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Aunque los periodistas de la Brunete Pedrete traten de embarullar, el asunto es sencillo: el ministro Grande-Marlaska ha cesado con urgencia al jefe de la Guardia Civil en Madrid por obedecer a una juez y no filtrar al ministro un atestado policial concerniente al delegado del Gobierno en Madrid. Y eso, en una democracia, apesta a mierda.
Finales de mayo y el Ministerio de Trabajo parece incapaz de ofrecer cifras fiables de los trabajadores afectados por un ERTE que están pendientes de cobrar.
La tarea es difícil, sin duda, sobre todo para un Gobierno que cada dos por tres cambia el método de contar las cosas.
Este mismo 25 de mayo de 2020, tras tres meses de pandemia borró de un plumazo de las cifras oficiales casi dos mil muertos que hasta anteayer figuraban en la estadística de fallecidos por el Covid-19.
No se trata de un desajuste leve, de apenas unas decenas, sino de miles de muertos a cuyos familiares habrá que comunicarles que han muerto de otra cosa. O no…
Este Gobierno infame es capaz de todo, hasta de traficar con los cuerpos de los fallecidos por el coronavirus.
El Ministerio de Sanidad ha reflejado en su último balance 26.834 fallecidos por la pandemia, 1.918 menos que en el anterior recuento.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo ha achacado a un nuevo cambio de criterio -uno más-con el que se pretende ofrecer una visión más pegada a la realidad.
Empieza así la «desescalada» de muertos por coronavirus, un proceso de descenso paulatino del número de fallecidos que terminará donde el Gobierno socialcomunista quiera.
Al final, darán la cifra que les interese, porque han sido tantos los cambios estadísticos que es sencillamente imposible determinar cuántos muertos ha dejado la pandemia.
Resulta sencillamente obsceno que el Gobierno practique juegos contables sobre los cuerpos sin vida de decenas de miles de personas.
Es una estrategia innoble más propia de trileros que de un Ejecutivo comprometido con la verdad.
¿Dónde están los muertos en las residencias de mayores?
¿Por qué el Ejecutivo se niega a incorporarlos a la estadística si las Comunidades ya han ofrecido los datos al Ministerio de Sanidad?
En lugar de añadirlos, lo que hace el Gobierno es guardarse los datos y, de paso, ir rebajando el número de fallecidos con la excusa de un nuevo cambio de criterio que lo que pretende es distorsionar de tal modo la realidad que sea absolutamente imposible saber cuántos muertos se ha cobrado la pandemia.
Bajo un supuesto y falsario cambio de criterio, el socialcomunismo ya no suma muertos, sino que los resta.
Como si la vida perdida de decenas de miles de personas pudiera ser objeto de un acto de prestidigitación con el que el Gobierno de Pedro Sánchez hace desaparecer, de un día para otro, 1.918 fallecidos.
En realidad, no son 26.918 los muertos, sino muchos más.
Según sus últimos datos actualizados, la Comunidad de Madrid informa de 14.581 fallecidos con sospecha o con confirmación de Covid-19 según su certificado de defunción, 5.895 más de las que dice Sanidad.
Por su parte, Cataluña ha informado de un total de 11.848 las víctimas mortales por esta enfermedad desde el inicio de la epidemia, 6.273 más que lo que dice el Gobierno.
Es la prueba de las mentiras de un Ejecutivo que pretende eludir su responsabilidad maquillando el rostro de la tragedia.
Sencillamente nauseabundo.
