La cohibición dictatorial niega la libertad al ciudadano.
España vive un ciclo histórico, quizá no reflexionado por esta generación en su justa medida, y menos aún por nuestros gobernantes. Una sociedad que siente y padece inimaginables depresiones no conscientes. Se está mermando y deshumanizando las capacidades cómo personas a la ciudadanía. La salud, economía y la política pueden parecer las grandes perjudicadas. Sin embargo, subyace cómo lo más lesionado la capacidad humana en su relación con el semejante y el propio equilibrio mental. Este es el principio de salud pública.
El binomio Covid-sociedad se ha planteado por la odisea Sánchez sin reparar, negando y obviando sus verdaderas consecuencias. A nuestros políticos y autoridades sanitarias habría que responsabilizarles ante infinidades actitudes nefastas respecto a la pandemia. Pero lo más destacado no es silenciar y ocultar los riesgos de contagio del virus a tiempo, ni su pésima gestión posterior, ni siquiera las mentiras que crean incertidumbre, sino la ínfima sensibilidad de acción para lograr una sociedad cohesionada, no diseminada y sin distorsionar las emociones personales del individuo. El agobio de normas, leyes y represión lleva a provocar una población enferma por sí misma y a crear miedo, pánico y trastornos psicosomáticos, en ocasiones, menos subsanables que el propio Covid.
El presidente Sánchez pide ‘cogobernanza’, arrimar el hombro y que esto ‘lo paramos entre todos’. Se contradice, una vez más. Se obliga a la población al ‘separatismo’ y al distanciamiento, se transmite ocultismo y desconfianza.
La cohibición dictatorial niega la libertad al ciudadano, atenta contra la dignidad y disminuye la capacidad inmunitaria de la persona. La solución no está en crear leyes represivas, arremeter contra los ciudadanos a palos, o con violencia policial, multas, advertencias y hostilizar con contenidos televisivos y mensajes agresivos imprudentes. Es aconsejable dirigirse a la conciencia humana con argumentos, sosiego y sentido común. Por no llevar la mascarilla, o mal colocada, no se puede ‘criminalizar’ a un ciudadano. Más bien, en todo caso, hay que hacer pedagogía y trabajo coherente de convencimiento. Piense que, por ejemplo, Noruega, Suecia o Dinamarca no obligan el uso de taponar ninguna vía respiratoria a sus ciudadanos, y el resultado de su pandemia es otro. España le supera en todo, en fallecidos, contagiados y en rebrotes. Ahora busque la excusa que prefiera, pero cuando llueve lo hace siempre para abajo.
Tratándose de un asunto turbio, poco entendible por el común de los mortales, incluso discordante entre las corporaciones sanitarias, el ciudadano se transforma en un fenómeno predispuesto al diagnóstico sindromático. El ser humano potencia el miedo ante lo desconocido y se pone en guardia, le sirve cómo arma de protección en lógica reacción de supervivencia. Esto, por otro lado, conlleva, estrés, angustia, distimia, ansiedad, e incluso depresión nerviosa. El resultado puede concluir con pronósticos irreversibles. Suicidios, violencia, trastornos y enfermedades mentales, además de agravar y dañar otros perjuicios colaterales ya existentes.
Millones de euros tirados a la basura, material inservible y desprotección a las personas más vulnerables. Enfermos en residencias no medicalizadas, hogares de mayores y ancianos indefensos. Estas dejaciones no son justificables en un país que presume de una organización sanitaria de alto nivel. Para serlo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está obligado a recurrir al conocimiento de enfermos propensos y con inclinación a contraer el virus. Ahora se pretende, a través de PCR o test, descubrir quién sufre el contagio. Antes era necesario saber quiénes podían contraerlo con alto riesgo de muerte. La anticipación y la detección precoz es prevención.
La organización administrativa sanitaria tiene que tomar medidas por adelantado. En la era digital y en un mundo globalizado cuesta entender que la institución sanitaria no disponga de un banco de datos de enfermos. En este caso de aquellas personas que han sido víctimas propicias de esta pandemia, cómo son pacientes del aparato respiratorio, bronquitis, asma, enfermedades pulmonares, fibrosis quística o difteria. En primer lugar, lo sensato hubiera sido tirar de archivo, reconocer a los más débiles y trazar un amplio dispositivo de atención primaria. No sé pensó, no se hizo y se actuó tarde y mal.
Además responsabilizar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en Asuntos Sociales es cómo poner al lobo a cuidar las ovejas. Después de decir que ‘lo del voto de los abuelos nos desespera’ se le encarga el cuidado de las residencias y hogares de mayores. Un inoportuno infortunio.
El resultado es de 30.000 fallecidos, según el gobierno, y alrededor de 50.000 muertos aclaran el Instituto Carlos III, funerarias e instituciones de sondeos y estudios sobre la pandemia. De este número de personas muertas, según información de rtve, 20.000 fallecidos pertenecen a ancianos en residencias, ‘debido al Covid-19 o cómo consecuencia del virus’. Una fatal coincidencia con Iglesias Turrión cómo máximo responsable de nuestros mayores.
Mientras el apocalíptico Sánchez dice que ‘gracias al Decreto de Alarma hemos salvado la vida a 450.000 compatriotas’. No sé cuántos nos hemos salvado – hasta ahora-, pero si aseguro que, en este enfrentamiento entre la salud, el hambre y la muerte hay que contar con el cerebro y la función mental. El estado anímico proporcionado y armónico puede salvar muchas más personas. El Estado, y sus fuerzas políticas, pueden suponer la mejor o peor sugestión para aliviar o enfermar a toda la población, incluso con más intensidad que el virus. Estamos a tiempo.
