Para ayudar económicamente a las víctimas de la gran riada de Valencia del 14 de octubre de 1957 (al menos 81 muertos) y financiar las cuantiosas obras que se hicieron para evitar una repetición de la tragedia, Franco aprobó y publicó en el BOE del 23 de diciembre de 1961 una ley de la Jefatura del Estado por la que se estableció un recargo de 25 céntimos de peseta para toda carta o envío postal que se hiciese desde las poblaciones de la denominada Zona Gran Valencia, así como las que se remitiesen desde cualquier otro punto de España hasta esa demarcación. Esta modalidad para recaudar fondos con los que hacer frente a calamidades u otros fines se adoptó en diversas ocasiones, como fueron, entre otras, el Impuesto de Guerra, el recargo Pro tuberculosis, el Pro-patria (Suiza), el Pro-infancia (Suiza), el recargo Barcelona y la sobretasa Plan Sur de Valencia.
Con el dinero obtenido por ese procedimiento durante unos 10 años, y otras tasas menos duraderas como los telegramas, llamadas telefónicas y estancia en hoteles valencianos, se otorgaron ayudas a los damnificados por la riada (el 13 y el 14 de diciembre las precipitaciones superaron los 300 mm y se originaron dos ondas de crecida sobre Valencia: la primera de 2.700 metros cúbicos por segundo y una velocidad media de 3,25 m/s, y la segunda de 3.700 metros cúbicos por segundo y 4,16 m/s, que inundaron la mayor parte de la capital) y se financiaron las grandes obras ejecutadas para desviar el rio Turia y evitar así una nueva tragedia a la que la ciudad de Valencia estaba abocada periódicamente desde que fuera fundada en el año 138 a.d.C. sobre una llanura aluvial. Tras esta riada se desvió el cauce al sur de Valencia, dotando al nuevo, de casi 12 kilometros (11.868 metros), de una capacidad en torno a 5.000 metros cúbicos por segundo, además de otras actuaciones menores de regulación. El trazado del Nuevo Cauce del río Turia, también llamada Solución Sur (la más costosa y colosal), supuso desviar el rio de la ciudad y construir un nuevo lecho desde las afueras de Cuart de Poblet, cruzando por la Huerta de Valencia, hasta desembocar en el Mediterráneo por el norte de Pinedo.
Los trabajos se aprobaron en Consejo de Ministros el 22 de julio de 1958; las Cortes Españolas, en la Ley 81 de 1961, establecieron las directrices de financiación; la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó las tareas a la UTE (unión temporal de empresas) CYT (Cubiertas y Tejados) y MZOV (Compañía de construcciones del Ferrocarril de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo), comenzando las labores en febrero de 1965 bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y concluyendo oficialmente el 22 de diciembre de 1969, día en el que el jefe del Estado Francisco Franco realizó una visita a las obras, tras la que quedaron pendiente algunos remates en viales y ajardinamientos. El cauce actual tiene otras dos obras hidráulicas singulares: el Azud del Repartiment, construido para la distribución de las aguas a las acequias de la Vega de Valencia, y el Azud de Chirivella, para hacer perder cota al nuevo trazado y evitar que la circulación del agua entre en turbulencia y erosione el lecho.
Para costear las indemnizaciones a los damnificados por la erupción del Volcán Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, y todas las obras de infraestructura que serán necesarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, podría emular a Franco y aprobar un real decreto ley gravando con un canon temporal todo producto comprado por Internet y enviado a la isla por cualquiera de esas empresas que están arrasando el pequeño comercio de proximidad y acabando con el concepto mismo de ciudad Romana, así como todo mensaje de voz o texto que se remita por sms, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y demás redes sociales a todo teléfono móvil que esté situado en La Palma o en cualquiera de las islas canarias, o desde éstas a dispositivos similares radicados en otro lugar de España. El control y la recaudación la efectuarían las compañías telefónicas y el ministerio de Hacienda sería el encargado de recogerlo y distribuirlo en virtud de una ley ad hoc. Una solución solidaria y eficaz. ¿A qué espera señor Sánchez?
JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL
PD: Al amparo del sagrado derecho de opinión me permito proponer al Sr. Sánchez que se inspire en la medida adoptada entonces por Franco en 1957 para hacer frente ahora a la tragedia del volcán Cumbre Vieja, y todo ello sin ningún ánimo de violentar la ley de Memoria Democrática, antecesora de la también vitriólica ley de Memoria Histórica.
