Para no romper el hilo conductor y el nexo argumental, iniciaré esta segunda parte de este atípico artículo, mal “llamado de opinión”, con los mismos versos de la canción “Vagabundear” del cantautor catalán:
“Harto ya de estar harto ya me cansé / de preguntarle al mundo por qué y por qué / la rosa de los vientos me ha de ayudar / y desde ahora vais a verme vagabundear…”
En esta segunda parte, aunque también estoy harto de todas las chapuzas y mentiras de este Gobierno, en vez de vagabundear al son de la guitarra, voy a intentar hablar sobre qué es y en qué consiste la “educación pública” en la escuela pública y su variante, la escuela “concertada”.
¿Qué entiende el Gobierno por “educación pública” (escuela pública)?
La escuela pública tiene que ser el eje vertebrador de la enseñanza, y para ello es imprescindible que sea igualitaria, compensadora de las desigualdades, democrática, laica, coeducadora, respetuosa con las diferentes lenguas y culturas del estado, y libre de los intereses privatizadores e ideológicos de las élites conservadoras. El control de la educación de los niños–casi desde el nacimiento—ha de ser entregada a las instituciones públicas, donde se les enseñará lo que el Estado quiere, independientemente de las opiniones de los padres. Se trata de un sistema educativo que está estructurado y fundamentado en las doctrinas socialistas, las cuales plantean que tanto la organización social como los medios de producción de una nación deben ser de dominio público y controlados por un órgano central, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo de una sociedad determinada.
Debe estar enfocada “en” y “para” las clases marginadas y en la repartición igualitaria de los recursos didácticos. Aunque intenta ser más inclusiva– buscando concienciar a los individuos sobre la diferencia de clases, la historia de los marginados y el enajenamiento producto del trabajo—suele alimentar el resentimiento de las masas y puede desembocar en la inducción de un gobierno totalitario. Es una educación laica, lo que quiere decir que no está obligada a impartir clases de religión. Las instituciones educativas pueden ofrecer orientación religiosa, pero esta no puede ser de forma obligatoria. Resumiendo y en el más puro estilo “román paladín”, lo que realmente pretende es el “adoctrinamiento” de los ciudadanos desde su más tierna infancia, como ocurrió en la Alemania nazi de Hitler, en la Rusia marxista de Lenin y en la Cuba de los hermanos Castro, entre otros.
¿Cómo debe ser la educación en la escuela pública?
Sin embargo, al tratar los temas educativos, conviene recordar la frase de Scott FitzGerald: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la habilidad para tener dos ideas opuestas en la mente, al mismo tiempo, y seguir funcionando”. En España, los pactos educativos no han sido posibles por la incapacidad de resolver cuatro viejísimos conflictos: primero, la tirantez entre las competencias del Estado y los derechos de las familias; segundo, la dureza entre la gestión social y la gestión estatal del sistema educativo público; tercero, la intolerancia entre la idea laica de la escuela pública y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y, cuarto, la tensión entre el currículo nacional y las competencias curriculares de las comunidades autónomas. Al tratar estos temas, debemos recordar que los derechos fundamentales pueden colisionar, aunque cada uno de ellos mantenga su legitimidad.
Esto ocurre con la educación pública y derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. El “derecho a la educación” plantea una situación especial porque, hasta donde sé, solo el “derecho a vivir” y el “derecho a la educación” tiene que ejercerse obligatoriamente, según la ley. Aquel, porque prohíbe el suicidio, y este obligando– en el caso de España–a estar en la aulas hasta los 16 años. Para que esto último sea posible y útil, hace falta un “estado garantista, promotor y con rigurosos controles democráticos”, que no se limite a garantizar libertades, sino que promueva las condiciones para que todo el mundo pueda ejercerlas, y que evite el indudable riesgo de adoctrinamiento.
Es fácil decir que el derecho implica que todo el mundo pueda recibir una buena educación, lo difícil está en decidir lo que es una buena educación. Cuando apareció la escuela pública, tuvo como finalidad conseguir la cohesión social. La Constitución española dice que el objetivo es una “educación integral”, lo que no aclara mucho. Según la propuesta del comisionado para los derechos humanos de la ONU, debe ser un “enfoque basado en los derechos humanos”. En 2015, la Unesco publicó “Replantear la educación”, donde se afirma que ante el aumento de la complejidad del mundo, “se hace más urgente que nunca replantear la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje”. Parece que hay cuatro objetivos básicos: la transmisión de la cultura, el desarrollo de una personalidad autónoma y libre, la empleabilidad y la convivencia justa.
En todos los países, es el Estado– través de las leyes educativas– quien señala los contenidos que los alumnos deben aprender. Esto provoca muchos recelos, porque los partidos en el Gobierno pueden intentar aprovechar la escuela para adoctrinar. Las experiencias del siglo pasado son terroríficas. En este momento, en España, se acusa a los partidos nacionalistas de favorecer el nacionalismo en la escuela, y a los partidos constitucionalistas (PP, C´s y Vox) de favorecer la enseñanza privada en detrimento de la pública. Desde posiciones de izquierdas, se denuncia una conspiración mundial en contra de la escuela pública, por lo que se pide al Estado que la proteja contra la invasión del mercado.
Los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero es difícil que conozcan el modo de conseguirlo. Pueden tener una vaga idea de los objetivos generales, pero no de los procedimientos para alcanzarlos. Además, su interés se centrará prioritariamente en sus hijos, sin atender a otras necesidades sociales. Coincido plenamente con Amy Guttman–presidenta de la Universidad de Pensilvania– al considerar que lo realmente importante es “exigir una justificación democrática” de lo que se va a enseñar en la escuela pública
Una enseñanza pública y gratuita es condición necesaria para que la educación siga siendo un derecho garantizado por la comunidad social, a través de su financiación pública, y no se convierta en una “oportunidad” o una “inversión” particular de quienes puedan pagársela, con vistas a conseguir una posible ventaja competitiva en su futuro laboral, como pretende el modelo neoliberal.
El derecho universal (con mayúsculas) a la educación tiene que garantizarse para todos por igual. Ello requiere un servicio educativo público (de titularidad y gestión pública) que sea gratuito en todas las etapas y en sentido pleno, es decir, que incluya también el acceso y los materiales didácticos que profesorado y alumnado necesiten para su proceso de aprendizaje.
El derecho a la educación debe entenderse también como el derecho de todo el alumnado a aprender con éxito, al margen de su origen o condiciones socioeconómicas, culturales o de índole personal. Se trata de no trasladar el modelo de competitividad y lucha darwinista económica y social a la escuela. No podemos tolerar que el sistema educativo, por falta de recursos y medios suficientes, permita que solo algunos tengan éxito y puedan acceder a todos los niveles educativos, mientras otros fracasan y quedan excluidos de las distintas posibilidades formativas actualmente existentes, o segregados en itinerarios de menor nivel, destinados a vías sociales y laborales de segundo orden(la Formación profesional). El fracaso escolar acaba siendo la plasmación del “fracaso social” en una sociedad que sigue sin considerar la educación como una prioridad irrenunciable para garantizar el derecho de todos a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Y la única posibilidad real para asegurarlo es un “sistema educativo público y gratuito”.
“Es totalmente inaceptable—como muy bien expresa en su magnífico artículo, mi buen amigo el Dr. Juan Ramón Medina Precioso, catedrático de Genética, ex rector de la Universidad de Sevilla y ex consejero de Educación del Gobierno de Murcia, entre otro muchos cargos docentes y políticos– que se dificulte enseñar los derechos humanos, tal como los recogió la ONU, o los principios democráticos, valores que la Constitución protege. Sin problema: las sentencias del Tribunal Supremo aclararon que cabe su enseñanza, siempre que sea neutral y sin adoctrinamiento; ahora bien, no de aquellos valores, por populares que sean en una etapa, que no estén expresamente recogidos en la Constitución”.
“Echo de menos—continúa afirmando– que el celo por los derechos humanos y constitucionales no diga nada sobre la enseñanza de otras nociones recogidas en la Constitución, como la soberanía única del pueblo español, la obligatoriedad de conocer el español o el papel de las Fuerzas Armadas en defender la integridad territorial de España. Varios gobiernos autonómicos se niegan a cumplir las sentencias de los tribunales sobre esas cuestiones y no parece que los socialistas hagan nada por cumplirlas (en realidad, a veces impulsan desobedecerlas), aunque son tan constitucionales como los derechos humanos”.
El ex consejero de Educación—termina su magnífico y preclaro artículo—diciendo y entonando un cántico a favor de la “libre elección de centro” y de la “enseñanza concertada” (un invento de Felipe González) y nada me gustaría más que, allá donde gobernasen, los socialistas las llevasen a la práctica. La experiencia indica que suelen hacer justo lo contrario. Parece que lo han olvidado. Sólo hay algo más sospechoso que un liberal predicando la igualdad: un socialista abogando por la libertad. Lo habitual es que la restrinjan en aras de la igualdad. Y están en su derecho, pero no en el de disimularlo”.
No ha tenido éxito Isabel Celaá–en sus intentos de tranquilizar al sector de la educación concertada—repitiendo, una y otra vez, durante los últimos meses que «la Lomloe no ataca a las escuelas concertadas”. Estamos acostumbrados a que nos mientan hasta cuando nos mienten e incluso que nos pasa lo de la fábula de “Pedro y el lobo”. Sus esfuerzos han sido en vano. El sector de la concertada cree que la Ley Celaá supone el inicio de la cuenta atrás para su definitiva eliminación, pues las enmiendas aprobadas por PSOE, Podemos y ERC parece darle la razón.
Aunque las escuelas concertadas están amparadas por el artículo 27.3 de la Constitución– que reconoce el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a recibir la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de las familias y, el derecho de las personas físicas y jurídicas a crear nuevos centros docentes– las enmiendas pactadas por PSOE, Podemos y ERC en la Ley Celaá han sido interpretadas por el sector de la concertada como una enmienda a la totalidad del artículo 27 de la Constitución y la modificación del artículo 109.2 de la Lomce, del que se elimina de la Constitución la referencia a la «demanda social”. Es decir, se trata de una reforma constitucional en toda la regla y por la puerta trasera.
Es tal el radicalismo ideológico y educativo de la ministra Celaá– la ex alumna del elitista, religioso, concertado y subvencionado colegio Sagrado Corazón de Bilbao—que, de hecho, ha llegado a negar que el derecho a la elección de centro sea constitucional, algo que hasta ahora sólo lo había sostenido en España el populismo de extrema izquierda.
«De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo pueda ser parte de la libertad de enseñanza», dijo la ministra el pasado 26 de octubre durante la inauguración del congreso nacional de Escuelas Católicas. “Si vis pacem, para bellum”–es una máxima latina que significa «Si quieres la paz, prepara (te) para la guerra»–. Aunque a veces se atribuye erróneamente a Julio César, en realidad deriva de un pasaje del escritor romano de temas militares Vegecio que dice: «Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum» El dicho es uno de los muchos basados en el prefacio del libro III de su obra “Epitoma rei militaris”, posiblemente escrita alrededor del año 390 d.C.
De acuerdo con el histórico y militar “aforismo vegeciano”, la guerra entre las Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ya está abierta y declarada, como así lo demuestra que el binomio PSOE-Podemos haya excluido a las escuelas concertadas de los planes de recuperación del coronavirus y haya reservado el 100% de las ayudas de 2.000 millones de euros para la educación pública «de gestión directa». Es decir, exclusivamente para las escuelas del Estado.
La Lomloe– que sustituirá a la Lomce, la ley educativa precedente de Wert– elimina el concepto de demanda social, relega a la intrascendencia las preferencias de los padres y se inventa un derecho «a la educación pública» que no aparece como tal en la Constitución. También hace un insistente hincapié en los «derechos de la infancia» para omitir a los principales garantes de esos derechos, los padres, y sustituirlos por el Estado.
La Ley Celáa no es una excepción a la regla, sino más bien un ejemplo corregido y aumentado de lo anterior. Ni una sola de las medidas más polémicas de la Ley Celaá –el fin de la vehicularidad del español, la exclusión de la concertada, la eliminación del límite de suspensos para pasar de curso y la politización de los inspectores de educación– estaban incluidas en el programa electoral del PSOE de 2019. Muchas de ellas son incluso contradictorias con su ideario ideológico.
Su radicalismo ideológico permite prever que, al igual que sus antecesoras, la ley Celaá tendrá una vida limitada, sus días están contados y será sustituida, sí o sí, por una ley de signo contrario en cuanto el PSOE pase a la oposición y el PP o cualquier otro partido, llegue a la Moncloa. Cosa que espero y deseo ocurra, lo antes posible, por el bien de España, por el bien de las familias y por el propio bien de nuestros niños y jóvenes. ¡Ojalá que un colectivo “seppuko (esa suicida despedida de los samurái para salvar su honor y dar una muestra postrera de valor) político” acabe pronto y rápido con este radical, demagogo, nefasto y pseuprogresista Gobierno, que no contento con mentirnos intenta mentirse así mismo! Y es que como siempre suelo decir y repetir: ¡Va y está en su naturaleza, como en la del escorpión de la fábula!
Pedro Manuel Hernández López es Médico jubilado y Periodísta
