OPINIÓN

Pedro Manuel Hernández López: «¿Transparencia en el Gobierno? ¿Qué transparencia…?»

Pedro Manuel Hernández López: "¿Transparencia en el Gobierno? ¿Qué transparencia…?"

Que bien nos suele venir a los que nos dedicamos a escribir “artículos de 0pinión”, el poder recurrir– al inicio de los mismos– al socorrido diccionario de la RAE. En este artículo voy a hacer uso de esta eficaz prerrogativa para intentar definir y aclarar qué es la “transparencia” y qué es, o mejor, cómo debería ser la “transparencia política” de los gobiernos y, en concreto, la del nuestro.

Transparencia es la “cualidad que tienen algunos objetos o materias a través de los cuales pasa la luz y se puede ver”. Para muchas personas la “transparencia” es un valor social que genera confianza, seguridad y que suele mostrar el lado positivo de los individuos u organismos públicos del Estado. Por similitud, decimos que un Gobierno es “políticamente transparente” cuando es sincero con sus ciudadanos, es responsable, asume las consecuencias de sus actos y de las leyes promulgadas, no miente ni tiene secretos y se muestra tal cual es. La transparencia política se refiere a la honestidad, ética y responsabilidad que deben tener los gobiernos y los entes públicos a fin de dar conocer a los ciudadanos cuáles son las gestiones y actividades en las que se realizan importantes inversiones económicas. Es y debe ser una cualidad de la actividad pública– de cualquier gobierno que se auto defina y proclame como “democrático, de derecho y constitucional—consistente en la apertura del sector público y en la divulgación de la información acerca de su gestión

En un Estado democrático—como se supone que es el nuestro, pero que está muy lejos de serlo— existe la obligación de que todos los poderes públicos (la Jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento y el Sistema judicial junto con las administraciones, empresas y fundaciones públicas)—den cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, de modo especial, del origen y el destino de los recursos públicos(gastos e inversiones) para así poder prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política. Así se puede establecer y mantener una relación de confianza mutua. En todos los estándares mundiales de “buen gobierno”, se considera fundamental la transparencia para el progreso social y económico. Ésta se opone a la “opacidad pública” y a la “ilusión financiera”, pues es el mejor antídoto contra la “corrupción política”.

Si para un ciudadano cualquiera– del mejor gobierno democrático que exista–ya es difícil poder saber si la información que le proporcionan es realmente sincera, clara, objetiva y veraz (que se corresponda con la realidad), imagínense Uds. en el caso de España, donde en el Gobierno, si en el nuestro, mienten todos—desde el Presidente hasta el último apuntador—y la transparencia, hasta de las cosas más nimias, brilla por su ausencia por “decreto ley”. ¡Cuántas veces han invocado– para justificar una subida de impuestos o el precio de las mascarillas anti Covid-19, por ejemplo—el reglamento o una determinada ley de la Comunidad Europea!

No sé quién fue el que dijo—pero tenía toda la razón—que “un gobierno transparente es aquel que lucha en primera instancia por encaminar al país por la vía del verdadero desarrollo, lo cual implica un aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Un poco de historia no nos viene mal para ahondar en el concepto de la “transparencia política”. Recordemos que, en el IV milenio a. C. , las gentes de Mesopotamia–en el valle comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates–empezaron a agruparse en núcleos de los que surgieron las primeras ciudades. Esto trajo consigo un importante cambio en la vida social y económica de la humanidad. En las primeras “ciudades-estado” sumerias (Ur, Uruk, Eridu o Lagask) había un mercado basado en templos que hacían la función de bancos, regidos por “sacerdotes-banqueros”. Los habitantes llevaban sus productos al “templo-banco” para cambiarlos por unidades monetarias que quedaban registradas en unas tablas de arcilla (precursoras de la escritura cuneiforme). En ellas constaban el nombre del vendedor y comprador, las mercancías y las unidades monetarias usadas. Posteriormente la invención y el uso de la moneda metálica—básicamente anónima—favoreció el desarrollo del juego sucio, la especulación y la corrupción. Esto permitió al rey Sargón I de Akkad o el “Grande” (2334-2279 a.C.) eliminar el sistema anterior e iniciar una carrera de imperialismos sucesivos que han llegado hasta nuestros días, donde la corrupción es su mayor y más desarrollada característica.

En el sector público transparente de un Gobierno democrático y de derecho, la divulgación de la información de cualquier actividad pública debe estar axiomáticamente reglada: estableciendo una norma de obligado cumplimiento que no dependa de la voluntad de quién/es se encuentren en los poderes públicos en esos momentos y que cuente con sanciones disuasorias exigibles judicialmente para quien incumpla la obligación de transparencia. Además, la “transparencia política” debe ser:
Cierta: con garantías reales de sanciones disuasorias para quienes divulguen intencionadamente información falsa, inexacta o engañosa.

Completa: para que alcance a todos los agentes e instituciones públicas y sin que se omita ningún contenido clave, excepto por motivos de Seguridad nacional.

Ordenada: con los datos organizados para facilitar su análisis.

Fundada y verificable: acompañada de explicaciones de la metodología y fuentes usadas para su elaboración.

Homologada internacionalmente: definiendo los indicadores para facilitar su comparación.

Actualizada periódicamente: para poder rectificar los errores anteriores.

Accesible: para no tener que hacer uso de ningún derecho de acceso, sin necesidad de identificación para

acceder a ella y sin coste directo alguno o mediante el pago de tasas públicas accesibles a todos los ciudadanos.

A la vista de todas estas características, no hay que ser un experto politólogo y mucho menos estar en posesión de doctorados en política y sociología, para darse cuenta “de que” –por si algún lector avispado al leerlo se sonríe burlonamente, esta expresión es correcta y no es un dequeísmo, ya que el Diccionario panhispánico de dudas así lo recoge—el Gobierno de Sánchez y de sus extremistas socios de izquierdas, será “cualquier cosa” que ellos quieran que sea– de boquilla pá fuera– entiéndase por cualquier cosa: progresista, feminista, garante de las libertades, socialista, comunista, filo marxista y todas las “istas” que Uds. quieran añadirle. Este nefasto e incompetente Gobierno—por desgracia para una gran mayoría y para alegría de otros, aunque no muchos– puede ser todo, menos un gobierno democrático, de derecho, constitucional y, muchísimo menos, “transparente”.

Un gobierno “transparente” no confunde la “transparencia” con la información inadecuada y fuera de lugar aireada por todos los medios de comunicación escritos, hablados y visuales –como es el caso de las cartas amenazantes a varios miembros del ejecutivo ministerial y altos cargos—y mucho menos cuando con ella dificulta la investigación policial oficial en curso y pone en grave riesgo la seguridad física y la integridad personal de los miembros del Gobierno e incluso la Seguridad Nacional.
Un gobierno “transparente” no oculta el número real de muertos a causa de la pandemia del Covid-19 y encima se escuda en que la responsabilidad de la gestión es de las respectivas Comunidades Autónomas (CC AA).

Un gobierno “transparente” no miente diciendo que no puede rebajar el precio y el IVA de las mascarillas porque una directriz de la UE se lo impide, y que ponga toda la gestión sanitaria en manos de un “comité fantasma” de expertos que nunca existió.

Un gobierno “transparente” no niega que su Ministro Ábalos se reunió en el aeropuerto “Adolfo Suarez” con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sus famosas maletas cuyo enigmático contenido seguimos sin conocer, aunque por el contrario, sí conocemos y hasta la saciedad, el número exacto de proyectiles, que no balas (estas son solo las ojivas que salen expulsadas al disparar el arma) y el tamaño de la navaja, presuntamente ensangrentada (que luego se demostró que era pintura) que contenían, las ya famosas cartas “amenazantes”.

Un gobierno “transparente” jamás nos mentiría afirmando–por las tres voces en que se pueden conjugar los verbos y perjurando por su “nuevo colchón” de Moncloa– que nunca jamás pactaría con Pablo Iglesias, pues de lo contrario, él (¡el burro delante pá que no se espante!) y el resto de españoles no podrían dormir tranquilos nunca más, para que al poco tiempo se echara en sus brazos, lo nombrara ministro y vicepresidente segundo del Gobierno, a su pareja ministra de Igualdad y le diera cabida en el elitista club del CNI, y todo como regalo de boda.

Pedro Sánchez se jacta de tener unos principios equilibrados y bien fundamentados, pero–como sucedía con el genial Groucho Marx—si a Ud. no le gustan, no tiene empacho alguno en cambiarlos. Durante el lustro y poco más que lleva al frente del PSOE, al hoy presidente Sánchez le hemos pescado, nada más y nada menos, que en 15 mentiras de órdago, de esas de “toma pan y moja”. En definitiva, a este personaje–“cum fraude” de jerarca– no le quita el sueño un termo de café cargado, ni encamarse con el más rancio comunista y mucho menos——tener problemas por consentir que los socialistas navarros negocien los Presupuestos forales con Bildu, el partido del monstruoso y secuestrador Otegui—cuando en el 2016 machacaba inmisericordemente el entorno abertzale y enaltecía la figura de Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista de ETA.

Pedro Manuel Hernández López. Médico jubilado y Periodista.

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