Incursos aún en el ruido del “affaire” de las escuchas telefónicas, que se ha saldado con el relevo de la directora del CNI, en un aparente intento de cerrar dicho asunto, pero que algunas fuerzas políticas consideran que sigue siendo una medida escasa exigiendo nuevas responsabilidades políticas.
Esta cuestión ha sido gestionada de forma torpe, pues tras publicarse el incidente de las escuchas a líderes del separatismo catalán, el ministro de la Presidencia convocó una rueda de prensa reconociendo que también habían espiado los teléfonos de algunos ministros del gobierno español (significativamente el presidente, la ministra de defensa y el de interior), en una aparente intento calmar a sus socios políticos catalanistas, mostrándose también como víctimas de tales acciones. Sin embargo, tal reconocimiento pudo constituir una imprudencia política de seguridad, pues ningún Estado llega a reconocer tales brechas de seguridad. De tal modo, que trataron de aplacar un problema, creando otro aún mayor.
La sorpresa e inquietud de la sociedad española, tuvo el consiguiente eco en sede parlamentaria, en que se exigió investigar y depurar responsabilidades políticas. Así se generó la comparecencia de la directora del CNI en comisión secreta (que resultó indiscreta) justificando la autorización judicial en parte de las escuchas, por razones de seguridad nacional, en el contexto de los disturbios habidos en Cataluña por parte de grupos independentistas. Nada de extrañar, pues parecía tener amparo legal en la misión encomendada a este servicio del Estado. Pero tal explicación siguió sin convencer a socios de gobierno como ERC que amenazaban con retirar su apoyo político al gobierno y que seguían pidiendo ceses, llegando a provocar el cese de la directora del CNI.
Sin embargo, en este asunto aparecían mezclados dos temas: de una parte, las escuchas reconocidas por el CNI a líderes independentistas catalanes; y de otra parte, las escuchas reconocidas por el ministro de la Presidencia al gobierno de España, que se sospechaba fueran realizados por potencia extranjera. Aunque probablemente dicho extremo no llegue a confirmarse.
Ambas cuestiones afectan directamente a la seguridad nacional, siendo cuestión de Estado. Y como cuestiones de seguridad nacional habrían de mantenerse en secreto (lo que no es óbice para que se sometan al control del Estado). De ahí que critiquemos la mala gestión política que se ha hecho del asunto.
Consecuentemente, si la acción del CNI se ha ajustado -como parece al control establecido-, sobran los reproches pues sólo cabría reconocer que estaba desempeñando su misión. Pero en el caso del espionaje a miembros del gobierno, la cuestión tiene otro cariz, pues jamás debería de haberse producido si hubieran funcionado exitosamente los medios de contraespionaje gubernamental (independientemente del organismo del que dependan), y de haberse producido jamás debería de hacerse un público reconocimiento admitiendo tal falla de seguridad, por más que se tratara de amparar en razones de transparencia. ¡Menuda paradoja al tratarse de servicios secretos!.
Flaco favor se le ha hecho con esta torpeza al CNI que puede ver comprometida su labor de información al ponerse en cuestión la confidencialidad de esta y la confianza de sus fuentes de información (incluidos servicios secretos extranjeros) ante la mostrada vulnerabilidad y la subsiguiente indiscreción.
Cabría esperar de todo esto una seria y discreta reflexión del gobierno de evitar este tipo de fallos en la gestión de información reservada y en la mejora de las condiciones y medios del CNI, en garantía de sus servicios y apoyo a sus profesionales en la importante misión de seguridad nacional que tienen encomendada.
Domingo Delgado Peralta
