Desde hace ya unos años, la forma política del Estado español ha marcado un debate de una magnitud que va mucho más allá de su importancia real, como si los problemas de España se fuesen a solucionar por el mero hecho de constituirnos en república. Es un engaño más que desde la clase política nos quieren vender, para así no tener que ocuparse de otras cosas más importantes, como por ejemplo gobernar de manera eficaz.
Obvian, y lo hacen de manera consciente, que cambiar la forma del Estado no se puede cambiar por la mera voluntad de una mayoría simple de españoles. Cambiar la Constitución en ese término, como en cualquier otro que esté en el título preliminar, exige de una mayoría especialmente reforzada de dos tercios de ambas cámaras, y tras su disolución, nueva aprobación por dos tercios de las cámaras recién elegidas, y posterior ratificación en referéndum.
Del mismo modo que en el caso catalán, durante muchos años, han estado manipulando a la opinión pública haciéndoles ver que bastaría con un referéndum en fiambreras para conseguir la independencia, ahora, partidos que se encuentran en el gobierno, consideran que hay que promover una república, y lo fijan como objetivo principal de su política como partidos políticos, a sabiendas de que dicho objetivo no se puede alcanzar sin superar muchos obstáculos.
A fin de evitar falsas esperanzas, cuya frustración podría desembocar en una crispación aún mayor en la ciudadanía, creo que lo que se debería de hacer es establecer desde ya ciertos criterios para llevar a cabo la reforma constitucional.
A mi juicio, desde el Gobierno se debería de impulsar un referéndum semivinculante sobre la forma del Estado. Esto quiere decir que el resultado de dicho referéndum se tomaría en cuenta para cualquier futura reforma constitucional que se lleve a cabo en un plazo no superior a cinco años, y en la cual se aborden otros temas también importantes. Pero evidentemente no significaría que el cambio de la forma del Estado se llevase a cabo sin seguir todos los cauces establecidos.
Naturalmente, dicho referéndum debería de tener unos límites para tener en cuenta los resultados, en función de las mayorías reforzadas que ya hemos comentado. Por ejemplo, no debería de admitirse una participación inferior al 70%, ni un resultado inferior al 55%. Al mismo tiempo, se debería de establecer un período cautelar durante el cual no se pudiese volver a convocar un referéndum sobre el mimo tema en un plazo de al menos quince años, para apartar este debate de lo que realmente importa. Sí se podría, por supuesto, llevar el tema en los programas electorales de cada partido, pero una vez celebradas las elecciones, y salvo que los partidos que opten por la república alcancen las mayorías reforzadas, deben de mantener el debate fuera de las decisiones de gobierno, y al mismo tiempo, respetar a las instituciones que, por el momento, aún nos representan.
De este modo, nos evitaríamos ciertas frustraciones, y por otro lado, como demócratas, nos veríamos obligados a aceptar los resultados, para así poder poner los calificativos como fascista en el lugar adecuado.
