No habrá servido para nada el plan de Pedro Sánchez Pérez-Castejón España 02050.

«Hacia 2078 se romperá España. A no ser que…»

Tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, la trayectoria del Estado en los últimos cuarenta años ha sido de condescendencia y cuando no de colaboración con el independentismo catalán y vasco

"Hacia 2078 se romperá España. A no ser que…"

Los más conspicuos politólogos, demógrafos, sociólogos e historiadores concluyen que hacia el año 2078, que es cuando convivirán en exclusiva cuatro generaciones desde la promulgación de la Constitución de 1978, España se romperá en diversos territorios independientes.

No habrá servido para nada el plan de Pedro Sánchez Pérez-Castejón España 02050.

Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo porque, simplemente, no contemplaba esa posibilidad en el prólogo España: un país con hambre de futuro.

Y las herramientas utilizadas por los nacionalismos hispanófobos habrán sido la Educación en exclusiva, el control absoluto de los medios públicos de comunicación, la involución democrática, la exclusión de la lengua común, el atropello de los derechos constitucionales, lingüísticos y cívicos, la discriminación en el acceso al trabajo público y una izquierda miope y antipatriótica que les ha extendido la alfombra roja. Xavier Arzalluz Antia y Jordi Pujol i Soley habrán tardado un siglo en conseguir los objetivos que se propusieron en 1978, corto espacio de tiempo para los seis de historia común de la nación española.

Para evitar este final dramático, los entendidos señalan que el Estado debe impedir el adoctrinamiento independentista en las bibliotecas públicas, en los centros culturales públicos ó subvencionados y en las aulas, a través del funcionamiento eficaz e implacable de la Alta Inspección del Estado en esa materia (la que no se aplicó y existía antes de la vitriólica Ley Celaá/ Sánchez), que, además de detectar la manipulación, debe tener competencias para sancionar, expulsar del sector a los profesores falsarios y a los directores colaboradores, cerrar el centro si es reincidente, multar y retirar la licencia a las editoriales que colaboran en el adoctrinamiento publicando libros escolares oficiales con contenidos falsos y, llegado el caso, intervenir las competencias autonómicas en la materia con un 155 indefinido.

Y para los medios de comunicación de titularidad pública, la manera de evitar su entrega y dedicación a la tropelía independentista es que dejen de pertenecer al gobierno de turno y al poder político, y estén adscritos a un organismo estatal que lo conformen las reales academias, la FAPE, la AERC y UTECA, y lo presida la Corona. Naturalmente, esto tendrá que estar combinado con el fortalecimiento y la presencia del Estado en todo el territorio nacional, la protección, defensa y reforzamiento del idioma común, el español, frenando de cuajo la dispersión lingüística y la babelización de España que alientan los independentistas si se siguen consolidando más barreras lingüísticas para la movilidad de los ciudadanos y el desempeño de la función pública; la recuperación de competencias que han roto la caja única de la Seguridad Social, el control de las vías públicas nacionales de comunicación y de infraestructuras estratégicas; la gestión plena de activos de empresas públicas nacionales y de organismos científicos, y la aplicación igualitaria en las cárceles de las condenas impuestas por los jueces para evitar la progresión arbitraria de grado que hacen en Cataluña y dentro de poco en el País Vasco y Navarra, además del apoyo decidido a la unidad mediante el fortalecimiento de lo que nos une y el debilitamiento de lo que nos separa, buscando siempre la mayor cohesión social. Todo esto está condensado en lo que se denuncia y defiende en el comunicado de Impulso Ciudadano, firmado ya por 1.000 intelectuales y políticos, y cuyo número no deja de crecer.

Tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, la trayectoria del Estado en los últimos cuarenta años ha sido de condescendencia y cuando no de colaboración con el independentismo catalán y vasco, traspasando irresponsablemente competencias estatales, comerciando con otras, haciendo dejadez de las pocas que retiene y facilitando el nacimiento de nuevos focos independentistas en diversas regiones de España, que nacen como locales, crecen como regionales y maduran como secesionistas para lucrarse de la política y perpetuarse en ella y, de paso, apoyar y fortalecer a sus padres putativos catalán y vasco, que los financian y dirigen.

Solo el tercer poder del Estado, el Judicial, y la firme actitud e intervención de la Monarquía (el Rey Juan Carlos I parando el golpe de Estado de Tejero-Milans-Armada y el Rey Felipe VI activando el Estado contra el golpe de Estado separatista en Cataluña) han impedido la vuelta a la dictadura y la secesión en España, evitando, aunque no siempre, que la ley, el acatamiento a los tribunales y la aceptación de la autoridad democrática no queden a titulo de inventario.

Cuando el delincuente Jordi Pujol Ferrusola consiguió que la Escuela Judicial tuviese su sede en Barcelona, pensó que en la capital catalana sus alumnos serían permeables a las maniobras y tesis independentistas. Por ahora no lo ha conseguido, gracias, fundamentalmente, a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 56/1990 y 62/1990, que declararon que es estatal la Administración de la Justicia y su verdadero núcleo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como sus exclusivas funciones, a pesar de que nunca se tuvo que transferir a las Comunidades Autónomas la competencia en lo que el TC llama “administración de la Administración de Justicia”, como es la provisión de sedes y demás medios materiales de intendencia, incluido el personal auxiliar, que resta independencia al CGPJ y le impone indecentes chantajes autonómicos.

De ahí que el actual pulso contra la conformación y competencias de CGPJ no lo deban ganar los independentistas sino la Justicia independiente y eficaz, ya que la dilatada no es Justicia, según el viejo dicho. Un país democrático puede vivir sin Ejecutivo durante un largo tiempo (Bélgica e Italia son un ejemplo), también sin Legislativo cuando el exceso de leyes perjudica más que ayuda o se gobierna por decreto-ley (España), pero nunca podrá vivir sin el poder Judicial, de ahí que la Justicia sea el más precioso de los poderes del Estado.

A ese clavo ardiendo nos agarramos los que amamos a España, a no ser que en las filas del PSOE y del PP aparezcan dos políticos que, con el aliento de la Corona, la defiendan y trabajen conjuntamente para cambiar el devenir de los próximos 57 años y de paso jubilen a una “pandilla de hijos e hijas de puta –seamos paritarios en eso”, como ha escrito Arturo Pérez-Reverte-, “a los que financiamos con la mitad de nuestros ingresos”.

Jorge del Corral

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Autor

Jorge del Corral

Hijo, hermano y padre de periodistas, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Ha trabajado en cabeceras destacadas como ABC y Ya. Fue uno de los fundadores de Antena 3 TV. Miembro fundador de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y del Grupo Crónica, creador de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ATV) y fundador de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA). Un histórico de la agencia EFE, donde fue subdirector y corresponsal en Roma.

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