En varios países, principalmente en Francia, alguno de sus ex presidentes ha sido condenado a penas de cárcel una vez que ha decaído su inmunidad y ha sido posible juzgarle por delitos cometidos inmediatamente antes o durante su mandato. ¿En España podría ocurrir con Pedro Sánchez Pérez-Castejón?
Jacques Chirac Valette terminó condenado a dos años de prisión tras ser declarado culpable de malversación de fondos públicos para financiar ilegalmente al partido conservador.
Fue el primer exjefe de Estado francés en ser procesado desde la Segunda Guerra Mundial. Después vino la detención de Nicolás Sarkozy de Nagy-Bocsa, presidente entre 2007 y 2012, para ser interrogado por la policía de la Oficina Central para la lucha contra la corrupción, acusado de financiar ilegalmente la campaña que le llevó al Elíseo gracias a la Libia de Muamar el Gadafi. Un juez le ha condenado a tres años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias.
En España, desde el advenimiento de la democracia y la aprobación de la Constitución no se ha condenado a ningún ex presidente, aunque sí a ministros, ex presidentes autonómicos y consejeros. Probablemente haya muchos millones de españoles que deseen este fin para Pedro Sánchez por sus mentiras, tropelías y artimañas para comprar voluntades y obtener apoyos de paniaguados, purpurados y élites de la nación para que deserten de sus obligaciones cívicas, se humillen ante los secesionistas y apoyen la concesión del indulto parcial a los condenados por una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, quebrando la legalidad constitucional, para que él pueda seguir en La Moncloa otra temporada más, mientras la mayoría de los ciudadanos mantienen íntegra su dignidad y se oponen al atropello a la autoridad judicial y al desmantelamiento de las instituciones del Estado. Como ha recordado acertadamente Julián Quirós, “En no pocos trances históricos las oligarquías han desertado de sus responsabilidades.
Permítanme recordar lo que escribió Stendhal sobre los errores de su admirado Napoleón en la Guerra de la Independencia: “Cometió la imprudencia de juzgar a la nación española por las clases altas; pensaba que disponer de la corte era disponer del pueblo; España mostraría estupidez, bajeza y cobardía en los principios y abnegación novelesca por parte del pueblo””.
Ya sabemos lo que pasó. La historia no se repite, pero tiene otras formas de expresarse en democracia.
La cuestión es si al término de su mandado alguien habilitado le pone una denuncia, es aceptada, prospera y termina en condena. La malversación de fondos públicos, la apropiación indebida, la prevaricación y el tráfico de influencias son los delitos más probables, a juicio de numerosos especialistas, que sugieren que se empiece a recabar pruebas. Sería una manera de que la Nación española, “patria común e indivisible de todos los españoles”, obtuviese reparación a la cesión grave del Estado a los secesionistas que lleva practicando Sánchez con el poder ejecutivo y legislativo a su antojo desde que accedió a La Moncloa con los votos de independentistas y filo etarras, tras declarar en la campaña electoral que si ganaba las elecciones castigaría más los referendos ilegales, detendría a los huidos de la justicia, endurecería el delito de rebelión y nunca concedería indultos.
En estos momentos de debilidad del Estado y de su desmantelamiento por un sujeto ególatra y sin principios, todo español de bien hace suya la frase de José Calvo Sotelo: “Antes una España roja que una España rota”.
