Pedro Sánchez logró componer un gobierno de coalición, tras las elecciones del 10N de 2019, en que el PSOE obtuvo 120 escaños -lejos de los 176 de la mayoría absoluta-, junto con Unidas Podemos -que aportó sus 35 escaños-, e inició su andadura en enero de 2020 con clara debilidad parlamentaria para asegurar la necesaria estabilidad de gobierno durante los 4 años de la legislatura.
Desde el primer momento quedaron marcados los dos ejes políticos de competición electoral, de un lado el eje izquierda- derecha en el marco del entendimiento tradicional de la política en posiciones conservadoras y progresistas, y de otro lado, el eje territorial centro-periferia, en el entendimiento de la concepción territorial del Estado (unitario, autonómico, federal e incluso secesionista). Quedando vinculado el gobierno emergente al eje de izquierdas, obteniendo un apoyo estratégico por parte de partidos nacionalistas, con un marcado antagonismo en su concepción y proyecto último de Estado con el del propio gobierno, tal como habían mostrado los últimos altercados independentistas en Cataluña, arrastrando fracturas de difícil recomposición.
Ni siquiera los propios socios de gobierno de coalición (PSOE y UP) han disimulado sus disensiones políticas en el seno del ejecutivo, habiéndose vivido años complejos de inestabilidad política. Pues al desgaste político de los anteriores gobiernos del tradicional bipartidismo (PP, PSOE), le siguió la emergencia de nuevos partidos (C,s y UP) que se reclamaban alternativa a los anteriores, pero que finalmente han competido con estos, fragmentando el voto (en el eje izquierda – derecha), lo que unido a la propia fragmentación derivada del eje centro – periferia, ha conllevado una situación de competición política en un ámbito de pluralismo polarizado, que ha favorecido la debilidad del ejecutivo en provecho de opciones mutuamente excluyentes (como las propias del nacionalismo independentismo que potencia impulsos centrífugos, u otras de populismo irresponsable, por los extremos del eje ideológico). Circunstancias como las señaladas, llevaron a Giovanni Sartori a afirmar que el sistema político que se caracteriza por impulsos centrífugos, una oposición irresponsable y una competencia desleal, difícilmente llegará a ser un sistema político viable.
Los resultados de tan compleja confluencia de difusos y desleales intereses han determinado en la práctica, una confrontación política permanente en los dos ejes de la confrontación política, con bloqueo en la renovación de órganos constitucionales y de aquellos que requieren una mayoría cualificada de representación política, el recurso casi permanente a judicializar la política, la bronca parlamentaria frecuente y las dificultades extraordinarias para sacar adelante iniciativas legislativas, que a veces obligan a extrañas maniobras de poca transparencia política para lograr votos, como ha sucedido recientemente en la reforma laboral auspiciada por el gobierno y en la ratificación del decreto de medidas por la crisis energética y la guerra en Ucrania, en que algunos apoyos parlamentarios de la mayoría de gobierno no han respondido a las expectativas de apoyo que este tenía, en sesiones parlamentarias agónicas para el ejecutivo de Sánchez.
Aun así ha logrado pasar el Rubicón de la legislatura, pero el agotamiento de un ejecutivo de componenda se hace patente con el paso del tiempo. Pese a lo cual, el presidente Sánchez asegura que está decidido a agotar la legislatura, aunque es conocida su falta de rigor en el cumplimiento de su palabra. Máxime si nuevas causas de inestabilidad afloran como lo ha hecho la crisis con Argelia (al intentar recomponer la anterior crisis con Marruecos, en un giro de política exterior mal explicado y peor entendido), o recientísimamente la “tormenta política” con las noticias del supuesto espionaje a líderes del independentismo catalán.
Esta última cuestión, conlleva el enfado de ERC, que era uno de los apoyos legislativos de investidura del gobierno y que compromete seriamente la continuidad de la legislatura. Especialmente complicada, por las diferencias de la UE con Rusia, tras su invasión de Ucrania, que ha agudizado los problemas económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid, generándose un repunte inflacionista que exigirá medidas impopulares de contención de la inflación y que ensombrece la esperada recuperación tras la pandemia con la siembra de fondos europeos.
Pero el tema del espionaje, a día de hoy, plantea más interrogantes que respuestas, pues parece que también ha afectado al propio presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, mostrando una brecha en la seguridad del Estado, que requiere también explicaciones sobre el nivel técnico y de inversión en seguridad y defensa, ante las nuevas amenazas en presencia y en potencia, que concilie el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía con la necesaria acción de defensa del Estado.
En esta situación no parece que un ejecutivo que viene mostrando agotamiento político, sea capaz de afrontar el caso del espionaje informático -que ya ha sido esgrimido como arma de reactivación por parte del independentismo catalán-; ni tampoco la adopción de medidas políticas y económicas de contención de la inflación, aseguramiento del sistema de pensiones y generación de empleo; ni el desbloqueo de la vida política española, como tampoco concitar y liderar un pacto de Estado (político, social y económico) que reforme la Constitución en el controvertido e inacabado Título VIII, dando lugar a un marco político territorial que propiciara un consenso dentro de España en el marco de la Unión Europea, que a su vez requiere de un importante impulso europeísta que la dote mecanismos de cohesión interior y exterior (incluida la defensa y la seguridad), que la presente como una auténtica potencia regional en el nuevo orden mundial en liza entre las potencias de EEUU y China.
Domingo Delgado Peralta.
