Son de vergüenza ajena y cuesta asumir que todavía haya un nutrido contingente de ciudadanos españoles que se traguen las mentiras de Pedro Sánchez y su cuadrilla
Para este Gobierno, la culpa siempre es de los otros: de la Guardia Civil, de la Policía, de los medios de comunicación.
Para tapar su incompetencia, siempre busca alguien a quien cargarle su irresponsabilidad y negligencia.
Preocupado -es para estarlo- del alud de demandas que se le viene encima por su nefasta gestión de la crisis sanitaria, y especialmente por la priorización de los pacientes en hospitales durante los momentos más duros de la pandemia debido a la escasez de recursos disponibles, el Ejecutivo se defiende asegurando que las indicaciones oficiales eran meramente «orientativas», dejando abandonados a su suerte a los profesionales que las aplicaron.
Los sanitarios se vieron obligados a aplicar determinados criterios a los pacientes en función de sus posibilidades de supervivencia.
La carencia de recursos para la atención de los enfermos obedeció fundamentalmente a la imprevisión del Gobierno, que ahora -en una respuesta por escrito en el Congreso-descarga toda la responsabilidad en el triaje al señalar que la aplicación de los criterios de selección «depende de cada situación concreta, cada circunstancia concreta y cada profesional concreto».
Como revela Luz Sela en OKdiario este 6 de junio de 2020, el pasado abril, el Ministerio de Sanidad publicó una guía en la que establecía los criterios sobre «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechos» del coronavirus en la que establecía los criterios recomendados para aplicar el triaje ante la «escasez de recursos, temporal o duradera».
El departamento de Salvador Illa afirmaba que se tendrá en consideración la «gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos, la concurrencia o o no de patologías graves que evidencien un pronóstico fatal y, en último término, el orden temporal de ingreso en el centro. «Por eso, en los casos concretos, se hace necesario priorizar», aseguraba.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno trata de eludir sus responsabilidades, no sólo políticas, sino también penales, asegurando que el documento tenía un carácter «orientativo y no prescriptivo».
Y en el colmo de la cobardía, señala a los médicos como responsables. Para el Ejecutivo, la culpa, en todo caso, fue de ellos.
No cabe mayor vileza.
