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Se veía venir, porque ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han engañado a nadie.
Se limitan a hacer lo que sea, para seguir disfrutando del poder y si para ello tienen que pasarse la Constitución por la entrepierna, convertir RTVE en un aparato de propaganda con periodistas serviles digno de ‘Gran Hermano‘ y manipular las instituciones del Estado, para taparse el culo, lo hacen sin rubor y con la connivencia, el silencio y la complicidad de sus ministros, el PSOE y todos sus barones. Sin excepciones.
Los aliados del presidente Sánchez están muy contentos de que la Fiscalía del Supremo -por encargo como mínimo sorprendente de la fiscal general Dolores Delgado,-la del ‘Marlaska maricón‘- que se anticipa a la decisión soberana del instructor del caso- vaya a investigar las presuntas comisiones cobradas en Arabia por el Rey Juan Carlos.
Con eso y sobre todo con que la maniobra contra la Monarquía coincida con otras destinadas a exonerarles a ellos y sus amigos de sus responsabilidades en la muerte de más de 46.000 españoles.
Como subraya el diario ‘ABC‘ en su editorial, este 9 de junio de 2020, en pleno estado de alarma, ya empieza a notarse la larga mano de Sánchez en la Fiscalía General, donde Delgado se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos.
Este lunes, dos resoluciones de la Fiscalía delataron su sumisión a los caprichos de Sánchez.
Por un lado, el fiscal planteó el archivo de las diligencias abiertas por un juzgado contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber impulsado las manifestaciones feministas e ideologizadas del 8-M a sabiendas del riesgo de infección vírica.
Por otro, Delgado se retrató ofreciendo al que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ser casi exonerado en su juicio por la revuelta independentista del 1-O.
Es cierto que la Fiscalía estaba forzada a modificar sus conclusiones y a acusarle de sedición tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el resto de golpistas catalanes.
Pero plantear como alternativa la pena de desobediencia, que no acarrea más que una inocua inhabilitación, es una cesión inadmisible del Gobierno al separatismo.
En su afán por controlar la justicia, Sánchez pretende convertirla en un asidero político de la izquierda al servicio del sectarismo, del independentismo y del revanchismo ideológico.
Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una «Fiscalía Sociata» y sumisa, mientras culpa a la derecha de alentar un golpismo falsario y tribal a través de una supuesta «policía patriótica».
Inventando mantras Sánchez no tiene rival. Su doble vara de medir resulta obscena si se trata de favorecer a la izquierda o a los destructores de España.
Para Sánchez y para sus medios al servicio de un cambio de régimen político, es relevante que la Fiscalía pida el archivo del proceso del 8-M, y no lo es que un juez impute -investigue- a un delegado del Gobierno socialista.
En cambio, si el imputado-investigado es dirigente de la derecha, entonces lo innoble, lo indigno, lo relevante y lo corrupto, es que ese imputado no sea destituido.
El cinismo de Sánchez resulta ya desbordante, lo cual abre otro debate trascendental: dada la notoria ofensiva de Moncloa para socavar la independencia judicial –Marlaska sigue en su cargo-, cabe preguntarse para qué quiere Sánchez que sean los fiscales, y no los jueces, quienes instruyan los procesos penales.
Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. Al tiempo.
Ya lo dijo en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso».
Sánchez e Iglesias solo encarnan una cosa, un atraco al Estado sin límites.
