“Las redes sociales siguen actuando al margen de la ley y contra los derechos fundamentales”.
Esa es la rotunda afirmación que la periodista y colaboradora de Periodista Digital y Estado de Alarma TV, Cristina Seguí, hacía esta mañana.
Lo afirma tras el cierre de su cuenta de Instagram, sin la comunicación del motivo ni la vía de apelación para recuperar su cuenta.
Una decisión unilateral y arbitraria que la red social tomaba tras la publicación de Seguí, para sus 50.000 seguidores, de dos documentos públicos y abiertos con el sello de la División de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, y de la Academia General Militar, en los que se coaccionaba a los nuevos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar su “Certificado COVID19” como requisito para acceder a su formación policial y militar. Un certificado cuya validez legal ha sido anulada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el de Galicia en el día de hoy por atentar contra el principio de no discriminación, que era, precisamente, lo que la periodista denunciaba en su post de Instagram”:
“Defensa e Interior ya coaccionan a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a vacunarse con el fármaco comercializado y a mostrar el pasaporte Covid19. Una medida tumbada por el TSJA, por considerar que la medida atenta contra el principio constitucional que prohíbe la discriminación”.
En el cuerpo del correo de la División de Formación del Cuerpo Nacional de Policía, el jefe de la división correspondiente explicaba:
“…Asimismo, dada la situación sociosanitaria en la que nos encontramos, el día en que se deba incorporar lo deberá hacer con la pauta de vacunación completa contra la COVID 19, presentado como justificación el certificado COVID digital UE.
En el caso de no estar vacunado o no tener la pauta completa de la misma deberá comunicarlo a la escuela nacional de policía, a la dirección de correo electrónico oficinadelalumno.enp.dfp@policía.es”
Como ella misma recordaba en su cuenta de Twitter, cabe destacar que Seguí también sufrió, el pasado lunes, la decisión de Youtube de eliminar su sección, el CSEGUÍ, por criticar el Certificado COVID19 y calificarlo de ilegal, lo que también supuso una semana de bloqueo y penalización económica del canal de Estado de Alarma.
No importa lo que digan los jueces. La verdad la deciden los intereses privados de las grandes tecnológicas por orden política. Y la pena profesional la marcan, contra todo pronóstico, los medios y políticos que han pasado un año y medio anulando las autopsias y ordenando anotar las muertes por coronavirus sin test como “no confirmadas” para esconder muertos. Y los que nos hemos jugado el trabajo para contarlo, seguimos sufriendo el acoso ideológico de las redes sociales que siguen atentando con total impunidad contra el artículo 20 de nuestra Constitución que garantiza la libertad de información. Y la gente se está acostumbrando”
