pareció una idea formidable, todos dijeron que lo propusiese el Gobierno y ellos lo apoyarían, pero ni el gobierno del PSOE, primero, ni el del PP, después, ni los independentistas en todas las ocasiones, quisieron perder su control y dominio. Y así seguimos.
