Es Pedro Sánchez un maestro del embuste, un vicioso del engaño y se apresta a dar un paso más, fatal, en su marcha constante hacia la ignominia.
Arrastrando al precipicio, como no puede ser de otra manera, al PSOE y a todos sus dirigentes.
Soltando trolas a diestro y siniestro. Este 10 de julio de 2021 anunció una remodelación del Gobierno, en la que conservan sus cinco carteras los de Podemos intactas, pero hace sólo dos días negaba que fuera a hacer cambios en el Ejecutivo.
Durante una rueda de prensa en Vilna junto a la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, a Sánchez se le preguntó si la remodelación que se estaba planteando alcanzaría a los «primeros niveles», en referencia a Carmen Calvo, y él echó balones fuera:
«La prioridad es la que es, recuperación y vacunación. Nada nuevo que añadir al respecto».
Estas declaraciones las hizo este jueves, sólo dos días antes de destituir a Carmen Calvo, al ministro de Ciencia, Pedro Duque, a la ministra de Educación, Isabel Celáa; al de Justicia Juan Carlos Campo y a los ministros de Cultura y Asuntos Exteriores, José Manuel Rodríguez Uribes y Arancha González Laya.
Calculen y verán que con Sánchez salimos a una mentira gorda cada 48 horas.
La Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno socialcomunista es un salvoconducto para que Sánchez pueda hacer y deshacer a su antojo sin rendir cuentas.
Con la excusa del «interés para la seguridad nacional», el socialista Sánchez podrá vetar el acceso de los ciudadanos a la información pública.
La nueva norma blinda al jefe del Ejecutivo, porque cualquier documento que ataña a Sánchez podrá ser vetado.
Un ejemplo: los viajes privados de el presidente de la tesis fake, quién viaja a bordo de los aviones oficiales a costa del erario público, o a quién invita a comer jamón y cigalas en los palacios de La Mareta o Doñana.
Pero lo más grave, sin duda, es que la nueva ley confiere plenos poderes al presidente del Gobierno para declarar, mediante real decreto, una situación de interés nacional sin pasar por el Consejo de Seguridad Nacional ni por el Congreso de los Diputados.
Cómo será que la ley determina que «en los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan».
El colmo es que se «podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».
En suma, quedan triturados derechos fundamentales.
En suma: la llaman Ley de Seguridad Nacional, pero en realidad es el instrumento que permitirá a Sánchez arrogarse plenos poderes, al modo y manera que la Ley de Seguridad Nacional (el nombre es idéntico) de Venezuela confiere a Nicolás Maduro mano libre para imponer su voluntad.
Otro golpe y este terrible a la democracia española.
