OPINIÓN

Ley Celaá. «Pedro Sánchez: es para “modernizar” el sistema educativo»

Ley Celaá. "Pedro Sánchez: es para “modernizar” el sistema educativo"

Norberto Bobbio: “¿Por qué han transferido ustedes la educación a las Comunidades Autónomas?”

Mientras la mayoría de esta sociedad pastueña y embrutecida sigue abducida por las redes sociales, la telebasura y las diversas pantallas en las que ven series, películas y demás productos de la comunidad de la imagen, los destructores de España siguen implacables su tarea. La estulticia anega la sociedad alegre y confiada, en donde la suma de las minorías (proyecto Soros) es ya mayor que la mal llamada mayoría.

No es suficiente con que el Ejecutivo impulse y el Legislativo apruebe leyes para favorecer intereses de sus socios comunistas e independentistas (“Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”: Arkaitz Rodríguez, presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu), no es suficiente con comprobar cada día cómo dan pasos hacia la destrucción de España, no es suficiente con constatar que la inmersión lingüística es el instrumento clave para la construcción de una identidad propia que sirva de base –como ha escrito Ignacio Camacho- para la reclamación de la independencia basada en la ingeniería social preconizada por Prat de la Riva: “Si a una persona le cambias la lengua, le cambias el alma”. No es suficiente. Hay que seguir aguantando mentiras del Gobierno, mientras avanza la balcanización que promueve una élite dirigente. ¿Hasta cuándo?

La canallada de arrinconar el castellano ha calado como lluvia fina en Cataluña, Valencia y Baleares para seguir con el constructo ideológico de los Países catalanes, y continúa su curso en el País Vasco y Navarra para ahormar Euskalerría. Luego vendrán Galicia y Asturias. Y después… La guerra sin cuartel al castellano, con la connivencia por omisión de Gobiernos del PSOE y del PP, se libra en Cataluña desde hace 41 años, que es cuando 2.300 valientes crearon en 1981 el primer reducto de resistencia contra la imposición del modelo educativo monolingüe en catalán y firmaron el “Manifiesto de los 2.300”, en el que expresaban su desacuerdo con el plan de la Generalitat para recatalanizar la enseñanza. Fue el inicio de una campaña de acoso y derribo a la lengua oficial del Estado, espoleada por dos leyes regionales de política lingüística (1983 y 1998) y por la ley de educación catalana de 2009, que aprobó el tripartito de izquierdas: PSC, ERC e ICV-EUiA y blindó el uso hegemónico de la lengua autonómica en las aulas. De nada han servido sentencias del TSJC, del TS y del TC. No se han cumplido porque el Estado ha mirado para otro lado, ha hecho dejación de sus funciones y ha abandonado cobardemente a todas las asociaciones y familias que luchan a brazo partido en los tribunales para hacer valer su derecho constitucional a que sus hijos sean escolarizados y educados en castellano. Las sentencias judiciales se incumplen porque el Estado lo permite y ni siquiera exonera los costes de litigar a particulares y colectivos.

A la parte socialdemócrata del PSOE que aún subsiste, a Ciudadanos y al PP se les llena la boca de palabras, palabras, palabras, pero el resultado sigue siendo el mismo: los independentistas socavando los cimientos de la nación española; Pedro Sánchez Pérez-Castejón, facilitándolo para “modernizar”; los partidos, consintiéndolo; la mayoritaria sociedad, idiotizada, y solo una minoría aterrada presenciando el fin de España. ¿Hasta cuándo? ¿Seguimos de rodillas y brazos cruzados para contemplar el entierro o nos ponemos en pie para defender la democracia y la Constitución? porque cuando los ciudadanos se olvidan de defenderla ya sabemos lo que pasa con la política: que si le dejas se convierte en poder total.

He contado muchas veces la conversación que mantuve en la primavera de 1984, en la cafetería-restaurante Maestro Stefano de la romana Piazza Navona, con el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, recién nombrado senador vitalicio por el Partido Socialista Italiano (PSI). Después de alabar nuestra Transición y felicitarme como español, me preguntó a quemarropa: “Dígame una cosa que no entiendo. ¿Por qué han transferido ustedes la educación a las Comunidades Autónomas? Yo, entonces delegado de la Agencia EFE en Roma y joven periodista, le contesté con el argumento del manual: “Profesor, porque la cercanía de esa administración atenderá mejor las necesidades de los estudiantes”. Me miró a los ojos, puso cara de asombro y afirmó: “Mire usted, si un país quiere mantenerse unido, debe enseñar la misma historia a todos los alumnos y en cualquier rincón de la nación… (hizo un silencio, agrandó sus ojos y remató) …aunque sea falsa”. Después de unas cuantas lecciones más y terminados los capuchinos nos levantamos y nos fuimos a nuestros respectivos lugares: Bobbio a tres pasos del Palazzo Madama, sede del Senado, y yo a dos de la Agencia EFE.

Y esto, que lo sabían Jordi Pujol i Soley, Javier Arzalluz Antia y el resto de independentistas, es lo que hicimos transfiriendo la educación a las Autonomías. Y si el resultado es ya el que es, cuando entre en vigor la maldita ley Sánchez (Celaá), declarando, entre otras cosas, el fin del español como lengua oficial y vehicular en la escuela, criticada por intelectuales de todo pelaje y que, como ha dicho Jon Juaristi “Es un disparate y una canallada” y Mario Vargas Llosa: “… es una idiotez sin límites…Si uno lo cuenta, da vergüenza ajena…”; suprimiendo la Alta Inspección del Estado (sustituida por 17 inspecciones autonómicas con personas nombradas a dedo por los gobiernos regionales y sin que medie oposición alguna), ampliando todavía más la facultad de fijar los contenido del currículo –de un 45 a un 50% del horario-, y consolidando el derecho de propiedad del nacionalismo sobre la educación al convertir la asignatura “Lengua cooficial y literatura” en “Lengua propia y literatura”, se destruye la Nación y será el fin de España o, como ha escrito Xavier Pericay: “del Estado de Derecho que una inmensa mayoría de los españoles nos dimos hace ya más de 40 años, Constitución mediante, pronto no va a quedar ni el recuerdo”. Si el Tribunal Constitucional vuelva a fallar en contra de la Ley Sánchez, como lo hizo con el Estatuto de Cataluña y otras leyes, ¿ningún poder del Estado va a intervenir la Educación y quitarle las competencias al infractor durante los años que haga falta? ¿Nadie va a actuar para pararles?

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Jorge del Corral

Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3 TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica, creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue subdirector y corresponsal en Roma.

Lo más leído