Marx se equivocaba. Con Pedro Sánchez la historia se repite, pero al revés. Primero como farsa, pactando con los separatistas golpistas para acceder al gobierno de
España. Y luego como tragedia, decretando un nuevo Estado de alarma de “6 meses” sin el control constitucional de los 15 días, que si no lo remedia el Tribunal Constitucional, habrá dinamitado nuestro Estado de derecho y consagrado la dictadura.
Vivimos jornadas históricas, por si alguien quiere ir empezando a estudiar. Aprovechando una pandemia, cuya insólita gravedad nadie cuestiona, el presidente del gobierno de España, cuyos antecedentes de fraude y mentira jalonan su presidencia, acaba de dar su segundo Golpe de estado quitándose de en medio el parlamento, después del que perpetró para alcanzar el poder sirviéndose de quienes habían proclamado una República dentro de una Monarquía parlamentaria.
La Única oposición política a éste nuevo ataque a la Nación es la que ha llevado acabo en el Parlamento la formación VOX acompañada del oportuno recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ante la violación del artículo 116.2 de la Constitución que limita el estado de alarma a un plazo de 15 días.
Si el Tribunal Constitucional no suspende cautelarmente el estado de alarma de seis meses de Sánchez adoptando medidas cautelares a fin de que se reduzca en su caso a 15 días, -prorrogable por un plazo igual, o, llevando al límite la interpretación constitucional, por un plazo cuando menos semejante y proporcional-, obligado el Presidente de Gobierno a dar cuenta periódicamente de su evolución, estará convalidando la ignominia y el tercer golpe de estado de nuestra democracia constitucional dando paso a la dictadura.
Que no haya una referencia precisa para la duración de cada una de las prórrogas del estado de alarma no quiere decir que ésta no pueda inducirse de la propia Ley, de los principios en que se fundamenta y de su naturaleza, y todo ello partiendo de un principio fundamental establecido por la jurisprudencia constitucional: “el principio de proporcionalidad, con arreglo al cual toda medida de un poder público que suponga injerencia en el contenido de un derecho fundamental debe limitarse al mínimo imprescindible y no ir más allá de lo necesario para preservar el bien jurídico constitucional que justifica la medida”.
Es decir que la duración de 6 meses no queda justificada, por el principio de proporcionalidad, «si la persistencia obedece, no a la propia dificultad objetiva de su superación, sino a la falta de eficacia, o de capacidad, de quienes tienen atribuida la obligación de acabar con ella». ¡Y eso, todavía no se puede saber!, por lo que el Presidente debe dar cuenta cada quince días, dada la gravedad de la medida.
Incluso desde la sistemática de la propia Ley de Estados de Alarma, excepción y sitio, según aumenta la gravedad de la situación que justifica la adopción de medidas excepcionales, aumenta el plazo posible de la injerencia: 15 días para la alarma, 30 días para la excepción y sin límite previo para el sitio, cuya duración será determinada por el Congreso de los Diputados.
En éste sentido, las prórrogas del estado de alarma que rebasan su límite natural y alcanzan el del siguiente estado en orden de gravedad son totalmente improcedentes y asistemáticas. Al contrario de lo que ocurre con el estado de excepción, en el que el Congreso cuenta con cierto margen para modular el control político de la gestión del Gobierno, en el estado de alarma no se cuenta con otro control que la autorización de la prórroga: y así, prórrogas de duración excesiva devalúan el control democrático de la acción del Gobierno, lo que nos lleva nuevamente al principio de proporcionalidad y a la conclusión de que no es constitucionalmente aceptable un prórroga de duración superior al plazo prorrogado y que es propia de un estado de excepción de mayor entidad.
Pero junto al problema de legalidad constitucional, el problema político fundamental que subyace en el desproporcionado y descontrolado estado de alarma de 6 meses decretado por el presidente del gobierno es, sencillamente, que el Presidente no quiere quedar, para aprobar las renovaciones, a merced de las exigencias de las formaciones políticas con las que lleva aliado desde que tomó el poder junto a rebeldes, que puedan seguir chantajeándole con peticiones interminables. De ahí el acercamiento al Pp, previo su deslinde con VOX.
Ahí, justo ahí, está la clave de la cuestión política: evitar que una de esas renovaciones pudiera conducirle a un atolladero, que de ser límite, pudiera abocarle a una difícil salida e incluso a una eventual dimisión, peligro que hubiera aumentado si El Pp y Ciudadanos hubieran apoyado la moción de censura de Vox, lo que el Presidente se ocupó estratégicamente de dinamitar a toda costa.
Por tanto, en cuanto la situación lo permita, la solución no sería otra que la de «no prorrogar el Estado de Alarma más que lo constitucional y necesario y hacer uso de un conjunto de legislación ordinaria que permitiría continuar resolviendo los problemas, pero restaurando la situación de normalidad constitucional».
Las colas dan la vuelta a la manzana y están a la vuelta de la esquina. Mientras un gobierno indolente nos conduce a la ruina, el país se prepara para la solidaridad. La salud es lo primero, pero a continuación e indisolublemente unido, las colas del hambre. Marx se equivocaba. Vaya si se equivocaba. Porque en esta Historia y con el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez primero fue la farsa y ahora, a través de una vulneración constitucional flagrante, caminamos hacia la tragedia, adonde muchos ciudadanos han llegado ya.