OPINIÓN

Francisco Iglesias Carreño: «Las regiones: espacios morales»

Francisco Iglesias Carreño: "Las regiones: espacios morales"

Las regiones presentan un amplio muestrario de potenciaciones, desde esa acción convergente de todos sus respectivos ciudadanos regionales -.- con el bien común asentado en el ejercicio de todos y cada uno de los derechos individuales-.-, o sea, tanto de los que viven dentro de su propio territorio regional como de toda la diáspora emigrante regional respectiva a cada región, que las hace tener como activo de su personalización, y la vez como concreción de la misma, tanto teórica como práctica, no solo, ¡y únicamente!, por los rasgos definitorios antropológicos (costumbres, ritos, lenguajes, vestimenta, sones, etc.), o genuinas referencias administrativas, también por todos aquellos otros, ¡ y desde el momento primigenio!, que se corresponden y adecúan en las formas/modos/maneras, que se pudieran estimar/valorar/analizar, a los grupos sociales humanos.

Tales potenciaciones, que son regionalmente adscritas, y por ende incidentalmente aplicativas, a todas y cada una de las partes (regiones) del teselar sumativo bloque regional español, nos hacen ser moralmente observantes, y desde tal interactividad, también evaluadores procesuales, que nos permiten tanto atisbar como distinguir y hasta tasar, a cada ambiente, de cada lugar y en cada instante, cuáles acciones/posicionamientos/iniciativas, ¡y en qué grado!, son óptimas y, por ende, buenas y cuáles son lesivas y, por ende, ¡ e igualmente en qué grado!, son malas, para todas las consideradas sociedades regionales correspondientes, como partes alícuotas de la España Nación (véase el Art. 2 de la CE´1878), en el Estado Español ( que tiene que ver con la voluntariedad regional y en las quince regiones españolas) y en la Unión Europea.

Desde el conjunto de normas activas y/o sobrevenidas, creencias heredadas, valores convivenciales y costumbres antropológicas subjetivas, que direccionan/encaminan/ dirigen y/o propenden/guían/encauzan la completa integral conducta de los individuos y/o los grupos de ciudadanos regionales, personas libres e iguales en ser y estar, dignidad y derechos (pasados, actuales y sobrevenidos), todas dotadas de razón y conciencia -.- con comportamiento fraternal interno de los unos con los otros -.-, en las completas sociedades regionales (que están ubicadas en su correspondientes y genuinas bases geográficas y su respectiva enlazada diáspora emigrante), en todo lo relativo a los usos, actos, hechos, interacciones, disposiciones y las costumbres que nos inciden convivencialmente y de cuyo conocimiento y observancia, por cada ciudadano regional, derivan compromisos directos y firmes actuantes sobre lo que debe hacer o evitar, tanto por sí como con otros, para conservar la estabilidad social regional respectiva.
De lo precedente, resaltamos que aquí, no solo estamos hablando del trasunto de la mera organización territorial de España, donde podemos ir jalonadaménte por sus diferentes actos administrativos a lo largo del proceso histórico {desde los albores de la Reconquista, a los trabajos de Tomás González Hernández, o las provincias de los Austrias, las intendencias de los Borbones, el Plan Soler o las Prefecturas, así como las incidencias administrativas derivadas de “la Pepa” que alcanzan hasta el Trienio Liberal y que, a renglón seguido, focalizan en el RD. de 30-11-1833 y su longeva vigencia por encima de los diferentes regímenes políticos}, también hablamos de cómo, y a través del soporte que da el armazón geográfico/físico del R.D. de 30-11-1833, se instruyen y dimensionan otros adherentes que tanto interiorizan, diferencial e identitariamente, cada escenario territorial como lo exteriorizan, en su escenificación, hacia el resto, dentro de la valoración que agregativamente, desde la acción constitucional, y por ende normativizadamente libre, de cada ciudadano regional (con vigencia de todos y cada uno de sus valores, derechos y deberes constitucionales), conforman completativamente y, por ende, son coparticipes constituyentes de las sociedades regionales españolas, que están asidas, desde su entronización ya un tanto lejana, por vínculos de naturaleza moral.

Lo que, en un principio, parecía el inocuo R.D. de 30-11-1833 {enjaretado en un `pis pas´ por Francisco Javier De Burgos y Del Olmo, de trabajos anteriores (José Agustín de Larramendi Muguruza, Felipe Bauza y Cañas -.-1813-.- y las correcciones de Miguel de Lastarría y Villanueva-.-1814-.- )}, que muestra el referente glosario de todas las “regiones históricas”-.- que no Coronas Medievales -.- , con demarcaciones delimitadas (y sus correspondientes adscripciones provinciales), en alusivos recordatorios nomenclatívos provenientes de épocas pretéritas -.- ligadas a los ochocientos años de la Reconquista iniciada en la Corona Asturiana y seguida por la Corona Leonesa (estamos en los 1111 años de su efeméride) -.-, que conformando unidades, en principio administrativas, que ya tienen en sí mismas rasgos diferenciales (que son vehiculares “constructos constitucionales”) que les vienen de herencias antropológicas anteriores, y en procedimiento constituyente pasan a integrarse, por la CE´1931, y como bloque teselar regional de quince miembros/regiones, a unidades integrales (políticas, administrativas, electorales, antropológicas,…) y, a todos los efectos (legales y jurídicos), son actuantes sujetos actores constitucionales.

Las comunidades regionales, deben aspirar, todas ellas, hacia `la comunidad justa´, en lo que podría estimarse como una moralidad basada en las concepciones de justicia de y para la sociedad regional respectiva -.- con incluyente fraternal y solidaria convergencia interna de toda la España Nación -.- y, a todas las áreas activas, homologable, en el orlado y practicidad de la CE’1978, por todos y cada uno de los procedimientos democráticos, que van encaminados, desde la apriorística amplia igualdad constituyente (de todos y cada uno de los quince Pueblos de España -.- del Preámbulo constitucional-.- , a la data de fecha del día 6-12-1978), de sus respectivas quince regiones españolas (ídem del 6-12-1978) -.- con las adscripciones provinciales respectivas (de la data de fecha del 30-11-1833, coincidente con la data del 14-6-1933 y del 17-3-1976-.-), con el explícito y legítimo interés por maximizar la justicia en las decisiones y, con ello, enfatizar y reafirmar un más que sentido (con)vivencial perviviente de las identidades comunitarias regionales, todas ellas anteriores a la transición política (desde 1975 a 1978), que consideramos asido, desde la clave del referéndum constituyente, y en su correspondiente data adscrita a la democrática libre voluntad soberana de la Nación Española, a todas y cada una de las heredadas regiones históricas españolas.

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