Estamos en 2025, un gobierno Constitucional rige los designios de España, el sanchísmo se diluye y Pedro Sánchez Pérez-Castejón está en aprietos judiciales acusado de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, prevaricación y tráfico de influencias.
El PSOE ha vuelto a ser el de Felipe González Márquez, Alfonso Guerra González y Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque es tercera fuerza tras la debacle sanchista; el PP ha dejado atrás la corrupción que le anegaba, sus responsables cumplen condena y ya no contemporiza ni colabora con los independentistas, y Vox se ha consolidado como segunda fuerza y es la voz necesaria para que nadie olvide que España es “un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, y que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
El valor de la palabra dada ha vuelto a ser sagrado, una vez que ha quedada arrinconada la mentira, la trapacería y el marketing, por lo que una de las primeras cosas que ha hecho el nuevo Ejecutivo ha sido dar un ultimátum a los mitómanos independentistas que ocupan la Generalitat de Cataluña, roban a mansalva y no atienden las necesidades de los catalanes, incluida la mayoría constitucional que la habita y le sufre. Y como Pere Aragonés García y demás sediciosos han seguido en sus trece, el Senado, por mayoría abrumadora, ha autorizado aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
“Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar las instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
Y una vez aprobado ha intervenido el gobierno regional por tiempo indefinido, controla sus cuentas públicas, impidiendo que se destinen fondos a la mamandurria independentista; la radio y televisión pública están en manos de catalanes constitucionalistas que se rigen por el principio de neutralidad; la Educación obligatoria y la superior han suprimido los libros de texto que falseaban la historia y adoctrinaban en el secesionismo, ha inhabilitado a los falsos profesores y a las editoriales que publicaban esos volúmenes al dictado de los independentistas; la representación en el exterior se ciñe a sus competencias estatutarias, y la Justicia hace su trabajo en paz y sin zancadillas.
Como consecuencia de todo esto, el PIB de Cataluña está creciendo más que el del resto de España, a pesar de que, copiando a Madrid, ha bajado impuestos y suprimido otros que ahogaban a los catalanes y servían para repartir prebendas y pagar salarios a los paniaguados de las soflamas independentistas; muchas empresas que desde 2017 trasladaron su sede social a otras partes de España han vuelto a su antiguo lugar; a Javier Cercas le han concedido la Gran Cruz de San Jordi por haber vendido en Cataluña 3 millones de ejemplares de su novela Independencia; Barcelona también ha cambiado de Consistorio y ha dejado de ser un basurero y una ciudad sin ley, y ha recobrado su cosmopolitismo; se han diluido las manifestaciones de impostores y antisistema acarreados en media Europa; los grupos cívicos constitucionalistas se han fortalecido, y los condenados por incumplir la ley y robar a manos llenas cumplen sus condenas en prisiones catalanas y en las mismas condiciones que el resto de reclusos.
Esta nueva felicidad se refleja en los medios de comunicación, de donde ha desaparecido el protagonismo de la falsa Cataluña, que antes abría hasta el empalago los informativos de radio y televisión, las primeras páginas de los diarios y las redes sociales. Ha dejado de ser ingrediente de todas las sopas y lo hace en la misma proporción que el resto de Comunidades Autónomas, incluidas Baleares y Valencia, cuyos gobiernos han cejado de hacer el idiota, y el País Vasco, en donde el PNV ha visto las orejas al lobo y ha vuelto a ser pragmático, mientras EH-Bildu está más manso que los cabestros en la dehesa.
Gracias a las políticas del nuevo Gobierno, España ha vuelto a ser considerada y respetada en el escenario internacional, los ciudadanos son más dichosos, ha regresado la solidaridad y desaparecido el guerracivilismo sembrado por Zapatero, Sánchez y otros desalmados, y hasta se pide a voces conectar todas las cuencas hidrográficas y distribuir mejor el agua entre la España húmeda y la España seca, mientras se inauguran nuevos pantanos por autoridades autonómicas y nacionales de distinto signo político pero con un mismo propósito: hacer más fuerte la Nación de ciudadanos libres e iguales.
JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL
