Se atribuye al escritor francés Jean de la Bruyère (1645-1696) la siguiente frase:
“Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”
Claro que tan malo puede ser dilatar en el tiempo las decisiones judiciales como lo que hace este ‘gobierno de coacción’ que con sus actuaciones arbitrarias y sectarias ‘invade’, por no decir ‘pisotea’, la legalidad vigente.
¿Pero de qué legalidad hablamos?
De la europea (TJUE -Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Tribunal de Justicia y Tribunal General)
Que se supone, están para: ‘Interpretar’ la legislación de la UE, para ‘Garantizar’ que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y para ‘Resolver’ los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.
De la española (TC, TSJ, Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado)
Aquí el panorama actual se complica un poco más, porque vivimos una especie de ‘esquizofrenia judicial’ en donde un ‘aquelarre cuatripartito’ intenta confundir al poder judicial bajo injerencias o presiones inducidas o promovidas por el poder ejecutivo que a su vez legisla ‘a salto de mata’, sin luz ni taquígrafos como mandan los cánones éticos en cualquier sociedad democrática.
Pues bien… empecemos hablando de la justicia y de la aplicación de la legalidad europea.
Nos lo van a tener que explicar muy bien explicado, porque tontos, lo que se dice tontos no somos, y asumiendo esto, creo que no es dificil comprender que nos están tomando el pelo con la puesta en libertad y la libre circulación del golpista prófugo -Puigdemont- y la de los demás imputados huidos de la huidos de la Justicia española.
Tendríamos que hacer los españoles una especie de ‘Brexit Jurídico’ para que en Europa se respeten nuestras Leyes y acaten las decisiones del Alto Tribunal sobre asuntos que concierne juzgar sólo y exclusivamente en España, por haber sido delitos cometidos ‘in situ’ contra el Estado español, contra el Orden Constitucional y contra la Monarquía.
Mientras tanto el gobierno de Sánchez hace ‘mutis por el foro’ con el objetivo de no revelar el verdadero e inconfesable deseo, que es el no querer ‘comerse el marrón’ de la extradición, lo que seguramente daría pie a que los independentistas catalanes, con el presidente de la Generalidad a la cabeza, ‘monten el pollo’ y peligre el apoyo a la estabilidad y sustento del ‘Sanchismo’, por ser esto condición ‘sine qua non’ para aprobar los presupuestos y aguantar dos años más.
Pero si nos preocupa que las leyes europeas nos ninguneen y las apliquen como les viene en gana, descendamos al ‘limbo jurisdiccional’ español y verán.
Resulta que tras trasladar en un avión del ejército del aire español y hospitalizar en Zaragoza -con el conocimiento gubernamental- al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, actuación que provocó las represalias marroquíes por todos conocidas (apertura de fronteras e invasión de Ceuta y Melilla) la ex ministra de Exteriores -González Laya- defenestrada para evitar las consecuencias al ser imputada (investigada según lenguaje actual socialista) es llamada a declarar ante el juez y… pásmense:
Se ha negado a contestar al juez las dos preguntas clave:
¿Quién fue el responsable último de esta operación y ¿Quiénes participaron en su ejecución en el seno del Gobierno?
Limitándose a añadir que “todo se ha hecho conforme a la ley”
Previamente, es conveniente aclarar, que la Abogacía del Estado exigió censurar la información del caso Gali, evitando que se desvelen detalles clasificados como ‘secreto de Estado’.
Todo ello, claro está, en un ejercicio vergonzante de ocultismo y sumisión al Partido para eximir de culpa… ¿Al Jefe?
Pero dentro de las irregularidades jurídicas cometidas por Sánchez y sus ‘socios’ destaca, por su trascendencia sobre toda la población, el primer Estado de Alarma decretado en marzo de 2020 y aparejado al cierre temporal del Congreso de los Diputados.
Sí, esas medidas excepcionales que ha sentenciado el Tribunal Constitucional recientemente:
“El confinamiento domiciliario del primer estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 excedió los límites de dicho estado excepcional recogidos en la Constitución y por tanto no fue legal ni constitucional.
Se pronuncia también, ante el recurso de amparo interpuesto por VOX, sobre la situación creada por el Cierre del Parlamento:
“El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la suspensión de la actividad parlamentaria al inicio del primer estado de alarma por considerar que vulneró los derechos de los diputados”.
Y añado yo… ‘y de los ciudadanos también’, ya que no teníamos ninguna defensa ni representación mientras se derogaban Leyes a diestro y siniestro mediante Decretos ley y el BOE ‘ardía’ con toda clase de nombramientos, mientras que permanecíamos ‘presos’ en nuestros domicilios, ‘haciendo palmitas’ en muestra de un merecido reconocimiento a los sanitarios que se jugaban la vida en los hospitales ‘envueltos en bolsas de plástico’.
Y de todo lo anterior se deduce una triste conclusión, que vulnera la Constitución española avalada por una mayoría de partidos políticos y por un 98% del pueblo español mediante Referéndum, y dicha conclusión no es ni más ni menos que…
“Los españoles NO somos todos iguales ante la Ley”
Me despido felicitando a Podemos por tener el poder de ‘volver lo blanco al negro o lo negro al blanco’ -no sea que me acusen de xenofobia- al haber logrado someter al gobierno a su política social comunista, a cambio de su apoyo a los PGE, y en un país con 4,5 millones de ciudadanos en situación de pobreza extrema, intervenir en los alquileres, repartir bonos sociales a jóvenes de 250 € (ayuda alquiler) y bonos culturales de 400 € a unos 500.000 jóvenes (¿votos?) que cumplen 18 años en 2022 para ir al cine, teatro, exposiciones, etc.
¡Toros no!… por orden de Yolanda Diaz, tras haberlos incluido en el bono Iceta.
¡Magníficas medidas! ¿No?
Y para nada electoralistas ¿Verdad?
José Manuel García Albarrán
Médico jubilado
