Próximas las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, con espíritu cívico y objetivo dirijo estas líneas a los electores madrileños con el fin de aportarles información que les permita emitir su voto sin empeñar su honradez ni su libertad a ningún mercachifle de la política.
Envío igualmente esta misiva a Pablo Casado, presidente del PP, Teodoro García, Secretario General del PP, Pablo Hispán, jefe de Gabinete de Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, David Pérez García, Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa Treviño, Viceconsejera de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local, Pío García-Escudero Márquez, presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y Ana Camins Martínez, secretaria general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, a los que en reiteradas ocasiones he solicitado entrevista a los efectos que expreso a continuación sin recibir hasta la fecha más que un glacial silencio.
Apelando a su sentido de la defensa de nuestro Estado de Derecho, remito igualmente este escrito a los medios de comunicación destinatarios “Cco” del presente mensaje, a fin de que, cumpliendo con su obligación de ser notarios de la realidad, den fe de este escrito y del acto al que quedan convocados el próximo sábado 17 de abril a los efectos que a continuación se expresan.
El presente asunto comienza con la prohibición de la procesión del Corpus Christi de mi parroquia castrense el domingo 29 de mayo de 2016, por la entonces concejala presidenta del distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid, Esther Gómez Morante, del partido Ahora Madrid, actualmente Más Madrid, en virtud de competencias ilícitas como se demuestra a continuación.
A instancias mías, el Jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, me dirigió un escrito proclamando que “las reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público deben quedar sujetas al régimen general de comunicación de los artículos 8 a 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión…”
El mismo escrito añade que “en este mismo acto se le informa que esta Secretaría de Estado de Seguridad, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2.1.a) y l) del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y en los artículos 3, 8, 62, 69, 72, 73 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ha remitido escrito a la Delegación del Gobierno en Madrid para que se implementen las actuaciones necesarias para adecuarse a tales extremos”.
El entonces Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, actualmente Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, reitera cuanto figura en el escrito anterior, añadiendo que confirma que la Delegación del Gobierno en Madrid “tramitará las solicitudes” de procesiones religiosas, en lugar de “tramitará los actos religiosos en la vía pública”, “conforme a la citada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión”.
Las autoridades municipales no están reconocidas como autoridades gubernativas en ningún texto legal, por cuanto la autoridad gubernativa mencionada es la correspondiente Delegación, Subdelegación del Gobierno o entidad análoga en las CC.AA navarra, vasca y catalana.
Hasta la fecha, a pesar de mis reiterados requerimientos al Ministerio del Interior para que respete y haga respetar la citada Ley Orgánica 9/1983 a las entidades concernidas en el caso, se han celebrado actos religiosos en la vía pública de toda la geografía nacional “autorizados por los respectivos ayuntamientos” con la cómplice tolerancia del Ministerio del Interior, los correspondientes delegados y subdelegados del Gobierno, entre ellos la exdelegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa Treviño, actualmente Viceconsejera de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, y entidades autonómicas homólogas en las CC.AA navarra, vasca y catalana.
Consiguientemente, además de intentar engañarme, mienten descaradamente el Jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, y el entonces Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, actualmente Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid que, de forma alevosa y premeditada, manifiesta que la Delegación del Gobierno en Madrid “tramitará las solicitudes” de procesiones religiosas, en lugar de “tramitará los actos religiosos en la vía pública”, conforme a la citada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, desde la seguridad de que, en notoria connivencia con el Jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, no recibiría en lo sucesivo ninguna “solicitud de tramitación” de procesiones religiosas, a pesar de haberle solicitado reiteradamente que comunicase a las entidades concernidas en el caso que, en lo sucesivo, deben tramitar los actos religiosos en la vía pública según lo establecido en la citada Ley Orgánica 9/1983.
A la vulneración de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, los dirigentes del PP suman la misma arbitrariedad cometida por una concejala de extrema izquierda discriminando a la población católica, su mayor vivero de votos, al no darle el mismo trato que a otros colectivos que realizan sus actos en la vía pública “comunicándolos” a su respectiva Delegación, Subdelegación del Gobierno u organismos autónomos análogos vascos, navarros o catalanes, al tiempo que, implícitamente, reconocen la independencia del correspondiente municipio al solicitarle una autorización para la que carece de atribuciones legales.
Podría aducirse a lo expuesto que, para casos como el que nos ocupa están los tribunales, cuya independencia, legalidad e imparcialidad quedan tan bien en el B.O.E como la que en 2 ocasiones me han demostrado decretando el archivo de mi denuncia al respecto, a diferencia del trato que han otorgado al Coronel Pérez de los Cobos, hermano de un expresidente del Tribunal Constitucional.
El resultado de todas mis gestiones y del comportamiento de los dirigentes del PP con los que en vano he intentado contactar es que, desde hace más de 3 años, es imposible que en España se respete nada menos que una Ley Orgánica, reguladora del derecho fundamental de reunión en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, de lo que se infiere que los aludidos constituyen un palmario factor de desestabilización al cometer un evidente y contumaz abuso de poder subordinando la ley a su voluntad, sin respetar al ciudadano al que desprecian negándole el derecho a ser oído en un asunto de la importancia reseñada que nos hace aparecer a los ojos del mundo como una república bananera con la consiguiente pérdida de prestigio en el concierto internacional y las negativas consecuencias económicas que de ello se derivan.
Isabel Díaz Ayuso, en un ataque de complicidad, ha dado cobijo en su gobierno a Concepción Dancausa Treviño, exdelegada del Gobierno en Madrid, y a Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, exsubdelegado del Gobierno en Madrid, transgresores de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, a la par que ofensores de la dignidad de los españoles en general y de la mía en particular.
Para dar una oportunidad de retractación o justificación a los ya citados dirigentes del Partido Popular, al Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel y a las actuales autoridades del Ministerio del Interior que, siguiendo el ejemplo de sus antecesores subordinan la ley a su voluntad, les convoco el sábado 17 del próximo mes de abril, a las 11 de la mañana, en el kilómetro 0 de la Puerta del Sol, Plaza Puerta del Sol, 7, donde estaré dispuesto a escuchar cuanto tengan que decir al respecto.
Si al acto acudiesen los convocados ofreciendo las correspondientes satisfacciones a la sociedad española en general y a mí en particular, rectificando o reafirmándose razonadamente en su ejecutoria en el asunto en cuestión, es obvio que quedarían exentos de toda culpa.
En caso contrario, los aludidos del PP y el PSOE, merecerán la repulsa del electorado madrileño, del resto del electorado español y de sus propios militantes, que no están dispuestos a recibir ofensas contra su dignidad ni consentir arbitrariedades por parte de quienes piden su voto para vulnerar la ley y pisotear su dignidad, respondiendo a estos antidemócratas desaprensivos con el desprecio que ellos dedican a los demás, en tanto que el Coronel Pérez de los Cobos, “ratificaría sus deméritos” para el ascenso a General.
Si la estúpida y enfermiza prepotencia de los dirigentes del PP y del PSOE impidiese su comparecencia al “acto de conciliación”, abdicarían de sus pretensiones para gobernar la Comunidad de Madrid.
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
