La fórmula del Gobierno socialista comunista-chavista que aún nos desgobierna es sencilla: más impuestos, más pobreza, menos Estado de Derecho, y menos España.
En meter la mano en el bolsillo al ciudadano todos los gobiernos han sido proclives, creando o manteniendo figuras impositivas redundantes y extractivas como el impuesto de patrimonio y el de plusvalía, pero el que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón en coalición con los comunistas-chavistas de Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas y filo terroristas no tiene parangón.
Además de mantener las citadas cargas, al ciudadano le sube el IVA por comprar, el IRPF por trabajar, el IBI por vivir en un piso y no bajo un puente, el de Sucesiones por heredar, el de sociedades por crear empleo y el de circulación por poseer un vehículo a motor (y próximamente otro, redundante, por circular por carreteras).
El exhausto ciudadano, al que no hay que descartar que en el futuro le cobren una viñeta para andar, paga tasas, contribuciones y gravámenes de todas clases: estatales, autonómicos, municipales. Y a veces repetitivos. El resultado es más pobreza, más subsidiado dependiente del gobernante y menos clase media.
Sobre el principio de autoridad, el equilibrio entre derechos y deberes y el Estado de Derecho, un buen ejemplo es la modificación que quiere hacer el Gobierno a la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, que avaló el Tribunal Constitucional, incluyendo las “devoluciones en caliente” de inmigrantes ilegales, excluida del texto y corroborada después por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Poniendo en peligro la seguridad ciudadana, que es una responsabilidad esencial del Estado para garantizar el ejercicio pacífico de los derechos y libertades establecidas en la Constitución, Pedro Sánchez y sus socios comunistas-chavistas, con el ministro Grande-Marlasca al frente, quieren que la violencia en la calle y las agresiones a la Policía no sean combatidas con medios adecuados ni sancionadas. En este punto hay un claro ajuste de cuentas de Unidas Podemos porque dos de sus dirigentes, Isabel Serra Sánchez y Alberto Rodríguez Rodríguez, han sido condenados en firme por insultar y agredir a patadas a policías.
Ahora quieren la impunidad para estos actos, blindar la violencia revolucionaria, suprimir la autorización para convocar manifestaciones en la calle; que grabar a las fuerzas de seguridad (para difundirlas en redes sociales) no constituya infracción, poniendo así en grave riesgo su integridad y la de sus familias, además de limitar la presunción de veracidad de los agentes y convertirlos en chóferes de los retenidos al obligarles a devolverlos a la manifestación cuando hayan transcurrido dos horas desde su traslado a Comisaría para identificarles por haberse negado a hacerlo in situ.
Y para seguir desvirtuando España, troceándola y haciendo desaparecer al Estado de más lugares, el Gobierno socialista comunista-chavista continua cediendo competencias a los separatistas en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia. Ahora el Senado, gracias a la mayoría formada en su Mesa por PSOE y PNV, aceptará la entelequia secesionista “países catalanes”, inventada en 1960 por el ensayista Joan Fuster para agrupar Cataluña, Baleares y la Valencia que habla valenciano; prohibirá usar la palabra Valencia en castellano y, para rematar, el DNI, documento expedido por el Estado para identificar a ciudadanos españoles y que puede ser requerido en el extranjero, se quiere emitir en todas las lenguas cooficiales, olvidando que la cooficialidad, cuando existe un segundo idioma, es solo en ese territorio y que el español es el idioma común y el único oficial.
¿Hasta cuándo soportaremos estas tropelías que acabarán por romper España?