El PP debe aclarar sin titubeos y paso por paso su actuación, desde la pifia del diputado Casero al votar a sus gestiones posteriores para subsanarlo.
La verdad y toda la verdad, lo que hará mucho más verosímil su denuncia.
Pero de momento el foco de este debate debe ponerse en la ignominiosa actuación de la socialista Meritxell Batet.
La sierva fiel de Sánchez tiene un problema serio de responsabilidad política y legal. La sombra de la prevaricación se extiende sobre ella.
Aunque su comportamiento no fuera delictivo, sí es indigno de una presidenta que se debe a todos los parlamentarios del Congreso y en última instancia a los ciudadanos españoles.
Políticamente la convalidación de la reforma laboral tiene el estigma del abuso y la trampa
La polémica desatada a raíz del error -informático o humano- en el voto del diputado del PP que permitió sacar adelante la reforma laboral del Gobierno está tapando una realidad incuestionable: que la voluntad democrática del Congreso, sede de la soberanía nacional, fue la de rechazar el proyecto de ley del Ejecutivo.
Por supuesto, las formas y los procedimientos son esenciales en una democracia, pero su uso torticero -la presidenta de la Cámara mintió al asegurar que la Mesa ya había sido informada del incidente y decidido no permitir enmendar el sentido del voto del diputado popular- constituye algo mucho más grave que en un error.
Por decirlo más claro, Batet no se equivocó, porque su intención fue aprovechar lo ocurrido para -saltándose de forma voluntaria el Reglamento- violentar la democracia.
A nadie le cabe duda de que la mayoría de la Cámara, libremente, decidió no convalidar el decreto del Ejecutivo y que, si finalmente salió adelante, fue por un error -informático o humano- que en ningún caso puede estar por encima de la voluntad democrática.
Y es que el propósito de enmendar en tiempo y forma el error -suyo o del sistema- del diputado del PP debería bastar por la sencilla y aplastante razón de que la votación presencial en el Congreso no había comenzado aún.
Pero es que, además, el rechazo de Batet a la pretensión de subsanar el error se basó en una flagrante mentira.
Antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que tarda años en hacerlo por razones que nadie comprende, la socialistaBatet tiene que dar cumplida explicación de las razones por las que no aplicó las garantías que tienen los parlamentarios que votan a distancia por la resolución de 21 de mayo de 2012, de la Mesa del Congreso.
El apartado cuarto de este acuerdo impone -no sugiere o faculta, sino que obliga- a la Presidencia de la Cámara o al órgano en el que delegue la confirmación telefónica con el parlamentario tanto de la emisión del voto, como de su sentido.
Solo después de esta verificación telefónica, el voto telemático se incorporará al resultado de la votación.
Nadie llamó al diputado Casero para hacer esta verificación. No parece muy sólida la explicación que ha circulado de que esta norma está en desuso, porque si es así, se deroga; y si se mantiene, hay que cumplirla.
La tercera autoridad del Estado sí que incumplió el Reglamento de la Cámara y lo hizo con la intención de servir a los intereses del Gobierno, impidiendo así que pudiera cumplirse la voluntad democrática del Congreso de los Diputados.
Esa es la clave: hubo un error (humano o informático), pero bien pudo corregirse a tiempo si Batet se hubiera comportado como una demócrata en lugar de prevaricar impunemente.
