Puede que a la hora de la verdad, como ha ocurrido con los periodistas, los jueces españoles opten por plegarse, confundirse con el paisaje y acepten la tropelía del Gobierno Sánchez, pero por el momento plantan cara.
La reforma del CGPJ propuesta por el Gobierno socialcomunista ha provocado la airada reacción de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales de España, pero también la de un número de creciente de tribunales superiores de justicia.
Los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Extremadura y Castilla y León han enviado sendos acuerdos de sus respectivas Salas de Gobierno en contra de la propuesta del Ejecutivo, que califican de «golpe a la independencia judicial» al considerar que la modificación de la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los vocales judiciales del CGPJ «no se ajusta a la Constitución al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política la formación del órgano llamado a velar por la independencia judicial».
Estamos ante un hecho sin precedentes en la democracia española y la respuesta de la justicia ante el asalto al Poder Judicial de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es histórica.
Lo que pretende el Gobierno es quebrar el principio de la separación de poderes con un plan de inspiración chavista que constituye una intolerable violación de la independencia judicial.
No es Polonia el referente del Gobierno socialcomunista, sino la Venezuela chavista y en cierta medida el peronismo argentino.
La UE, por su parte, ha cuestionado la propuesta de reforma del Gobierno por resultar incompatible con el marco de garantías que caracterizan a los Estados de Derecho.
Parece evidente que Sánchez e Iglesias han traspasado todas las líneas y articulado una estrategia de asalto a la Justicia que, de salir adelante, significaría de hecho el fin de la democracia.
Por su parte, el PP ha presentado una propuesta de despolitización de la justicia que otorga a los jueces la capacidad para elegir un número de entre 35 y 40 candidatos al CGPJ.
De ellos, el Parlamento nombraría luego a 12, un sistema que no satisface a Podemos, empeñado en controlar el órgano judicial de los jueces ante el negro horizonte penal al que se enfrenta Pablo Iglesias.
El Gobierno, en suma, ha decidido quitarse la careta y lanzarse a una estrategia de demolición des las instituciones. Hoy por hoy, ninguna está a salvo de la pulsión totalitaria del socialcomunismo.
