Eso ocurre en cualquier país libre del mundo –hablar como me apetezca-, mas no en España. Pero ni hablar yo como quiera, ni que mis hijos aprendan nuestro idioma. Claro, esto es así porque el que debía evitarlo, el presidente del gobierno de la Nación, fray Mentiras, está en otros asuntos y no le interesa poner orden en cuestiones como la lengua a utilizar por todos los españoles y permite que unos “mequetrefes” –los gobernantes de algunas regiones- impongan el lenguaje y la forma de hablar de los súbditos.
En Cataluña, una región más de España, se ha creado una ONG, subvencionada por todos nosotros, que se denomina Plataforma per la Llengua, con la finalidad de controlar que se cumple la imposición del catalán en todos los ciudadanos. Es algo insólito, difícil de creer, que llega a exigir a los padres que expíen el idioma en el que se desenvuelven sus hijos, con una clara intención de intentar erradicar el uso del español. Esta plataforma fue la responsable de espiar a los chicos en los patios de los colegios para observar si se comunicaban o no usando el catalán. Además recomiendan a los padres que no se rebajen a responder a los mensajes de WhatsApp en castellano.
Pero no solo ocurre esto con la morralla política de Cataluña; la socialista Francina Armengol se niega a aplicar como mínimo un 25% de las clases en el idioma común en los colegios de Baleares. Para los socialistas, pese a lo que dictamina la justicia, en esa autonomía lo principal en las aulas es el aprendizaje del catalán. El tripartito formado por el PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més (¡vaya trío!), señalan que el uso del castellano quedará a criterio de los colegios y les da la posibilidad de incrementar a su atojo las horas de catalán, es decir que podrá haber colegios que no den una sola hora de español. Esa postura que incumple las sentencias judiciales, no tiene otro interés que rebelarse contra la educación en castellano y apostar por la inmersión lingüística.
Otra región más se une a esta campaña de desprestigio del idioma español, perjudicando a las futuras generaciones de ese lugar; se trata de Valencia y, como es natural, a cuantos se les prive de la posibilidad de saber español, ¿a dónde van a ir conociendo exclusivamente el catalán? Es un derecho humano que tenemos todos los españoles, cual es conocer el idioma común (y que lo hablan 600 millones de personas), debe ser protegido por el Estado, pero el inútil gobierno que tenemos mira para otro lado y, por omisión, impide que se les conceda ese derecho a los ciudadanos de esas regiones. Dice Irene Khan: “Ninguna causa puede justificar el abuso de los derechos humanos”.
Pablo D. Escolar
